Sobre esos «perseguidos»

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Conversando con activistas de los derechos humanos y con quienes sufrieron persecución y cárcel durante las dictaduras en Bolivia se puede advertir, más que una desazón, una verdadera indignación cuando se observa cómo los representantes de los partidos de derecha hoy se declaran mañosamente “perseguidos políticos” y se victimizan por todos los medios.

El cinismo no tiene límite
La indignación resulta, pues, natural ya que la persecución política para los militantes de izquierda en muchos casos terminaba en la cárcel o en la desaparición, y no por robar, sino por sus ideas.

Perseguido político
Ser perseguido político durante la dictadura en Bolivia significaba vivir en la clandestinidad, sin poder caminar libremente por las calles, ni usar siquiera el nombre propio y cambiar de aspecto para que los agentes de la policía política no lo detecten.

Ser perseguido político significaba tener ideas liberadoras y comprometidas con la lucha del pueblo oprimido. Miles de familias bolivianas sintieron el dolor que significó la cárcel, la tortura y el exilio de un ser querido.

Resulta irónico (y avergüenza) que quienes expresan hoy los resabios de aquella época oscura de la historia boliviana que enlutó a miles de hogares bolivianos, que estuvieron vinculados a regímenes como los de Hugo Banzer a través de ADN, Podemos y hoy Convergencia Nacional, se autocalifiquen como “perseguidos políticos”, cuando en realidad son prófugos de la justicia por delitos que cometieron y que deben pagar.

Cuesta acreditar que un político como el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997, 2002-2003) se haya declarado un “perseguido político” solamente porque el pueblo le reclamó que no rematara los recursos del Estado para favorecer a grandes consorcios transnacionales.

Olvidó que en octubre de 2003 este político del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) ordenó que fuerzas militares arremetieran como en la guerra contra la población civil que había salido a las calles para exigirle que gobierne en beneficio de los bolivianos y no de otros intereses.

Ni corto ni perezoso, Sánchez de Lozada hizo sus maletas y huyó rumbo a Estados Unidos, no sin antes declararse “víctima” de la presión popular.

Corruptos
En el pasado inmediato aparecen otros nombres en la cartelera de “perseguidos políticos”, como son los casos de ex ministros de Sánchez de Lozada como Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Berindoague, Mirtha Quevedo, Jorge Torres Obleas y otros que se fueron al exterior.

Otros son los ex prefectos de Tarija, Cochabamba y La Paz, Mario Cossío, Manfred Reyes Villa y José Luis Paredes, respectivamente, que también huyeron para no someterse a las leyes y defenderse de las acusaciones que pesan en su contra.

Igualmente, el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández se ha declarado perseguido político, pese a que es procesado acusado de ser el autor intelectual de la masacre de Porvenir, en septiembre de 2008, en la que murieron más de una decena de campesinos a manos de paramilitares que respondían al mando del poder político regional de ese departamento amazónico.

El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, ha remarcado que en Bolivia no existen perseguidos políticos sino acusados de actos de corrupción, al referirse al pedido de asilo presentado esta semana al Brasil por el senador de Convergencia Nacional (CN) Roger Pinto, sobre quien pesan más de dos decenas de procesos judiciales por diversos delitos.

“No se persigue a la gente por sus ideas, la gente que tiene algún juicio es por sus actos que van en contra de los preceptos legales”, dijo, para dejar en claro que en el Gobierno no hay malignos en contra de estos ciudadanos, toda vez que esos casos están en manos del Ministerio Público y del Órgano Judicial.