Salida de Bolivia al mar (I)
Primer Foro Internacional ‘Bolivia y su salida al mar’, Auditorio de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá, del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2010. Fragmento de conferencia.
Julio Yao Villalaz
Ante la extrema brevedad del tiempo concedido para comentar una problemática compleja como lo es la cuestión de Bolivia y su salida al mar, expresamos nuestro asombro de que una controversia que surgió, evolucionó y ha ido de tumbo en tumbo desde hace 131 años, sea objeto apenas hoy de un Primer Foro Internacional. Esto da cuenta del olvido, del abandono, de la orfandad en que se ha encontrado Bolivia en su calvario con un Chile que no ha manifestado interés en exponer y menos limar las aristas oscuras de su ilegal ocupación y apropiación de una vasta porción de territorio boliviano.
Chile no aparece como víctima sino como victimario, y los agresores por definición no gustan que se hable de sus felonías. Por eso los voceros y defensores oficiosos del violento despojo, al pedido boliviano de justicia, responden arrogantemente: ‘¡Pacta Sunt Servanda!’. Es decir, los tratados son de obligatorio cumplimiento, y punto.
Lo dijeron hace 131 años y lo continúan diciendo en el siglo 21: ‘¡Pacta Sunt Servanda!’. Pero, ¿acaso no pueden revisarse o abrogarse los tratados que encadenen para siempre a unos Estados con otros, cuando son fruto del uso ilegítimo de la fuerza?
Los tratados violatorios del derecho internacional, especialmente los que contradicen normas que tienen el carácter de Jus Cogens , no son obligatorios y pueden ser anulados. Algunos tratados desiguales, impuestos por una potencia ocupante a un país ocupado, como los de Estados Unidos con Panamá posinvasión y el tratado de 1904 entre Bolivia y Chile, no tienen validez legal y pueden ser denunciados unilateralmente.
Hemos sido siempre partidarios de una salida al mar de Bolivia, mas no en las condiciones que ofrece Chile sino como reconocimiento de la razón que esgrime Bolivia y por un sentido elemental de justicia. Bolivia no debe recuperar sus patrimonios ni su acceso al mar como dádiva del vecino país, sino porque es su legítimo dueño. El Movimiento Continental de Unidad Latinoamericana, del que fui vicepresidente ejecutivo, expidió declaraciones anualmente a favor de Bolivia entre 1975 y 1993 en cónclaves continentales y subregionales.
Pero la justicia que necesita Bolivia no cae del cielo: hay que luchar denodadamente por ella. No existe un tribunal internacional ni negociadores ni árbitros ni mediadores que de manera oficiosa impartan justicia a menos que nuestras razones sean puestas a su consideración y sean escuchadas, atendidas y apoyadas por un amplio auditorio que ayude a incorporarlas en acuerdos aceptables. Y esas razones deben contener y transmitir la fuerza del derecho, para derrotar las mentiras de la contraparte basadas en su ‘derecho’ a la fuerza.
El derecho internacional no se acata siempre, pero sin el mismo no pueden existir los Estados, particularmente los débiles. Al derecho internacional se deben los revolucionarios que luchan por la liberación; los Estados que antes eran colonias y fideicomisos; las repúblicas que luchan por su independencia y su integridad territorial; las poblaciones que defienden sus derechos humanos. Por esa razón, el derecho internacional debe ser el marco de referencia de la diplomacia. Sin el derecho internacional, no poseeríamos los panameños el Canal interoceánico ni el mundo hubiese votado unánimemente en contra del bloqueo a Cuba. Claro que las grandes potencias imperialistas no lo necesitan y lo esquivan cada vez que quieren, como lo hizo EE.UU. cuando, a raíz del incidente del 11 de septiembre, su presidente declaró que, en su lucha contra el ‘terrorismo’, no reconocería obligaciones internacionales ni soberanías, y que se desvinculaba de la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados.
El presidente George Bush justificó la invasión del 20 de diciembre de 1989 a Panamá, pretextando que las Fuerzas de Defensa habían maltratado a un oficial de la Marina de EE.UU. y a su esposa, dos días antes. Hubo un desmentido de la noticia al día siguiente, pero la maquinaria bélica se había echado a andar mucho antes y cayó sobre Panamá dos días después. Es decir, que en apenas dos días se juntó toda la parafernalia infernal sobre Panamá, que costó 7000 muertos y más de 750 millones de dólares, y fue la proyección militar más grande de EE.UU. después de la Guerra de Vietnam, contra nuestro país, que ni siquiera tenía radares ni defensa antiaérea.
Salida de Bolivia al mar (II)
En Bolivia, ¿cuál fue el pretexto para agredirla? El cobro de 10 centavos por quintal de guano y salitre extraído por una compañía de Antofagasta, de capital anglo-chileno, subsidiaria del consorcio inglés Melbourne and Clarke. La empresa se había negado a pagar el impuesto por más de un año, y el Gobierno boliviano, en ejercicio de su soberanía, decidió rematarla el 14 de febrero de 1879, fecha en que Chile atacó, ocupó e inició su desmembramiento de Bolivia. Transcribimos lo que relata el Dr. Rodolfo Becerra de la Roca:
‘No se comprende cómo la intención del cobro de un gravamen de 10 centavos pudo provocar un conflicto bélico que le significó al agresor aumentar su territorio en más de 200 000 kilómetros cuadrados, incluido el peruano, cuajados de fabulosa riqueza milyunanochesca; sorprende que un gravamen dispuesto legalmente, sin transgredir el artículo 4º del Tratado de 1874, como se tiene demostrado, que no se efectivizó, que más bien fue revocado, sirviera de pretexto para apropiarse de un patrimonio ajeno y que ese gravamen aumentado en veinte veces más por el acusador, más otros ingresos que se apoderó del suelo invadido, hubiesen servido a Chile para sostener la invasión y consolidar la conquista de territorios a título de indemnización de guerra, que Chile se engulle como trofeo de su victoria y Bolivia tiene que soportar como castigo eterno’.
Chile se había estado preparando para una gran contienda muchos años antes de 1879; había adquirido en Europa las naves de guerra más avanzadas, mientras que los intereses ingleses estaban detrás de la expropiación de que Bolivia iba a ser objeto. El cobro de diez centavos al salitre y el guano extraídos por chilenos e ingleses, al que tenía derecho Bolivia, fueron un simple pretexto.
Que la agresión a Bolivia tenía como objeto la anexión y expropiación de sus riquezas lo demuestra el ultimátum que dirigió el señor Abraham Koening, enviado diplomático de Chile en Bolivia, quien se expresó de la manera siguiente el 13 de agosto de 1900:
‘Hace muchos años que mi país desea convertir el Pacto de Tregua en Tratado de Paz, arreglar de una vez por todas sus diferencias con Bolivia. No podemos esperar más, el Gobierno y el pueblo chileno consideran que han esperado con paciencia. Es un error muy esparcido que Bolivia tiene derecho a exigir un puerto en compensación de su litoral. No hay tal cosa. Chile ha ocupado el litoral con el mismo título con que Alemania anexó al Imperio la Alsacia y la Lorena, con el mismo título con el que EE.UU. ha tomado Puerto Rico. Nuestros derechos nacen de la victoria, ley suprema de las naciones. Que el litoral es rico y que vale muchos millones, eso ya lo sabíamos. Lo guardamos porque vale, que si nada valiera no habría interés en su conservación. Terminada la guerra, la nación vencedora impone sus condiciones y exige el pago de los gastos ocasionados. Bolivia fue vencida, no tenía con qué pagar y entregó el litoral. Fue una entrega absoluta, incondicional, perpetua. En consecuencia, Chile no debe nada, no está obligado a nada, mucho menos a la cesión de una zona de terreno y de un puerto’.
Que el despojo territorial de Bolivia obedecía a un consciente acto de expropiación y usurpación queda muy claro del ultimátum del agente Koening a Bolivia. Pero además lo confirma el artículo XII del Tratado de 1904, relativo a la solución de controversias que surjan de la interpretación del tratado:
‘Todas las cuestiones que llegaren a suscitarse con motivo de la inteligencia o ejecución del presente Tratado, serán sometidas al arbitraje de Su Majestad el Emperador de Alemania’.
En los tratados modernos, la solución de controversias se remite a los medios diplomáticos, al arbitraje y a la Corte Internacional de Justicia.
A Bolivia se le privó de unos 158 000 km2 de territorio. Esta área equivale a más de 110 veces la antigua Zona del Canal y más de dos veces nuestro territorio nacional. El territorio expropiado es mayor que el más grande país de Centroamérica, Nicaragua, con 130 373 km2, y equivale a más de un tercio del área total de los siete países que conforman Centroamérica.
En los territorios arrancados a Bolivia se localizan los yacimientos de cobre más grandes del mundo, que hacen de Chile el primer exportador mundial, así como reservas de salitre, guano, azufre, litio y agua, y a estos se suma la riqueza ictiológica y de los fondos marinos.
Salida de Bolivia al mar (III)
Bolivia sufre cuantiosas pérdidas económicas, puesto que, al carecer de costas, su producción e intercambio resultan costosos y complicados, y deja de beneficiarse de corrientes migratorias e inversiones que se orientan a países con costas.
La Convención sobre el Derecho del Mar reconoce las dificultades de los Estados mediterráneos, sin litoral o acceso al mar. Pero una cosa son los Estados mediterráneos que lo son por geografía o historia, y otra, los que sufren tal condición por una acción de fuerza en violación del derecho internacional.
Bolivia nunca fue Estado mediterráneo hasta que se le privó de su condición marítima en 1879.
Al enclaustramiento de Bolivia se suman otras violaciones a tratados y actos que vulneran el desarrollo del país y que producen los efectos de un bloqueo –que, desde la Conferencia Naval de Londres de 1909, es un acto de guerra– y que en el derecho contemporáneo y en la Declaración de la ONU sobre la Definición de Agresión (1974) se le califica como un acto de agresión.
Pero las guerras están prohibidas desde la Liga de las Naciones hasta las Naciones Unidas como delito de lesa humanidad. El bloqueo intenta impedir o limitar el libre desarrollo de un país castigado y bajo asedio para imposibilitar su defensa y, en el fondo, niega el derecho a la existencia nacional. Aún en tiempos de paz, ‘bloqueo’ significa cortar, cerrar, incomunicar con el exterior para lograr la rendición del sitiado por la fuerza o el hambre.
Al país bloqueado se le priva de, o se le dificultan las relaciones internacionales, la explotación de sus recursos, su comercio exterior, y el flujo de inversiones y capitales. En este sentido, la no resolución del enclaustramiento y a la mediterraneidad impuestos y mantenidos por Chile, constituye una violación masiva de los derechos humanos de la nación boliviana. Pero a Bolivia no se le ha bloqueado solamente sino desmembrado. Los mismos señalamientos jurídicos que se han hecho al infame bloqueo de EE.UU. a Cuba, se aplican mutatis mutandi a Bolivia.
EE.UU., que bloqueó a Libia, Cuba y Panamá el siglo pasado, mantuvo una oposición al bloqueo en tiempos de paz, cuando expresó en 1916:
‘Los Estados Unidos no reconocen a ninguna potencia extranjera el derecho de poner obstáculos al ejercicio de los derechos comerciales de los países no interesados, recurriendo al bloqueo cuando no exista estado de guerra’.
Como panameño y latinoamericanista, y con el respeto que nos merecen los Gobiernos de Bolivia y Chile, deseamos culminar esta conferencia con las siguientes recomendaciones:
1.— Bolivia debe negociar su causa con Chile dentro de la unidad latinoamericana, pero no a costa de la soberanía boliviana ni de su historia;
2.— reformular su política exterior, latinoamericanista e integradora, para resolver con transparencia y franqueza y de manera integral, sus problemas con Chile;
3. — elaborar una reclamación histórica que incluya una teoría para la recuperación de su condición marítima;
4. — incorporar los fundamentos de su reclamación a los textos escolares;
5. — crear los institutos y centros académicos indispensables para elaborar una estrategia marítima a largo plazo;
6. — integrar y formar equipos de diplomáticos y otros profesionales capaces de explicar la problemática con persuasión, tanto a nivel nacional como internacional;
7. — instruir al personal del Servicio Exterior para que represente con dignidad y responsabilidad la causa nacional;
8. — promover una campaña de concienciación a nivel nacional acerca de sus objetivos para que toda la población apoye su política internacional;
9. — hacer uso de los foros y tribunas internacionales a su alcance para dar a conocer su posición y recabar apoyo mundial;
10. — no debe mezclar en su agenda con Chile el problema del enclaustramiento con otros temas bilaterales;
11. — desarrollar una diplomacia colectiva que le permita fortalecer su causa;
12. — examinar, firmar y ratificar los tratados internacionales que puedan coadyuvar a su causa;
13. — procurar una declaración conjunta con Chile que sea base firme de negociaciones;
14.— prepararse para elaborar los fundamentos jurídicos de una Solicitud de Demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia con un estudio preciso sobre la competencia de dicho tribunal en el caso.