Estados del ALBA: No pediremos permiso a los indígenas para gobernar

Evo Morales y Rafael Correa piden a los pueblos indígenas que cumplan la ley y respeten los intereses de la sociedad

Bolpress
Los pueblos indígena originarios fueron el sustento ideológico del “proceso de cambio” en Bolivia y Ecuador hasta que ambos países se refundaron en históricas asambleas constituyentes.

Llegada la hora de concretar los mandatos constitucionales, los gobiernos “socialistas del siglo XXI” restan protagonismo a los pueblos indígenas y les asignan un rol subsidiario en la construcción de los nuevos Estados Plurinacionales.

La X Cumbre de Estados del ALBA prometió respetar los derechos indígenas, siempre y cuando no vulneren la ley y los intereses de la sociedad en su conjunto.

El presidente de Ecuador Rafael Correa convocó a la X Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) en la ciudad ecuatoriana de Otavalo, para debatir con más de 300 autoridades indígenas y afrodescendientes sobre serios conflictos que hacen tambalear a los frágiles estados plurinacionales de Bolivia y Ecuador.

Por primera vez, presidentes, alcaldes, prefectos, parlamentarios y ministros de de Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela, los ocho países del ALBA, conversaron cara a cara con autoridades indígenas y afrodescendientes del bloque, sobre asuntos relacionados con derechos económicos, políticos y sociales; planes de desarrollo económico, iniciativas públicas frente al cambio climático y temas comerciales, entre otros.

Uno de los principales objetivos de la inédita cumbre era zajar diferencias en torno a la gestión pública de los recursos naturales no renovables, y escuchar las preocupaciones de los pueblos indígenas afectados por la explotación de recursos naturales en sus territorios.

En los últimos meses, movimientos sociales y comunidades indígenas de varios países de la región denunciaron la imposición de proyectos extractivos de hidrocarburos, minerales y otros recursos naturales en sus territorios, violando su elemental derecho a la consulta previa.

El derecho de las naciones y pueblos indígenas a la consulta previa a la explotación de recursos naturales en sus territorios, reconocido por tratados internacionales y leyes nacionales, constituye en un freno legal al extractivismo capitalista, el motor del “desarrollo” de los países semicoloniales de la actualidad.

Los avasallamientos a territorios indígenas son frecuentes en Perú, Colombia, Argentina y Brasil, y también en los llamados países “progresistas” del ALBA como Ecuador y Bolivia, donde crece el malestar de organizaciones indígenas que se sienten traicionadas por sus gobiernos.

La semana pasada, una nutrida marcha de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) llegó a Quito para exigir al gobierno de Correa «el respeto a los territorios indígenas y la construcción de un verdadero estado plurinacional, donde todos los sectores puedan participar en los debates y la toma de decisiones”.

Conmemorando 20 años del primer levantamiento indígena de 1990, los presidentes de la Conaie Marlon Santi y de Ecuarunari Delfín Tenesaca entregaron un “mandato” al Estado, a la Asamblea Nacional, a la Corte Nacional de Justicia y a la Corte Constitucional para que se precautelen los derechos colectivos y la justicia indígena.

Días antes, los sectores más radicales del movimiento, entre ellos la Federación Shuar, pidió públicamente la dimisión de Correa por haber traicionado al pueblo. El gobierno rechazó enérgicamente las acusaciones “separatistas” y denunció en la Fiscalía de Pichincha una presunta conspiración para derrocar a Correa orquestada por militares, dirigentes indígenas y empresarios.

En Bolivia, indígenas de tierras bajas marchan hacia La Paz denunciando que el gobierno de Evo Morales pisotea sus derechos y viola la nueva Constitución. Se trata de la primera movilización de pueblos originarios contra el “primer gobierno indígena” del país.

El gobierno boliviano intenta desarticular la marcha indígena desde el oriente, chaco y amazonía, pero cada día más inconformes se pliegan a la movilización, entre ellos el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq).

El modelo de desarrollo económico basado en la extracción de materias primas y un desfigurado y cada vez más limitado régimen de autonomías indígenas hacen tambalear el andamiaje ideológico del “proceso de cambio” en Bolivia y Ecuador.

Según Evo Morales y Rafael Correa, la movilización indígena no es más que “una nueva forma de conspiración de think tank y ONG financiadas por transnacionales de extrema derecha, incluso por agencias de inteligencia», que manipulan a sectores indígenas y obreros para desestabilizar a gobiernos progresistas.

Ambos dicen tener pruebas de que ciertos grupos indígenas han recibido fuertes sumas dinero de ONG “que vienen a crear disturbios, hay una injerencia terrible de gringuitos que quieren imponer aquí lo que nunca lograron en sus países», opina Correa.

Lo que más molesta a los Presidentes de Ecuador y Bolivia son los derechos a la autodeterminación territorial y a la consulta previa que reivindican los indígenas.

El derecho a la consulta obstaculiza el desarrollo de Bolivia, dijo Morales y cuestionó: “¿cómo es posible que las tierras fiscales o parques nacionales pasen a manos de indígenas ya sean del oriente o del occidente?”. “No aceptaremos que el Ejecutivo tenga que pedirle permiso a tal o cual gremio para gobernar», advirtió Correa.

Es por demás sugestivo que los presidentes del ALBA y el gobierno ultraliberal de Alan García de Perú esgriman los mismos argumentos para desacreditar las demandas indígenas. Hace poco, García objetó la ley de Consulta Previa aprobada por el Congreso con el argumento de que «implica el riesgo de retrasar o detener el desarrollo del país».

Morales advirtió que a partir de ahora, en los procesos de consulta a indígenas, la última palabra la tendrá el Estado, mientras que su colega García propuso consignar expresamente en la ley que si los nativos no dan su conformidad, el Estado puede tomar la decisión de habilitar proyectos petroleros, mineros o forestales en sus territorios.

El gobierno de Alan García afirma que su deber es «privilegiar el interés de todos los ciudadanos» y en todo caso garantizar que «las comunidades nativas participen en los beneficios o perciban indemnizaciones equitativas por los daños que puedan sufrir».

El ALBA raya la cancha
En la declaración de su X Cumbre, los países del ALBA asumen la nueva época de cambio en la región “del lado de los históricamente excluidos, pueblos indígenas, el pueblo afrodescendiente….”, pero sin privilegiarlos por encima de los intereses otras culturas.

El ALBA declara que su propósito es avanzar en la construcción de sociedades incluyentes, culturalmente diversas y ambientalmente responsables, en las que existan condiciones para un diálogo entre iguales y un intercambio real de saberes, conocimientos y visiones en la región.

Los gobiernos del ALBA se declaran comprometidos con la profundización de la democracia participativa directa y valorizan la interculturalidad como expresión del relacionamiento armónico entre culturas en el marco de nuevos Estados Plurinacionales Unitarios.

El bloque ALBA considera que los Estados Plurinacionales de Ecuador y Bolivia son la expresión de la unidad en la diversidad, que asume una forma democrática de convivencia, expresada en la interculturalidad definida como el relacionamiento armónico entre las culturas.

Ratifican su compromiso con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con la defensa de los Derechos Humanos y de los procesos culturales ancestrales, y con el respeto y garantía de los derechos consuetudinarios,

En ese marco, los usos y costumbres de la justicia consuetudinaria de los pueblos indígenas deberán respetar las normas constitucionales y legales vigentes en las jurisdicciones en las que se aplique.

El manejo, administración y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables corresponde al Estado de acuerdo al interés de sus pueblos y la sociedad en su conjunto, “y no a uno o varios grupos o sectores sociales o económicos”.

El Estado buscará minimizar los impactos ambientales y sociales adversos, en armonía con la Naturaleza, y garantizará la participación social y la distribución justa y equitativa de los beneficios, especialmente a favor de las comunidades en donde esos recursos naturales se encuentran.

El mensaje de la X Cumbre del ALBA a los movimientos indígenas es que los nuevos Estados multiculturales respetarán las tradiciones y los derechos de los pueblos ancestrales, pero sin privilegiarlos por encima de los intereses otras culturas, y en el marco de la Constitución y de la unidad nacional.