PRESIDENTE INDÍGENA, CAPITALISMO Y REVOLUCIÓN

Muruchi Ocampo: periodista y activista social

Las mayorías empobrecidas están entusiasmadas en Bolivia. Abrigan la esperanza de que el nuevo Gobierno mejorará las condiciones de vida y revertirá la pobreza que les lacera. La popularidad de Evo Morales y de Álvaro García Linera crece día a día.

El Movimiento al Socialismo (MAS) logró un contundente triunfo electoral en diciembre pasado. Mas este hecho histórico es un breve hito por el que pasa la lucha revolucionaria popular que instintivamente se encamina a destruir el régimen burgués y a estructurar un gobierno propio de los explotados.

Bolivia atraviesa por un periodo insurreccional. Cinco sublevaciones populares estallaron en el último lustro. En octubre del 2003, una masiva y heroica rebelión, que se opuso a la venta del gas natural a Chile y exigía la nacionalización de los hidrocarburos, expulsó al sanguinario Gonzalo Sánchez de Lozada.

Casi dos años después, junio de 2005, su sucesor y defensor de las transnacionales, Carlos Mesa, prefirió renunciar a la Presidencia que nacionalizar los hidrocarburos sin indemnización como demandaban las movilizaciones populares en todo el país.

En esa oportunidad, el imperialismo y la clase dominante jugaron con la carta de las elecciones generales para evitar que los explotados consoliden su unidad y destruyan la democracia burguesa. La gente que luchaba por expropiar las petroleras se proyectaba a la conquista del poder político. La convocatoria electoral truncó esa perspectiva.

En el plebiscito del 18 de diciembre pasado, la bronca popular contra el neoliberalismo le dio el triunfo a Evo Morales. Así, el pueblo otorgó una oportunidad al MAS para que ejecute los cambios radicales por los que lucharon los explotados en las periódicas y ascendentes sublevaciones.

De buena fe, los explotados estiman que el gobierno masista materializará sus exigencias. Una prueba de ello es la popularidad y apoyo de los flamantes mandatarios. Tal situación irrefutable puede prolongarse en un mediano plazo, pero es inminente que esa relación corre mucho riesgo de marchitarse.

Aseveramos esto porque es importante precisar que entre los objetivos de la heroica lucha de los explotados y el programa gubernamental del MAS existen trascendentales divergencias. Divergencias que por hoy el entusiasmo popular está pasando por alto.

La nacionalización de los hidrocarburos sin indemnización, la expulsión de las transnacionales, la sepultura del neoliberalismo y del latifundio, además de una equitativa distribución de la riqueza han sido, son y serán los objetivos de la lucha popular. Debemos subrayar que la gente no abandonará estas consignas radicales en ninguna circunstancia.

La conducta del nuevo gobierno va en contrapelo de esas aspiraciones populares. Los flamantes mandatarios en sus cotidianas declaraciones han enfatizado que nacionalizarán los hidrocarburos pero no expropiarán nada a las empresas petroleras (?), a quienes piden que sean las socias de la explotación de esos recursos naturales.

Subrayaron que protegerán las inversiones extranjeras y los negocios de los empresarios nacionales. Hace 48 horas, Morales dijo que los tienen derecho a invertir y obtener sus ganancias de manera moderada (?). En otra oportunidad aclararon que el problema de la redistribución de la tierra se dirimirá en el marco de la ley burguesa. De esta manera, los latifundistas también están protegidos.

De esta manera, el gobierno de Evo Morales está anteponiendo los intereses de los poderosos a las reivindicaciones y objetivos por los que lucharon los explotados durante los últimos cinco años. Es en este contexto que Linera comienza a insistir con su teoría del capitalismo andino.

Con esos pilares-macro de su programa gubernamental (protección a las inversiones extranjeras y a los ricos del país) se puede descontar que el MAS no tendrá la capacidad de reactivar el aparato productivo ni podrá incrementar la incipiente riqueza nacional y menos generar los empleos que desesperadamente requiere la población.

Tal escenario derivará en otro: la atención de las elementales reivindicaciones populares se postergará, lo que a su vez reimpulsará las movilizaciones sociales. La gente retomará las acciones directas por sus intereses sectoriales, regionales y nacionales. Reaccionarán así porque la atención de sus necesidades tienen plazos fatales. La radical insubordinación de los policías que ocurre en estos últimos días respaldan nuestra aseveración.

En los últimos 20 años, con el neoliberalismo, la democracia burguesa ha concentrado la riqueza en las elites privilegiadas y ha expandido la miseria sobre las mayorías desposeídas. El Instituto Nacional de Estadísticas informa de cada diez ciudadanos ocho viven por debajo de la línea de pobreza y cuatro de ellos están en la indigencia.

La consigna radical de expropiar los hidrocarburos, la minería, las empresas capitalizadas tiene el objetivo de que la explotación de esas riquezas estén a cargo del pueblo para que sus excedentes económicos beneficien a los bolivianos y no sean exportados a las metrópolis como ocurre actualmente.

Política e ideológicamente el gobierno de Evo Morales es incapaz de materializar estos objetivos. Y, sin la posibilidad de disponer de los excedentes económicos que generan los sectores estratégicos del aparato productivo nacional será imposible reactivar las fuerzas productivas ni mejorar la salud, educación. Las donaciones y limosnas de la comunidad financiera internacional serán insuficientes para tales propósitos.

Es inminente que en estas condiciones los explotados comprenderán que no es suficiente poner en la Presidencia de la República a un indígena sino que los explotados deben destruir el sistema democrático burgués y estructurar a través de la insurrección armada popular el gobierno de los obreros, campesinos y clases empobrecidas de las ciudades.

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