ALERTA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

1. Hace algunos meses Ecuador se ha visto sacudido por un sin número de conflictos sociales, especialmente de carácter regional en las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos; todos ellos originados en justas reivindicaciones de sus derechos económicos y sociales postergados de manera sistemática; así como en el conflicto ocasionado por la contaminación ambiental o la sobre-explotación laboral de las empresas transnacionales petroleras y las llamadas empresas tercerizadoras, que motivaran continuos paros y movilizaciones, además del incumplimiento de los compromisos asumidos previamente por el Gobierno Nacional con esas provincias.

2. La respuesta dada por el Gobierno Nacional a todos estos reclamos y conflictos sociales ha sido la misma en las distintas ocasiones de manera consecutiva:

a) Decretar Estados de Emergencia que, si bien están contemplados en la Constitución Política de la República como una atribución del Presidente, preocupan por su permanente declaratoria durante los últimos años, y especialmente durante este Gobierno, pues vienen acompañados -estos decretos de emergencia- con la suspensión de las garantías ciudadanas y los derechos humanos, entre ellos el libre tránsito, el derecho de asociación y movilización, la inviolabilidad del domicilio, entre otros.

b) Criminalización de todos los líderes de estas protestas sociales y de los dirigentes sindicales que encabezan la protesta contra la sobre-explotación laboral de las empresas tercerizadoras, pues a pesar de que empezó el diálogo entre este sector y el Gobierno Nacional, tres de sus dirigentes están siendo procesados en la Jurisdicción Militar, así como se han dado curso a acusaciones de “terrorismo” a muchos ciudadanos participantes en estas movilizaciones.

c) Implantación, con serios peligros para el Estado de Derecho, de la Justicia Militar y la autoridad militar en las provincias donde está decretado el Estado de Emergencia, ocasionando la distracción de sus jueces naturales, que son civiles, así como un temor generalizado de los ciudadanos.

d) Represión generalizada e indiscriminada donde ha sido práctica sistemática el uso de armas de fuego, de balas de goma, el lanzamiento de bombas lacrimógenas al cuerpo, las detenciones arbitrarias, los allanamientos, los partes policiales o militares sin indicios de responsabilidad, la presunta desaparición de personas (en la provincia del Napo), y los heridos graves con disparos de armas de fuego a zonas vitales del cuerpo en los manifestantes.

e) Flagrante desconoc imiento de la normativa y jurisprudencia nacional e internacional, tanto en la provincia de Napo, cuanto en las provincias de Orellana y Sucumbíos, la negativa a la concesión de los recursos de Habeas Corpus y libertades resueltas por las autoridades municipales en dichas provincias; arbitrariedad que han cometido tanto la Policía Nacional como las FFAA, estas últimas bajo la conducción del General Gonzalo Meza, Jefe de la Cuarta División del Ejército ecuatoriano y, por tanto, responsable de las Fuerzas Militares en toda la región amazónica en las que se hallan estas provincias.

3. Debido a que el Gobierno ecuatoriano ha priorizado la opción represiva y la criminalización de los conflictos sociales, agudizados en esta semana, la confrontación -lejos de disminuir- aumenta peligrosamente en el país y, además, debe enfrentar una dramática catástrofe natural ocasionada por las lluvias en la costa ecuatoriana cuyas provincias se encuentran inundadas, y de cara a una compleja situación fronteriza permanente con Colombia, debido a las reiteradas incursiones en nuestro territorio, por parte del Ejército colombiano y otros actores.

4. En las protestas sociales también han existido excesos lamentables, especialmente en Napo, por parte de algunos manifestantes civiles que han usado dinamita y han provocado heridas a elementos de la Fuerza Pública, como ocurrió en el paro provincial del Napo. Aunque hay que destacar que no existe unanimidad en el discurso y la práctica gubernamental represiva, puesto que el Ministro de Gobierno y Policía públicamente ha justificado todos los conflictos sociales en razón de sus legítimas causas y orígenes; y el Ministro de Trabajo y Empleo ha procedido a sancionar a decenas de empresas tercerizadoras, acusadas de sobre- explotación laboral, hecho que ocasionara el paro de alrededor de tres mil trabajadores petroleros tercerizados en Orellana y Sucumbíos, muchos de los cuales no han recibido sus remuneraciones durante los últimos seis meses.

5. En ese contexto, la máxima organización indígena ecuatoriana CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) ha decretado una movilización indígena nacional, de carácter progresivo, que empezó a desarrollarse masivamente en las provincias de la sierra central (Cotopaxi, Imbabura, Tungurahua, Chimborazo, Carchi y norte de Pichin cha), deteniendo totalmente el transporte en las carreteras interprovinciales y movilizando a miles de indígenas por las siguientes reivindicaciones:

5.1. No firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y consulta a la ciudadanía sobre su pertinencia, debido a que el Gobierno nacional mantiene su posición de suscribir dicho tratado, a espaldas de la mayoritaria oposición ciudadana en este tema.

5.2. Oposición a la empresa transnacional petrolera Occidental y la declaratoria de caducidad del contrato, por parte del Estado ecuatoriano, demanda represada durante los últimos años sobre la cual el Gobierno Nacional no ha adoptado una decisión definitiva.

5.3. No involucramiento del Ecuador en el Plan Colombia y fin de las provocaciones del Estado colombiano en la frontera.

5.4. Llamamiento a consulta popular para que se convoque a una Asamblea Constituyente.

6. Esta movilización ha venido acompañada de la toma pacífica de la Catedral de Quito, la más importante iglesia de la capital, desde el día de ayer, donde se hallan dirigentes campesinos y sociales del país, impedidos por la Fuerza Pública de usar baños y de acceder a alimentos.

7. Con estas consideraciones y dado que nos preocupa que ante esta movilización indígena progresiva, puedan aplicarse las mismas medidas vistas en anteriores levantamientos y en los paros provinciales narrados, cuatro organismos de derechos humanos del país, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH del Ecuador, el Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo”, CSMM, la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, PIDHDD Ecuador y el Servicio Jesuita a Refugiados, SJR-E, han resuelto organizar un equipo conjunto de Derechos Humanos que interponga recursos en defensa de los derechos ciudadanos, las libertades fundamentales y el respeto al debido proceso, y a la vez convocar a las demás organizaciones de Derechos Humanos para aunar esfuerzos en vista del preocupante deterioro del conflicto social en el país y de las probables respuestas represivas en el transcurso de los siguientes días, en que la CONAIE ha anunciado el ingreso de alrededor de diez mil indígenas a la capital, si el Presidente mantiene su decisión de firmar el TLC.

8. Objetivo fundamental de la coordinación de ambas entidades de Derechos Humanos será la interposición de recursos nacionales e internacionales, así como la información sistemática de lo que ocurrirá en el país a la comunidad mundial de Derechos Humanos, tanto en Europa, cuanto en América Latina y Estados Unidos; así como ante el Sistema Interamericano e Internacional de Derechos Humanos.

Convocamos a la comunidad mundial de Derechos Humanos a estar alerta y proceder a suscribir sus primeras comunicaciones de preocupación ante el Gobierno ecuatoriano.

Atentamente,

Alexis Ponce APDH — Pablo de la Vega CSMM — Fidel Narváez PIDHDD — Guillermo Robayo SJR