Giro a la centro-derecha y derrota del fujimorismo y también de la izquierda

Hugo Cabieses Cubas, militante socialista-mariateguista / katari.org
En un contexto latinoamericano complicado para la izquierda progresista, obligada a plegar banderas en Brasil, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela –aunque no en Cuba-, provocado por la ofensiva conservadora del imperialismo, errores propios de corrupción y temas político-programáticos, el pueblo peruano votó el domingo 7 en regiones y municipios.

Hubo un mensaje claro: basta ya de apro-fujimorismo hegemonista autoritario y giremos hacia la centro derecha, encabezados por la resurrección de Acción Popular AP, el partido que fundara el expresidente Belaunde hace 62 años.

Izquierda pulverizada
La pulverizada izquierda tradicional, dividida como siempre en al menos tres sectores –el Frente Amplio/Tierra y Libertad del congresista Marco Arana, los PCs en Juntos por el Perú JxP con Gustavo Guerra García como candidato en Lima, y el Movimiento Nuevo Perú MNP con Verónika Mendoza como lideresa-, no cosechó casi nada en ningún lado.

Esto, luego de los avances importantes que tuviera desde el 2010 con el triunfo de Susana Villarán en Lima, de Gregorio Santos en Cajamarca, de Ollanta Humala a nivel Nacional -aunque a poco andar traicionara a los que lo llevaron al poder-, y el Frente Amplio FA con Verónika Mendoza a la cabeza en el 2016, que se levantó 2.8 millones (19% del electorado) de votos, principalmente en el sur andino y eligió 20 congresistas. Pero a poco andar se frustró la ilusión. Fue flor de un día: el FA se dividió en dos sectores, dando origen al MNP con 10 congresistas.

Sin embargo, en las elecciones del domingo, la izquierda ha conquistado bastiones regionales con candidatos radicales en Puno (Walter Aduviri), Moquegua (Zenón Cuevas) y Junín (Vladimir Cerrón). Pero ha perdido en Cajamarca que durante 8 años fue el bastión del Movimiento de Afirmación Social MAS y principal opositor al extractivismo neoliberal salvaje de la empresa Yanacocha. Asimismo, la izquierda no ganó el gobierno regional de Lambayeque, en donde las encuestas le daban mayoría al candidato Yehude Simon del Partido Humanista, que había prestado su inscripción a JxP.

En base a resultados parciales aún y a que habrá todavía segunda vuelta en 14 de las 25 regiones del país, resumo mi balance preliminar:

Quién gana, quién pierde
– Los grandes perdedores son el aprofujimorismo, el oficialismo de PPK -el partido de Vizcarra- y la izquierda en general. El gran ganador es Acción Popular AP que, con los resultados en Lima y regiones -pese a que Jorge Muñoz el alcalde electo no es de ese partido -, se coloca en una posición expectante como el “4to belaundismo” a nivel limeño y regional, apuntando al 2021. El otro ganador es Alianza para el Progreso APP que ha obtenido varios distritos en Lima, así como gobiernos regionales, alcaldías provinciales y distritales a nivel nacional.

– El Perú en su conjunto gira y se consolida electoralmente hacia la centro-derecha, felizmente no hacia la ultra derecha bruta, achorada y mafiosa del apro-fujimorismo. Esto, con una sociedad que si bien en general es conservadora, está asqueada por la corrupción generalizada y con representantes políticos desprestigiados. Se impone desde la calle el “que se vayan todos”.

Izquierda indígena y plebeya
– La “izquierda tradicional”, representada por el MNP-PS, JxP-PCs e incluso por el FA-Tierra y Libertad, ha sido barrida electoralmente en todo el país, pero la “izquierda radical”, indígena y plebeya, ha ganado en tres regiones:

Puno, por el “aymarazo” del 2011 contra una empresa minera canadiense, cuyo principal dirigente, Walter Aduviri, ha obtenido su triunfo electoral en primera vuelta.

Moquegua, la tierra del presidente Vizcarra, por el “moqueguazo” del 2008 contra la Southern y el gobierno aprista que favorecía a Tacna con el canon minero, lo que encumbró a Zenón Cuevas, cercano al PC Patria Roja.

Junín, por el olvido del Estado frente a la contaminación minera, especialmente en La Oroya y el valle del Mantaro, la defensa de Cuba, Venezuela y Nicaragua, lo que fue cosechado por Vladimir Cerron de Perú Libertario PL. En los tres casos, se trata de la respuesta electoral a la lucha social y ambiental contra el extractivismo minero salvaje.

– En Cajamarca, la inventada corrupción durante el gobierno de Goyo Santos, la no poca arrogancia del Movimiento de Afirmación Social MAS al gobernar en solitario, la percepción de pocos logros en la lucha contra la exclusión y la pobreza, los ataques de las empresas mineras especialmente de Yancocha, la división de la izquierda y el hartazgo de la gente, le pasó la factura al único gobierno de izquierda que había. En Lambayeque, JxP con Yehude Simon, perdió las elecciones por su conciliación con la corrupción y el alanismo, la factura del “baguazo” y la falta de unidad.

Viraje
Todo el país post elecciones es una incógnita político-social, pero ha girado a la centro derecha, en su lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana, pero manteniendo el mismo modelo económico neoliberal de la Constitución de 1993.

Declaro NO conocer mi país y creo que desde la izquierda seguimos trabajando con el diagnóstico y los estilos de hace 25-30 años. Ni siquiera los jóvenes nos han ayudado a re-conocernos como país, que es disperso, abigarrado, discriminador, conservador, individualista, en gran parte misógino, homofóbico e informal/delincuencial, para concretar una visión y convicción diferente a la cultura neoliberal individualista y mafiosa.

Debemos retornar al campo y los cerros como en los 70. Es urgente, “masatear” en la selva, “coquear” en la sierra y “cevichear” en la costa para re-encontrarnos con el Perú real.

En la actual crisis de régimen político, acelerado por la corrupción generalizada y la debacle del modelo neoliberal, tenemos la obligación de construir el Nuevo Perú que anhelamos, haciendo un balance serio de los últimos años, al menos desde el 2001 que vimos resurgir la esperanza.

Debemos acompañar las luchas sociales, proponiéndonos la UNIDAD en pleno proceso de Referéndum el 9 de diciembre, para continuar con un proceso Destituyente primero y Constituyente luego.

 

Aduviri: Triunfo aymara y el reto institucional

Luis Hallazi Méndez
Walter Aduviri Calizaya, líder indígena aymara es el flamante gobernador regional de Puno con el 43,5% de votos válidos emitidos en la región, donde su más cercano competidor obtuvo el 12.9 %. Tras el triunfo de Jorge Muñoz en la alcaldía de Lima, es lo más incómodo que han tenido que informar los medios de comunicación capitalinos. Información cargada de una coletilla de alarma y zozobra que trata de irradiar en la población. Una perversa estrategia de desinformación que hace tanto daño a la democracia.

En lugar de analizar las propuestas del plan de gobierno, se prefiere la descalificación, que incluso rozan contenidos discriminatorios y racistas, pero lo que más preocupa a dichos medios es que Aduviri tenga una “visión crítica ante la gran minería transnacional” como lo ha señalado él mismo, en su primera entrevista, tener una visión crítica ante la minería en el Perú, al parecer puede ser una herejía ante el dogma del modelo económico minero, el derecho a disentir, suele ser castigado en el Perú de hoy.

Esta historia de conflictos, donde líderes de movimientos sociales llegan a la toma del poder político institucional, es algo que también incomoda a los grupos de poder económico, sin entender que este es un fenómeno constitutivo de la propia esencia de la política, pero además sin ser conscientes que en gran medida son sus intereses económicos los que generan las condiciones para dichos conflictos y posteriores liderazgos.

Esta es la historia del aymarazo, dos años después del Baguazo que se suponía marcaría un antes y después sobre la manera de relacionarse entre el Estado y los pueblos indígenas; y que en mayo del 2011 estallaría en la región de Puno ante la falta de respuesta del gobierno nacional por atender demandas que fueron creciendo y donde el movimiento indígena aymara interpeló al Estado sobre las decisiones inconsultas que afectaban a su territorio; recordemos que mediante el Decreto Supremo 083-2007-EM, el gobierno de Alan García, declaró de necesidad pública e interés nacional la explotación del proyecto minero Santa Ana, autorizándose la explotación a menos de 50 km de la frontera a la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation, cuando la Constitución prohíbe que una empresa extrajera posea concesiones en dicha área de frontera.

A partir de esos hechos mucha agua paso bajo el puente, el conflicto estalló y dejo daños a la propiedad pública, saqueos y sobre todo cobro la vida de 6 pobladores; el gobierno de turno en vez de ir a las causas del conflicto, buscó la vía rápida de la represión y procesó penalmente a los principales líderes, absolviéndolos a todos menos a Walter Aduviri, a quien lo condenaron a 7 años de prisión efectiva con una sentencia cuestionada en sus fundamentos jurídicos, después de cinco años de un proceso judicial, sin observación de medidas mínimas que asegure la aplicación de una justicia intercultural.

Pero peor aún, la sentencia absuelve a la mayoría de líderes en su condición de comuneros, sin embargo, la sala decide no aplicar esos mismos argumentos para el caso de Aduviri; pero además aplica la figura de autoría mediata con la que A. Fujimori fue sentenciado, entendiendo que su gobierno de facto constituía una organización vertical y jerarquizada, algo imposible de probar en una manifestación popular que ocasiona disturbios.

Son estos excesos de la justicia penal los que nos llevan a percibir que el caso de Aduviri constituye un caso de criminalización del derecho a la protesta, a pesar que recientemente la Corte Suprema resolvió la casación a favor suyo dejando sin efecto la sentencia dictada.

Siete años después del aymarazo casi nada ha cambiado, se siguen aprobando normas que debilitan la protección de derechos de los pueblos indígenas (DL 1333, ley 30723), estas normas se aprueban en el centro y se aplican en la periferia, no se realiza consulta previa sobre las concesiones mineras, donde el 35% de las tierras de comunidades campesinas están concesiones a la minería y tampoco hay beneficios directos que respeten la diversidad cultural de dichos pueblos; en suma el reto que tendrá el electo gobernador aymara Walter Aduviri es titánico pero también esperanzador, las condiciones son casi las mismas a la movilización social que lo visibilizo, pero ahora tendrá que afrontar esos mismos retos como autoridad institucional del gobierno regional de Puno.