El gas y la demanda marítima

Rebelión enero2004: Andrés Soliz Rada

Si los gobiernos de Jorge Quiroga Ramírez o Gonzalo Sánchez de Lozada concretaban la venta de gas a Chile y California a través de Iquique, en el marco de la Ley de Hidrocarburos vigente y del reconocimiento de la propiedad del gas en boca de pozo en favor de las transnacionales, la demanda marítima de Bolivia hubiera quedado ahogada en forma definitiva. En esas condiciones, de nada hubiera valido el enérgico apoyo al reclamo boliviano de Hugo Chávez, Lula, Castro, Carter, Kofi Annan, Batle y el sumo pontífice. La frustración temporal del negocio hizo que los voceros nativos de las compañías, como Fernando Illanes y Carlos Alberto López, dijeran que Bolivia se ha tornado inviable al no aceptarse una exportación de la que se desconoce su estudio de factibilidad o los precios mínimos que recibiría el Estado a cambio del energético.

Lo anterior demuestra que la demanda marítima no es un tema aislado, sino que forma parte vital de la viabilidad nacional. En este sentido, la exigencia de restituir a Bolivia su condición costera es un acápite de la defensa global de la soberanía, así como de sus recursos humanos y naturales. Por lo anterior, es incoherente repudiar el enclaustramiento geográfico, el no retiro de las minas antipersonales sembradas en la frontera, la succión de las vertientes del Silala, la desviación prepotente del Lauca y el masivo contrabando fronterizo y no decir una palabra sobre la liquidación de nuestras empresas estratégicas a fin de no rechazar la aplicación fundamentalista de políticas neoliberales que han sumido al país en la inmoralidad y la miseria.

Si de coherencia se trata, admitamos que el «gonismo», con su canciller del MBL, Antonio Aranibar Quiroga, fue coherente al archivar el problema marítimo y priorizar de manera absoluta los negocios con el usurpador del Litoral cautivo. Fue coherente, ya que en tanto los embajadores bolivianos silenciaban el centenario problema en los principales foros internacionales, los socios de Sanchez de Lozada en Chile y las petroleras foráneas afinaban los proyectos para usar el gas boliviano en las minas de cobre, en petroquímica, en termoeléctricas y en la fabricación de diesel y agua potable para beneficio ajeno y perjuicio propio.

La situación descrita fue contenida al precio de sesenta muertos y medio millar de heridos caídos en la «guerra del gas», que culminó, el 17 de octubre pasado, con la fuga de GSL y sus colaboradores más estrechos, quienes apenas tuvieron tiempo de llenar sus bolsillos con dineros de los gastos reservados, apresuradamente extraídos de las bóvedas del Banco Central. Pese al dinero sustraído, todos se iban amargados por haber perdido el poder, pero, sobre todo, porque no concretaron la venta de gas a Chile y California.

Cabe advertir, además, que la concreción de esa venta cerraba toda posibilidad de modificar la colonial Ley de Hidrocarburos dejada por GSL. Aún hoy en día, la modificación de esa norma es casi imposible, ya que las compañías han hincado sus colmillos en la yugular del país y no están dispuestas a dejar de expoliar nuestros energéticos trampeando impuestos, cobrándonos precios internacionales por el consumo interno del petróleo que poseemos y pagando el 18 % como única tributación efectiva.

Existe alguna posibilidad de transformar el incobrable Surtax, inventado por Juan Cariaga, a cambio de lo cual cobró 350.000 dólares, en un incremento impositivo para nuevos contratos, los que entrarían en vigencia dentro de cuarenta años. Sin embargo, ni siquiera ese vergonzoso incremento será posible obtener si el contrato exigido por el consorcio Pacific LNG y sus servidores en el gobierno, en partidos políticos, en movimientos cívicos y en medios de comunicación estuviera oleado y sacramentado.