Como hace más de 200 años los campesinos son víctimas de las mutaciones del capitalismo. Sin embargo, el campesinado de América Latina y del tercer mundo sigue luchando en contra esas transformaciones, poniendo el cuerpo para enfrentarse a un orden estatal que los excluye.

Las decisiones de la ciudad impactan en el campo, y en el campo se sufre por las decisiones de la ciudad. Asimismo, la iniciativa de los países hegemónicos se traslada a las economías más débiles de nuestro planeta, en las que se permite lo que no está permitido afuera: transgénicos, agrotóxicos, procesos extractivos que ponen en riesgo las vidas de los trabajadores, y la lista puede continuar.

Bajo las democracias parlamentarias, el derecho a la tierra y a un ambiente sano es una promesa que se puede deshacer con tan solo obtener una mayoría de senadores en el Congreso o a través de acuerdos del gobierno de turno con las principales empresas extractivistas del mundo.

En Perú, en Chile, Brasil, Paraguay, Argentina o México la situación es similar. El deterioro de la vida de nuestros pueblos originarios, y de los trabajadores de nuestras tierras es el síntoma de modelos económicos que funcionan para algunas mayorías, mientras otras deben ser sacrificadas.

Dos ejemplos de la descomposición que se busca infundir en la producción agraria en nuestro continente es el proyecto megaminero en el valle del tambo en Perú y la propuesta de demarcación de tierras índigenas (PEC 215) que podría afectar todos los derechos adquiridos por los indígenas durante las últimas décadas en Brasil. Ambos, llevados a cabo sin ningún tipo de consulta a los indígenas.

Situación en Brasil
El PEC 215 es un proyecto de enmienda constitucional a través del cual se transfirió del poder ejecutivo a la legislatura de la decisión final sobre la demarcación de las tierras Indígenas (TIS) en Brasil.

Como se afirma en el portal web del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST) de Brasil: “si se aprueba, la práctica va a paralizar el proceso de protección de estas áreas protegidas, y abrirlos a la agroindustria, la exploración hidroeléctrica y la minería, entre otras actividades económicas”.

Según medios alternativos del país, los congresistas que lo defendieron recibieron mil millones R$ 18  de empresas como JBS, Bunge, Gerdau, Suzano, Klabin y Embraer para poder concretar el proyecto. Si bien la presidenta Dilma Rousseff ha reafirmado su oposición a la PEC, el gobierno y sus representantes en la Cámara observaron pasivamente la evolución de su tramitación.

La oposición ha logrado incorporar en el proyecto un carácter retroactivo que revisa los límites de las tierras indígenas ya demarcadas, sometiéndolas a la inseguridad jurídica más pronunciada desde que Estado brasileño intentó reparar las injusticias históricas cometidas contra los pueblos indígenas en las últimas décadas.

Aunque el 60% del senado de encuentra en contra del proyecto, y éste tiene grandes chances de ser derrumbado, se pone de manifiesto la avanzada que la derecha ruralista está intentando consolidar sobre las tierras y los derechos de los indígenas, a pesar de que eso signifique ir en contra de la propia Constitución.

La guerra declarada contra los trabajadores de la tierra también puede percibirse a través del proyecto de ley de Tercerización Laboral, que supone más carga de trabajo y la posibilidad de muerte por  extenuación en los trabajos agrarios.

Asimismo, la situación de las familias campesinas en 2015 de  se va a encontrar agravada por la tendencia a la baja en los gastos del gobierno federal a través del Instituto Nacional de Colonización Agraria (INCRA), organismo que dirige la política de expropiación de tierras y asentamiento de familias.

La paralización de los fondos destinados al INCRA va en consonancia con la disminución sistemática de los últimos años, cuyo presupuesto anual cayó un 85% 2010 a 2014.

Situación en Perú
Si en Brasil se está buscando un marco jurídico para consolidar los proyectos de las empresas trasnacionales, los hechos ocurridos los últimos días en Perú es la cara de la penetración sin reparos de las multinacionales sobre las tierras campesinas.

El proyecto minero a cielo abierto Tía María de la empresa mexicano-estadounidense Southern Copper Corporation (SCC) en el Valle del Tambo (sur de Perú, provincia de Islay), causó el repudio de cientos de campesinos y campesinas que se movilizaron para reclamar por la contaminación del agua y del suelo que deja esta clase de proyectos mineros que se empezó a instalar con el apoyo del gobierno nacional desde el año 2009.

La ejecución del proyecto  podría afectar no solo para las zonas agrícolas sino también el Puerto Matarani de la ciudad Mollendo en Arequipa (sur), por obras de desalinización del mar.

El puerto de Mollendo es considerado el principal muelle del Perú meridional, el mismo permite la comercialización a través de la Carretera Interoceánica que une el océano Atlántico en Brasil, con el océano Pacífico en Perú.

La respuesta de Presidente Ollanta Humala ante los reclamos fue la militarización de la zona y la declaración de “estado de sitio”. Al día de la fecha la cifra de muertos es de 10 personas, a las que se lo que se suman detenciones,  torturas a militantes y periodistas que se acercaron difundir estos hechos.

La lucha antiminera se extendió en las regiones de Arequipa, Apurímca, Ayacuho, Cajamarca, Cusco, Moueagua, Puno, Tacna, y la ciudad capital de Lima los días 27 y 28 de Mayo.

Si el proyecto no se detiene, hay grandes posibilidades que se concrete un paro nacional, lo que supone la agudización del conflicto. No solamente los campesinos están en contra del proyecto sino que la juventud y la sociedad entera parece estar dispuesta a no permitir el avance del mismo.

Situación en Colombia, Paraguay y Argentina
El panorama en el resto de los países dista de ser amigable. En Colombia, el gobierno de Santos pretende a través del Plan Nacional de Desarrollo no sólo darle más lugar a las grandes empresas mineras, como hidroeléctricas y petrolíferas, sino que también intenta favorecer a las grandes compañías agrícolas rompiendo con el modelo de producción colectiva del campesinado.

Al igual que en Argentina, se quiere dar lugar al monocultivo de soja, e industrializar el campo para solventar la demanda externa.

En Paraguay mientras el gobierno nacional de Horacio Cartes sigue militarizando está región para cumplir con las demandas de los grandes empresarios agrícolas, los campesinos del norte de Paraguay se ven cada vez más afectados por la extensión y usurpación de la frontera productiva.

Como informó RL esta es una “situación por la cual quedan sumergidos en la pobreza, se les quita las tierras, se contaminan sus cultivos y se daña su salud con gilfosato”.

Por último en Argentina, el viernes 29 de Mayo representantes de los pueblos originarios llevaron sus peticiones a la Casa Rosada en Buenos Aires pronunciándose en contra de “la violación de los derechos humanos, la incapacidad del sistema judicial, la explotación y saqueo de los llamados “recursos naturales” (biodiversidad para los pueblos indígenas) y, por consecuencia, el destrozo del medio ambiente, la salud humana y el patrimonio cultural”.

Lamentablemente ni la presidenta Cristina Kirchner ni ningún alto funcionario “tuvo tiempo” para recibir a los portadores del manifiesto, tal cual declaró el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Los referentes indígenas en Argentina denunciaron además los asesinatos de decenas de pobladores víctimas de las balas de la policía, los mercenarios y los terratenientes que asaltaron sus territorios durante los últimos 10 años. También exigieron que se deje de criminalizar a sus hermanas y hermanos que están siendo judicializados por defender sus territorios y la Naturaleza.

Estas propuestas, junto a las que los campesinos e indígenas de cada país elaboren con los movimientos sociales para resistir al saqueo de sus tierras, deben servir como base para que el desarrollo de nuestros países no haga extinguir a los últimos representantes de nuestras culturas ancestrales, y nuestros recursos naturales.

Conclusiones
La soberanía alimentaria es deseable siempre y cuando no implique prácticas que ponen en riesgo la vida de las personas, que causan nuevas enfermedades, y pretenden arrasar con los recursos no renovables con los que cuenta el planeta.

Los gobiernos democráticos de América Latina alineados contra las trasnacionales imperialistas están muy lejos de ir por ese camino y la delicada situación por la que hoy atraviesa el campesinado de nuestro continente está lejos de menguar.

La miseria que atravesaba el campesinado ruso, y en menor medida el cubano, fue condición de posibilidad de un régimen distinto, por este motivo es tarea de todas las organizaciones populares apoyar la lucha campesina, que no está desligada de las posibilidades de existencia de una transformación social definitiva.

Es necesario que se encuentren vías para que los campesinos que no tienen participación política en el parlamento, puedan decidir sobre cómo trabajar la tierra y sus convicciones no queden puerta afuera de ninguna casa de gobierno, así como no han quedado por fuera de dicho sitio en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Como dijo Fidel Castro Ruz en la concentración campesina efectuada el 25 de Julio de 1959: “Y allá el hombre de la ciudad llevará al campesino también su simpatía, allá irá a compartir con el campesino su vida, allá irá a ver un campo que está ya bajo el signo del progreso”.