Las contradicciones del socialismo comunitario que quiere convertir a la pobre y atrasada Bolivia en una potencia capitalista

La Mesa 18 abre el debate: ¿Es posible salvar a la Madre Tierra dando un «salto industrial» neo extractivista?

El gobierno de Evo Morales afirma que ha llegado la hora de liquidar al modelo de desarrollo capitalista, una especie de cáncer que destruye el Planeta, e iniciar la transición hacia nuevos modelos que garanticen la convivencia armónica con la naturaleza. ¿Bolivia está construyendo esa nueva sociedad comunitaria idílica o continúa avanzando por la senda del «desarrollo» tradicional que alienta el extractivismo de recursos naturales y las exportaciones de materias primas?

Según el gobierno, los valores y la energía comunal ancestral de las culturas indígenas que perduran en Bolivia salvarán a la humanidad de la autodestrucción, ya que para la «cultura de la vida» del socialismo comunitario los «derechos cósmicos» de la Madre Tierra son más importantes que los derechos humanos.

Sin embargo, el objetivo principal del nuevo Modelo Económico Nacional Productivo (MENP) del Estado Plurinacional es convertir a Bolivia en un «País Líder» ejecutando una «Revolución Vial» y concretando el «Salto Industrial» en los sectores de gas, petróleo, litio y hierro.

El Plan de Desarrollo Energético 2008-2027 tiene como ejes de la matriz energética al gas natural y a la hidroelectricidad. Por eso el gobierno intensifica la explotación reservas hidrocarburíferas en áreas protegidas y territorios indígenas sin consultar a los pueblos originarios, supuestamente la «reserva moral» del proceso de cambio en Bolivia.

La consulta previa es un derecho de indígenas y campesinos reconocido por el artículo 30 de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT. Pero algunos sectores del gobierno de Morales consideran que la consulta previa es un «obstáculo» para el desarrollo de las industrias petrolera y minera, y no descartan autorizar por decreto la explotación de recursos naturales en comunidades y en Tierras Comunitarias de Originarias (TCOs).

El caso San Cristóbal
La mina San Cristóbal comenzó a operar en 1995 al mando de la norteamericana Andean Silver Corporation, la cual transfirió la concesión a la japonesa Sumitomo Corporation en 2009. El megaproyecto explota zinc, plata y plomo en la Provincia Nor Lípez, municipio Colcha K, al sudoeste de Potosí, una de las zonas desérticas de Bolivia.

San Cristóbal consume alrededor de 50 mil metros cúbicos diarios de aguas subterráneas fósiles de la zona sin pagar un centavo. Las comunidades ya sienten los efectos de la voracidad de la empresa, que vulnera de manera flagrante su derecho al agua, un derecho humano fundamentalísimo según la Constitución.

Preocupados por el enorme daño ambiental causado por la empresa minera, cientos de campesinos y comunarios de las provincias Nor Lípez, Enrique Baldivieso y Sud Lípez se movilizaron esta semana exigiendo al gobierno que haga cumplir los preceptos constitucionales.

Se calcula que más de 10 mil habitantes de la provincia Nor Lípez viven sin servicios de energía eléctrica y agua potable. «A los Lípez se lo recuerda para explotar sus recursos naturales, daría la impresión de que el Estado sólo llega hasta el Salar de Uyuni, y de ahí para adelante es tierra de nadie», se quejó el representante de los lipeños Isidoro Copa en una entrevista con la cadena de radio Erbol.

Más de mil comunarios bloquearon la línea férrea y la estación Abaroa en la frontera con Chile y paralizaron un convoy de vagones cargados de mineral precedente de la mina San Cristóbal. Comunarios del municipio San Pedro de Quemez descarrilaron un vagón que contenía dos containers con 22 toneladas de mineral cada uno, exigiendo la conclusión del proyecto de electrificación previsto para agosto de 2008 y mayores aportes de la empresa minera en beneficio de la provincia.

Este viernes, los campesinos tomaron e incendiaron las oficinas de la empresa y sustrajeron algunos equipos. En el quinto día de bloqueo, aumenta el número de camiones varados en la frontera Abaroa Ollague, con peligrosas cargas de nitrato de amonio y diesel.

Por otro lado, la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) invirtió casi 19 millones de dólares en el Complejo Hidrometalúrgico de Coro Coro para explotar cobre y azufre en asociación con la surcoreana Kores. En este caso tampoco se consultó a los campesinos que habitan la zona.

Ni bien comenzó el proyecto, un campesino hizo volar un poste de luz para expresar su protesta. «En ese momento parecía un loco, pero resulta que ese loco tiene el apoyo de toda su comunidad y ahora el Conamaq (Consejo Nacional de Markas y Ajllus del Collasuyo) exige que los pueblos adyacentes a Coro Coro sean consultados e informados sobre este proyecto minero», recuerda la periodista de Erbol Amalia Pando.

Afectados por las petroleras en el chaco
Esta semana, aproximadamente 300 indígenas weenhayek, tapiete y guaraníes del chaco del departamento de Tarija protagonizaron la primera marcha en contra del gobierno de Morales, que autorizó operaciones petroleras en sus territorios violando su derecho a la consulta previa. El ministro de Hidrocarburos Fernando Vincenti tuvo que viajar de urgencia a la zona del conflicto para negociar con dirigentes de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG).

Los indígenas denunciaron que nadie les consultó antes de que Petroandina realice pruebas sísmicas en la cordillera del Aguaragüe, trabajos que implican el desbosque de amplias áreas y riesgos de contaminación de reservas de agua en una zona que padece déficit crónico de agua. Los afectados llegaron a plantear la suspensión de cualquier tipo de actividad hidrocarburífera mientras no se cuenten con estudios de impacto ambiental.

Marcha por la Madre Tierra
Uno de los principios rectores de la nueva Constitución es la reconstitución de territorios indígenas y campesinos a través de la dotación colectiva de tierras fiscales, con el objetivo de fomentar la gestión económica comunitaria de la tierra y los recursos naturales. Sin embargo, el bloque campesino del MAS a la cabeza del senador Isaac Avalos está a punto de liquidar la propiedad comunitaria de la tierra, uno de fundamentos del denominado proceso de cambio.

Los campesinos, colonizadores, cocaleros y otros pequeños propietarios rurales afiliados a la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) rechazan la propiedad agraria colectiva; avasallan territorios comunitarios a los que consideran «latifundios indígenas», y proponen legalizar la propiedad agraria individual y el libre mercado de tierras.

La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) rechaza el anteproyecto de Ley de Tierras propuesto por los campesinos porque atenta contra los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por la Constitución, por la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas, y por el Convenio 169 de la OIT ratificado por Ley 1257.

Los territorios indígenas no cumplen la función de latifundios y no están concebidos como medios de producción o de cultivos, sino que representan el hábitat y la casa de las naciones originarias donde practican y conservan sus culturas y sus formas de vida. Además, «cumplen con funciones ambientales que van en beneficio de todos los bolivianos, puesto que se preserva la naturaleza y la madre tierra, evitando que sucedan mayores desastres naturales, como las sequías, inundaciones, entre otros», explicaron los dirigentes de la Cidob en una carta enviada a la ministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo y al viceministro de Tierras Víctor Camacho. (Erbol)

Según los pueblos indígenas, la propuesta campesina contradice abiertamente el discurso del Presidente y los objetivos de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático, que es preservar los derechos de la Madre Tierra recuperando los valores comunitarios ancestrales.

El presidente de la Coordinadora de Pueblos Etnicos de Santa Cruz (CPESC) Diego Faldin advirtió que no permitirán ninguna medición de sus TCOs, y si es necesario marcharán hacia la sede de gobierno para hacer respetar sus derechos.

Hasta ayer, la Cidob preparaba una marcha indígena hacia La Paz que partiría de Riberalta, departamento de Beni, el 20 de abril. La Central de Pueblos Originarios de la Amazonia de Pando (CIPOAP) confirmó su participación para exigir la reversión de las concesiones forestales.

La mesa 18
El mallku del Conamaq Rafael Quispe sugirió al gobierno que en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra se debatan estos y otros conflictos socioambientales reales, como por ejemplo la construcción de mega represas en el Río Madera en la frontera con Brasil. Sin embargo, los organizadores del mega evento desestimaron la propuesta.

«La Cumbre es un debate de carácter internacional, no es un debate de problemas nacionales», argumentó el Presidente Morales, mientras que el viceministro de Biodiversidad y Medio Ambiente Juan Pablo Ramos aseguró que los conflictos socioambientales es un tema transversal que será abordado en las 17 mesas de trabajo de la Conferencia.

Ramos dijo que «se analizó el tema y se vio que llevar problemas nacionales a una Conferencia de trascendencia mundial era innecesario». «Hay que abrir el espacio a cualquier debate, en algún momento veremos si es necesario hacerlo, pero en una conferencia tan específica como es el Cambio Climático se ha hecho el esfuerzo de que ningún país traiga una problemática específica (…) es un debate importante, se deben buscar los marcos específicos para la temática y debemos concentrarnos en su trascendencia hacia el mundo», explicó el funcionario.

Quispe denunció que el gobierno miente cuando habla de los derechos de la Madre Tierra porque en la realidad demuestra que no quiere debatir y mucho menos cambiar el modelo de desarrollo extractivista y desarrollista que tanto critica.

«Nos preocupa que la cumbre de Cochabamba sea un espectáculo ameno que sólo deje algunas fotografías y una proclama que no sirva para nada. Creo que un gran ejemplo que todos los gobiernos podrían dar es mirar hacia adentro y ver qué están haciendo. El discurso internacional, al que aplaudo con las dos manos, tiene que tener un correlativo en la política local, si no es así será puro discurso y de nada servirá aplaudir tanto», comentó la periodista Amalia Pando.

En ese contexto, activistas de al menos una decena de instituciones sociales decidieron instalar por su cuenta la Mesa extraoficial número 18 para debatir los problemas socioambientales que aquejan al país. La iniciativa ciudadana tuvo gran acogida y se fueron sumando cada vez más personas, entre ellas los diputados Bienvenido Zacu (MAS) y Julio Cortez (Convergencia Nacional).

El gobierno incómodo
El gobierno no se pronunció sobre los incendios sociales causados por su política económica en la última semana, pero sí expresó públicamente su preocupación por el evento «paralelo» dirigido por el Conamaq. «Detectamos que algunas fundaciones, algunas ONG buscan a nuestros dirigentes para tratar de hacer otro evento paralelo», alertó el Presidente Morales y trató de desprestigiar a la Mesa 18.

«Hay una comisión netamente de pueblos indígenas en la cual participa Conamaq porque es (del comité) organizador. Participar en la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático es su derecho, pero que aporten en las distintas mesas de trabajo, la inscripción está abierta», recomendó Morales.

El viceministro Ramos sugirió al grupo rebelde que actúe con «precaución» y que evite que algunas agencias internacionales se aprovechen e intenten mostrar un «mensaje distinto». «No afectemos el objetivo más importante que es generar una influencia sobre la Conferencia Mundial que se celebrará en México en diciembre de 2010; evitemos que aprovechen los que quieren desvirtuar y desprestigiar este evento para decir que es un evento eminentemente político; creo que en la conciencia de cada quien estará el rol que se juegue en ese momento histórico que se llevará a cabo en Cochabamba», precisó Ramos.

«Estamos preparados» para enfrentar «foros propios o extraños que intenten influir negativamente, armar escándalos o plantear posiciones extremistas», advirtió el coordinador nacional del Programa de Cambios Climáticos Jaime Villanueva en una entrevista con la agencia Telam. Luego, altos funcionarios del gobierno aseguraron que «aplastarán» a los presuntos saboteadores, y trascendió que en una reunión oficial de alto nivel se acordó «investigar» a los organizadores de la Mesa 18 hasta encontrarles «algo».

El Jefe de Estado llegó a decir que Rafael Quispe, que funge como presidente de la Mesa 18, no pertenece al Conamaq y es un dirigente más de la zona minera de Coro Coro. Sin embargo, dos días después lo invitó a Palacio para negociar junto a otros dirigentes del denominado Pacto de Unidad, integrado por la CIDOB, CSUTCB, Conamaq, la Confederación de Colonizadores y la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa.

En dicha reunión celebrada el jueves, Evo Morales ofreció a los indígenas dinero del Fondo Indígena, pero Quispe le respondió que de eso se hablará después de la Conferencia de Cochabamba. Luego Morales le pidió apoye el proceso de cambio y que suspenda los debates en la Mesa 18 porque «me va a perjudicar».

Quispe le respondió: «Hermano Evo, apoyamos al proceso, en Copenhague estuvimos juntos y no dije nada y no me manifesté en contra de ti, y tampoco lo haré aquí, pero tenemos que decir la verdad, las actividades mineras y petroleras nos afectan y eso hay que decirlo, no podemos ser ciegos ante la realidad…».

Según Quispe, Morales se encontraba en una posición incómoda y algunas representantes de las Bartolinas salieron en su defensa. «Han levantado la voz, pero les hemos hecho callar porque saben que no vamos a inventar nada y tenemos que buscar soluciones. Les dijimos que no se puede tapar el sol con el dedo y que la Mesa 18 va».