12 de octubre: nada que festejar

Cuando éramos chicos, en nuestras tierras se festejaba el 12 de octubre, con diversos nombres: «Día de la Raza», «Día de la Hispanidad»… Evocábamos haber sido «descubiertos» y conquistados» y eso, con aire festivo. Este solo enunciado nos ahorra tener que explicar el grado de colonización cultural que padecíamos. Poco a poco la fecha y su celebración comenzó a ser cuestionada. Y la verdad histórica fue abriéndose paso.

Los herederos culturales de los conquistadores europeos, lo consideran el inicio de la «civilización» en América Latina. Para los pueblos originarios, fue el comienzo de una guerra de exterminio que impuso un régimen colonial, que sojuzgó, esclavizó, impuso su religión y provocó millones de muertos a través de la explotación y las enfermedades.

Hace ya mucho tiempo que el pueblo Aymara declaró el 12 de octubre como «Día de la desgracia», y afirman: «puestos de pie, al cabo de más de cinco siglos de la funesta hazaña de Cristóbal Colón, evocamos la grandeza de nuestros ancestros».

Los 500 años de la Conquista marcaron un punto de ruptura que significó el avance cultural de los indígenas y de nuestros pueblos. Las celebraciones oficiales del Quinto Centenario en 1992, abrieron paso a las discusiones y a las polémicas. Las convocatorias abandonaron lo de «Conquista» y «Descubrimiento» y nació lo de «Encuentro de Dos Mundos», que en nuestras tierras se tradujo irónicamente como «Encontronazo».

Desde Chiapas en 1994, hasta los mapuches en el sur, los quechuas y los aymaras en la zona andina, hoy por todo el continente los pueblos indios reivindican sus derechos territoriales y agrarios, defienden sus recursos naturales, identidades culturales, lenguas y autodeterminación.

Las elites gobernantes que se transmitieron el poder político y económico como si de una herencia se tratara, han marginado durante siglos a las mayorías indígenas y campesinas y más tarde a gran parte de las poblaciones urbanas, confinadas en barrios suburbiales, muchas veces malviviendo como fuerza laboral de reserva.

Esos sectores sociales han ganado en visibilidad, en organización, y en algunos casos en derechos y participación. Pero grandes mayorías siguen marginadas, siguen sufriendo exclusión social, económica, política y cultural. Padecen renovados brotes de racismo.

Todo eso está cambiando, poco a poco. Como un despertar que tenemos que tratar de que sea irreversible. Es un proceso de justicia, de recuperación de derechos y libertades avasallados desde la Conquista y así mantenidos por las minorías herederas del coloniaje, tributarias en tiempos recientes de nuevos imperios y de las grandes transnacionales.

El 12 de octubre, nosotros no tenemos nada que festejar.- Conmemoramos el mestizaje de las culturas indígena, negra y europea, pero rechazamos la visión histórica de los conquistadores y su justificación de la ocupación y sometimiento de las poblaciones originarias. Y reafirmamos nuestro apoyo a las luchas indígenas, campesinas y populares de América Latina por su autodeterminación rompiendo con toda forma de dependencia.

Por su derecho a escoger su propio camino, desde la dignidad, por la justicia y la libertad.

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DECLARACIÓN PÚBLICA: ORIGINARIOS DE CHILE

Un nuevo 12 de octubre nos lleva a recordar y a la necesidad hacer visible la historia de exclusión y despojo que ha marcado la existencia de los pueblos originarios en Chile y la región. Hoy es imposible dejar de reconocer los procesos de etnocidio y el genocidio que comenzó 516 años atrás y que constituye uno de los más brutales hechos conocidos por la humanidad.

Crecientemente los estados nacionales latinoamericanos han implementado políticas que, en mayor o menor grado, buscan recuperar el daño ocasionado a los pueblos originarios por la situación colonial y postcolonial.

Sin embargo, persisten situaciones de exclusión y discriminación, así como un preocupante aumento de la criminalización de las legítimas demandas y movilizaciones de los pueblos indígenas en el país, el más atrasado en materia de cumplimiento e implementación de los derechos de estos pueblos, a pesar de la reciente ratificación en Ginebra del Convenio 169 de la OIT.

Los pueblos originarios en Chile siguen siendo excluidos, como sujetos con características específicas, desconociéndose el aporte esencial que constituyen para el desarrollo cultural y político de una sociedad diversa que promueva el diálogo entre las diferentes culturas.

De igual modo, debemos lamentar que estos procesos de criminalización, en particular hacia el pueblo mapuche, sigan siendo ignorados y desatendidos por las autoridades, pese a las múltiples denuncias de organizaciones indígenas, sociales y de derechos humanos, así como recomendaciones de organismos internacionales.

Especialmente grave nos parecen los efectos de estas políticas criminalizadoras sobre los niños y niñas mapuche, quienes han debido presenciar y ser víctimas, en democracia, de la violencia ejercida por policías de fuerzas especiales en allanamientos masivos a sus comunidades; la persecución, detención y prisión prolongada de sus integrantes, e incluso interrogatorios a estos niños y niñas, sin orden judicial, en sus propios establecimientos educacionales.

Estas situaciones les provocan severos daños sicológicos, reconocidos por los propios servicios de salud del estado, afirmando que estos hechos afectan gravemente su desarrollo.

Lo que constituye una violación inaceptable de los derechos establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, que el estado chileno debe promover y proteger, debiéndose recordar que, por el contrario, aún permanecen incumplidas las recomendaciones que el 2007 le formulara el Comité de Derechos del Niño de la ONU, encargado de cautelar el cumplimiento de la Convención por parte de los estados.

Los niños y niñas indígenas son además marginados socialmente y con frecuencia se les niega el ejercicio de otros derechos, incluyendo entre ellos el derecho a una educación y salud de calidad, así como la protección y participación en los procesos de toma de decisiones que son relevantes para sus vidas.

Es importante a su vez reconocer, que para la adecuada formación de los niños y niñas indígenas, por sus especiales características culturales, se requiere el concurso de toda la comunidad que integran, incluidos los ancianos y otras figuras representativas de significancia para su cosmovisión. Siendo un punto esencial es el respeto a esta diversidad cultural y la protección contra la discriminación de la que son víctimas.

Los Estados deben también procurar espacios que permitan el adecuado desarrollo de estos niños y niñas desde una perspectiva de interculturalidad y el pleno reconocimiento de sus valores y conocimientos ancestrales.

Esto último considera el reconocimiento de la relación entre culturas, sus creencias y espiritualidad, el acceso a la tierra y a sus recursos naturales, como parte de su cosmovisión e identidad.

A más de 500 años de todos estos hechos y tras la adopción de la Declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU, cabe cuestionar la continuidad de esta política represiva y criminalizadora por parte de las autoridades y agentes del estado, quienes insisten en apelar al uso de la fuerza para responder a las de demandas culturales, económicas, sociales y políticas de los pueblos originarios.

Red de ONGs de Infancia y Juventud Chile, Observatorio Ciudadano, Colegio de Antropólogos, Comisión Ética contra la Tortura – V Región