Red de Comunicadores Indígenas del Perú: Declaración de los Comunicadores Indígenas de la Macro Región Centro del Perú. Huancayo, 6 de mayo de 2007

Los suscritos, participantes del Encuentro Macro Regional Centro de Comunicadores Indígenas del Perú realizado en la ciudad de Huancayo del 4 al 6 de de mayo de 2007, luego de deliberar sobre diversos asuntos locales, nacionales e internacionales, de interés de los pueblos y comunidades indígenas y de la sociedad en general, hemos llegado a las siguientes conclusiones y propuestas:

Sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Considerando, que en el plano internacional se vienen realizando diversos esfuerzos para promover el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Declaramos lo siguiente:

Asumimos el compromiso de difundir ampliamente, tanto hacia los pueblos y comunidades indígenas, el Estado, así como en la opinión pública en general.

El Programa de Acción del Segundo Decenio Internacional para los Pueblos Indígenas del Mundo

La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Mundo aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Pedimos a la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptar en el 2007, de manera definitiva y sin restricciones, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Mundo, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Desde nuestra labor de comunicadores bregaremos por el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como sujeto de derechos colectivos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente que reconozca plenamente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del Perú.

Sobre las comunicadoras y comunicadores indígenas.- Considerando:
Que las comunicadoras y los comunicadores indígenas somos agentes sociales comunitarios, con un profundo compromiso y vocación social de trabajo, que cumplimos una función muy importante para el desarrollo social de nuestros pueblos desde la comunicación, empleando las lenguas originarias y los medios de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, contribuyendo, además, a la diversidad cultural y la inclusión.

Que a pesar de nuestra importante labor, las comunicadoras y comunicadores indígenas somos víctimas de la discriminación por no poseer títulos profesionales de periodistas y no estar agremiados en colegios profesionales. Que, además, las comunicadoras y comunicadores indígenas somos objeto de amenazas y abusos por parte de autoridades corruptas y por grupos de poder que vulneran los derechos de las comunidades, los cuales defendemos desde nuestra labor comunicativa.

Demandamos:
A las autoridades nacionales, regionales y locales reconocer y valorar el importante rol social y cultural que cumplimos las y los comunicadores indígenas y el respeto irrestricto de nuestra labor comunicativa.

Que las autoridades conozcan y respeten la Declaración de Chapultepec, la cual señala que «El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios» (Principio ocho) y que «Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público» (Principio diez).

El respeto de la Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual señala que «Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma.

La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados» (punto 6).

Sobre el tratamiento de grandes temas globales y regionales.- Considerando:
Que la mayoría de los medios de comunicación no contribuyen al tratamiento integral, informado y adecuado de temas de importancia que comprometen incluso las condiciones de vida de las poblaciones actuales y las generaciones venideras.

Declaramos:
Que las y los comunicadores indígenas promoveremos la información adecuada sobre grandes temas como el calentamiento global, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, los cultivos transgénicos, impactos de industrias extractivas y otros que forman parte de la agenda indígena nacional e internacional.

Que las y los comunicadores denunciaremos oportunamente y sin descanso las políticas neoliberales que atenten en contra de los pueblos indígenas, tales como los TLC, ALCA, Plan Colombia, IIRSA, entre otros.

Sobre la Ley de Radio y Televisión.- Considerando:
Que la Ley de Radio y Televisión reconoce la modalidad de radios comunitarias pero que en su reglamento no las desarrolla ni promueve a tal punto que actualmente no existe ninguna radio comunitaria reconocida legalmente.

Que el Estado no tiene voluntad política de promover las radios comunitarias, no actualiza el Plan Nacional de Frecuencias (mapa de frecuencias) en zonas rurales, centraliza y burocratiza los trámites dificultando la gestión y colocando en la ilegalidad a miles de radios comunitarias que son consideradas «piratas» o ilegales a pesar de su expreso deseo de acceder a la legalidad.

Que el gobierno de Alejandro Toledo al término de su mandato aprobó una ley que modifica el Código Penal y sanciona como hurto agravado el uso sin licencia del espectro radioeléctrico, y amenaza con castigar hasta con 12 años de prisión a los responsables de las radioemisoras, mal consideradas «piratas».

Declaramos:
La REDCIP respalda la propuesta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), sede Perú, de convocar y conformar una gran alianza interinstitucional en favor del desarrollo de las radios comunitarias y emprender, en coordinación con otras redes y asociaciones, acciones de incidencia pública y mediática, para hacer cumplir lo que ordena la ley de Radio y Televisión y modificar el reglamento de la mencionada ley.

Exigimos al Estado crear un marco normativo promocional especial para el fomento de la Radio y la Televisión Comunitaria, tomando en consideración la legislación de otros países que han dispuesto normas favorables para las radios comunitarias. Pedimos se brinden facilidades, se simplifiquen los requisitos y se descentralicen los procedimientos para el reconocimiento de las radios comunitarias las cuales deben basarse fundamentalmente en la licencia social otorgada por las comunidades a las cuales sirve.

Mientras el Estado no cumpla con actualizar el Plan Nacional de Frecuencias (mapa de frecuencias) en las áreas rurales y se generen las condiciones adecuadas para el reconocimiento y legalización de las radios comunitarias, pedimos se exonere a éstas de las licencias para operar o, en su defecto, se les expida una licencia provisional.

Pedimos al Congreso de la República derogar la ley que modifica el Código Penal, en la parte que califica como «hurto agravado» el uso del espectro radioeléctrico sin licencia, que amenaza con castigar hasta con 12 años de prisión a los responsables de las radioemisoras consideradas «piratas». Este tipo de medidas punitivas no ayudan a solucionar el problema de la informalidad en la radiodifusión y constituye un atropello al ejercicio del derecho a la comunicación y la libertad de expresión.

Sobre el INDEPA.- Considerando:
Que el Congreso de la República creó el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) como organismo público descentralizado con rango ministerial, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, encargado de promover políticas inclusivas y transversales a favor de los pueblos y comunidades indígenas.

Que el actual gobierno ha decretado de manera arbitraria, inconstitucional y violentando el derecho a la consulta de los Pueblos Indígenas «la fusión por absorción» del INDEPA, al incorporarlo al Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social (MIMDES), eliminándolo en la práctica y desapareciendo sus atribuciones y jerarquía.

Acordamos:
Exigir al gobierno central y al Congreso de la República que derogue el decreto inconstitucional que elimina el INDEPA y, por el contrario, potenciar esta institución a fin de que cumpla su papel promotor y coordinador de políticas públicas interculturales que beneficien a los pueblos y comunidades del Perú.

Sobre diversos conflictos y problemas regionales.- Declaramos:
Que la discusión de nuevas leyes que afecten a las comunidades (tierras, aguas, comunidades, etc.) deben darse en el marco de una nueva Constitución Política, que asegure el reconocimiento de los derechos al territorio y los recursos naturales de los pueblos y comunidades indígenas, amparados por acuerdos y tratados internacionales, y no en el marco de la actual constitución fujimorista.

Que se continúe con el Plan Integral de Reparaciones, individuales y colectivas, propuesto por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) a las poblaciones afectadas por la violencia política y que aún no han sido atendidas.

Que las autoridades e instituciones académicas y especializadas promuevan la reflexión y el debate sobre el impacto social, ambiental, económico y cultural de nuevos productos que se vienen promocionando y alentando, tales como el cultivo de productos denominados «alternativos» para la producción de biocombustibles (etanol).

Nuestra solidaridad con la población del distrito de Huachocolpa, provincia de Tayacaja, en el departamento de Huancavelica, falsamente asociada a actividades narcoterroristas, y pedimos a las autoridades del Estado brindarle condiciones de seguridad sin afectar las actividades civiles; y brindar reparación material a los deudos del profesor asesinado. Pedimos a los medios de comunicación reparar el daño moral ocasionado por la difusión de informaciones falsas sobre la población de Huachocolpa.

Nuestra solidaridad con todas las comunidades en conflicto a consecuencia de las industrias extractivas y la actividad de las empresas mineras, de gas, petróleo, extractoras de madera, que el Estado promueve y ampara. Actualmente existen más de 600 dirigentes comunales denunciados y perseguidos en todo el territorio nacional. Responsabilizamos al Estado peruano por todos estos actos que atentan contra los intereses y derechos colectivos de nuestros pueblos y comunidades indígenas que defienden la vida y el ambiente de sus comunidades.

Huancayo, 06 de mayo de 2007
Ayacucho: Edwin D. Choquehuanca Canales, Graciano Machaca Núñez, María Poma Yupanqui, Teófila Carrera Miguel, Efraín Chavarría Carrasco, Mardely Contreras Escalante, Teodoro Quispe Godoy, Yuly Yarango Ojeda, Cristian Yoni Arango, Wari Zárate Gutiérrez.
Cusco: Richard Bayona.
Huancavelica: Fidel Mosquera Canchaya, Rayda Gutiérrez, Carlos Candiotti Ordóñez, Ángel Alcides Gutiérrez, Saturnino Quispe Boza, Aideé Palián Sulca, Wilder Esplana, Rubén Vila Pihue, Ángel Flores, María Ángela Valladolid Ochoa, Edison Cáceres Serpa, Víctor Talavera Yangali, Moisés Flores Águila, Zacarías Romero Barrena, Donofré Chuco Castro, Gladys Isidro Meza, María Ángela Valladolid Ochoa,
Junín: Enrique Jacobo, Rodrigo Janampa Carhuaricra, Lorena Santos Villegas, Marianela Santos Contreras, Oswaldo Alfaro Martínez, Reyner Casas Lindo, Zoraida Pariachi Campos, Walter Yaranga, Viviana Gaspar, Luis Calcina Romero, Judith Blanca Raymundo, Valbina Miguel Toribio.
Lima: Jorge Agurto Aguilar, Jenny Ramos Garibay, Javier Ugaz Aguilar, Santiago García Gago, Susana Arroyo.
Arequipa: Andrés Javier Mamani.
Pasco: José Joaquín Tomás, José Olivera Roque, Francisco José Almerco, Lizbeth Flores Bravo, Édgar Panduro, Soledad Geovana Ramos Soto.
Puno: Rosa Palomino Chahuares.
Ucayali: Bernardino Sebastián Manuel.