El fujimorismo y su larga historia con el narcotráfico
otramirada.pe
La penetración del narcotráfico en los partidos políticos es más profunda de lo que parece. Sólo el escándalo de Gerald Oropeza, con un atentado en su contra y dos testigos que podrían ser claves asesinados por sicarios para silenciarlos, permitieron que se conozca los vínculos que este presunto narco tenía con la alta dirigencia del Partido Aprista.
Pero no es el único partido que ha tenido relaciones cercanas con el narcotráfico. El fujimorismo, desde los 90 y hasta hace poco, ha sido remecido por escándalos ligados al tráfico de drogas, en el que los protagonistas siempre han tenido un factor común: el apellido Fujimori.
Uno de los casos emblemáticos fue el aporte de más de 41 mil soles a Fuerza 2011 que hizo Luis Calle Quirós, quien está en la “lista negra” del narcotráfico internacional junto a su esposa española María Rodríguez Badillo. En EE.UU. se asegura que pertenecen a una red de compañías que se dedican al lavado de dinero de las mafias de la droga, cuyo cabecilla es el colombiano Isaac Guberek Ravinovicz.
Luis Calle Quirós está siendo investigado en varios países por narcotráfico y ante el escándalo, Keiko Fujimori pretendió resolver el problema devolviendo el dinero, tal como lo hizo Alan García el 2007, cuando se supo que uno de los hijos del clan Sánchez Paredes había aportado 5 mil dólares. Entonces el líder aprista devolvió el dinero y los vínculos con ese clan investigado por lavado de activos se acabaron.
La devolución del dinero que hizo Keiko Fujimori no resolvió ni aclaró el problema, pero a nivel judicial el caso quedó en nada. Recientemente tuvo la misma reacción cuando se descubrió que los congresistas fujimoristas viajaron a un mitin de Keiko en Puno con dinero del parlamento. La solución fue la misma: devolver el dinero y de ahí la impunidad.
A Kenji Fujimori se le trató con extrema suavidad cuando en su condición de accionista de la empresa Limasa, en cuyo almacén se encontró más de 100 kilos de droga, solo fue investigado por la Comisión de Ética del Congreso y no por el Ministerio Público, que debería haberlo investigado por los presuntos vínculos con el narcotráfico o lavado de activos.
En los casos de Keiko y Kenji Fujimori, que son emblemáticos, no hubo voluntad estatal para investigar las relaciones entre el narcotráfico y la política. Por ello, los fujimoristas se creen libres de cualquier vinculación con el narcotráfico, pero igual afirman los apristas pese a las múltiples evidencias.
Si sumamos estos casos que fueron los más recientes, a lo que pasó durante el gobierno de Alberto Fujimori con la drogas en el avión presidencial y otros, estamos hablando de un partido que está ligado históricamente al narcotráfico.
Si nos remontamos a los 90, para el especialista en temas de narcotráfico, Jaime Antezana, los 196 kilos de cocaína en el avión presidencial de Fujimori, los dos narco buques de la Marina con más de 100 kilos de clorhidrato de cocaína en cada una de ellos, el uso de los helicópteros, en el VRAE y el Alto Huallaga para mover PBC, la acusación de Vaticano que Vladimiro Montesinos le cobraba 50 mil dólares por cada vuelo, el cobro de cupos a las avionetas en las pistas de aterrizaje, etc., “son algunos datos que me llevan a sostener que en el tramo del gobierno de Alberto Fujimori entre 1991 y 1996, el Perú fue un narcoestado”.
Montesinos, que fue socio de Alberto Fujimori, también estuvo implicado con el poderoso cartel de Tijuana, al que habría provisto de 18 toneladas de clorhidrato de cocaína a lo largo de tres años. Según investigación del diario mexicano El Universal, en esta operación participaron también Juan Valencia Rosas y Alberto Venero Garrido, quienes negociaron la entrega con Agustín Vázquez Mendoza, cabecilla del cartel de Tijuana. Pese a las evidencias y los testimonios, Montesinos no fue sentenciado por narcotráfico debido a sus influencias en el Poder Judicial.
¿Y cómo lo hace?
Que una candidata con casos que la ligan al narcotráfico esté como favorita en las encuestas y tenga posibilidades de ser presidenta es un verdadero peligro. Antezana señala que con los antecedentes pasados y actuales, un triunfo del fujimorismo en las elecciones generales del 2016 sería un grave riesgo para el país.
“Más aún cuando todos sabemos que Keiko Fujimori no se allana a una investigación sobre el dinero de Luis Calle Quirós, y no tiene trabajo conocido para sustentar sus gastos de campaña más allá de algunas rifas”.
Pese a los cuestionamientos, a la fiscalía de Lavado de Activos no se le ha ocurrido investigar de dónde saca dinero Keiko para solventar su campaña. “Keiko Fujimori debe ser investigada sobre los fondos que utiliza para la campaña electoral. De los congresistas que asisten a sus actividades sabemos que el dinero sale del Congreso.
Pero, ¿con qué plata se moviliza por todo el país?, no sabemos de dónde sale. El aporte económico que los congresistas dan a Fuerza Popular no justifica los gastos de la campaña electoral del 2011 ni de la campaña que ya empezó por el sillón presidencial”, declaró a otramirada.pe
Sin embargo, las relaciones del narcotráfico con los partidos políticos no se limitan al APRA y el fujimorismo. Va más allá de estas dos fuerzas. Tienen presencia en partidos políticos con posibilidades de ganar las elecciones o tener una importante representación parlamentaria. Para Antezana el narcotráfico apunta a gobernar el país “y eso lo veremos cuando se configure el escenario electoral y se inscriban los candidatos”.
Apra y narcotráfico
El caso de Gerald Oropeza, narcotraficante presunto de confirmada filiación aprista y de familia aprista, de padre ajusticiado por un sicario, íntimamente asociado a Facundo Chinguel, abogado de la familia, hoy en prisión por haber festinado indultos a favor de narcotraficantes durante el gobierno de Alán García, está remeciendo al partido de la estrella.
El caso Oropeza indica múltiples conexiones con apristas. Cabe, por lo tanto, preguntarse sobre los nexos entre ese partido y el narcotráfico.
Pero debemos ver más allá del APRA, el partido donde, al igual que en el fujimorismo, existe una sospechosa afinidad con este negocio ilícito y preguntarnos también sobre la más tenebrosa, amplia y profunda relación entre narcotráfico y la política a todo nivel en el Perú. Este es solo el comienzo.
Puede ser peor
En realidad, el caso Oropeza es sólo el más reciente y no será el último. Al paso que vamos, hay muchos más por venir. En los últimos años el país se ha vuelto el principal productor y exportador de coca, pasta y cocaína pura del mundo.
El tráfico lo organizan mafias que controlan la producción de las pozas (donde se fabrica la pasta), que luego sacan por corredores conocidos, y también los laboratorios (que la policía, extrañamente, no identifica), para finalmente embarcarlos rumbo al sur por tierra y aire (Bolivia y el Cono Sur) y rumbo al norte por mar y aire (Panamá y México).
Toda una estructura empresarial, ahora mejor organizada como corporaciones al haber surgido mafias peruana que abastecen a las mafias mexicanas y colombianas (ruta norte) y a las mafias brasileñas, nigerianas y de los Balcanes (ruta sur).
Esta cadena es sólida como una roca y sólo es cuestión de tiempo para que veamos más casos de sicariato por ajuste de cuentas, más corrupción a todo nivel, más escándalos políticos.
Marca Perú
Esta tendencia se va a profundizar por tres razones. La primera es que, a diferencia de México y Colombia, el Perú tiene carteles de mediano nivel porque solo controlan el mercado nacional.
La segunda es que al ser proveedores bien organizados, salvo casos excepcionales, no rivalizan entre sí al repartirse las rutas (puertos, aeropuertos, fronteras) y mercados (del norte y del sur) y por tener el país múltiples vías de salida. Ocasionalmente, como indica el caso Oropeza, hay violencia por ajuste de cuentas, pero nunca hemos tenido Guerra entre Carteles. Por lo tanto, los narcos y sus amigos pasan más inadvertidos. Es un negocio más “solapa”.
Tercero, porque dado este rol inicial en la cadena y esta estructura abierta de mercados y rutas, su principal arma para seguir operando es la coima más que la violencia. No se usan tanto, a diferencia de México y Colombia, las “balas de plomo” sino “las balas de plata”.
Esta constatación nos lleva entonces directamente a discutir la conexión entre narcotráfico y política. Los narcos necesitan operar regularmente coimeando a gobiernos locales (para la producción), a los gobiernos regionales (para el control de rutas) y a los tres poderes del Estado (para lograr impunidad y protección de jueces y policías y evitar las investigaciones).
Este control, como hemos argumentado líneas arriba, se logra mejor usando la coima. Como se decía en México durante la revolución iniciada en 1910: “no hay nada mejor que un cañonazo de 50.000 pesos”.
Este proceso de penetración del dinero del narco a la política a todo nivel, para los fines que requiere el negocio, está a medio camino porque se trata de narcos jóvenes, como el propio caso Oropeza indica, y porque la coima funciona hasta ahora muy bien como mecanismo para seguir operando y ampliando el negocio.
Pero cuando ocurra un intento del Estado para frenarlos, comenzaran a recurrir a la violencia. Aún sino se declara una ofensiva interventora a fondo, estos narcos jóvenes van a madurar rápido y desarrollar formas más duras de penetración y violencia. Por el momento están imitando a los grandes grupos de poder económico y las transnacionales, quienes a su manera, usan el dinero para financiar a los partidos y nombrar (pasando por una serie de filtros y cumpliendo ciertos protocolos mínimos) ministros o estar ellos directamente en los puestos de poder.
Los partidos
La coima es, pensándolo bien, la mejor forma de neutralizar al Estado por dentro. Lo que se viene entonces a nivel nacional, si es que ya no está presente de forma escondida, es algo que se observa plenamente a nivel local y regional en los distritos, provincias y regiones dominados por la delincuencia: la “captura del Estado”.
A los jefes de los narcos peruanos les falta todavía lograrlo de mejor manera y de forma más sofisticada con el Estado central, aunque pueden empezar con los partidos.
Volvamos al caso Oropeza. Uno de sus socios ha comprado un kit electoral en la ONPE y, según informa la prensa, estaba planeado la compra de una de las 20 inscripciones que existen en el mercado político peruano. Pero mientras no lo logren, y probablemente por ser menos riesgoso, buscarán la opción preferida a nivel nacional: asociarse delictivamente con un partido proclive a los arreglos que tenga, al mismo tiempo, influencias en varios niveles del Estado.
Una posible razón por la cual el APRA es el partido con más escándalos de narcopenetración, al igual que el fujimorismo (empezando con Montesinos, que todavía tiene un ala con Fuerza Popular y con quien Alberto Fujimori no ha roto relaciones), es por su gran capacidad para tener militantes o amigos dentro del poder judicial, además de representación parlamentaria y haber comandado dos gobiernos.
En ambos gobierno, coincidentemente, creció el narcotráfico. El paso de la producción de coca para consumo humano nacional a la fabricación de pasta básica para la venta internacional por la ruta norte estalló durante el primer gobierno de García (1985-1990).
El paso de la fabricación de pasta a la fabricación de cocaína por la vieja ruta norte y por la nueva del sur ocurrió durante su segundo gobierno (2006-2011).
En el negocio, hermanos
Ciertamente, no es el único gobierno ni el único partido contaminado, pero todo apunta a que es el principal. La cuestión es por qué. La clave nuevamente, está en el caso Oropeza.
Si vinculación directa con Chinguel y el hecho de que exista una fuerte influencia partidaria (mas que ningún otro partido) en la fiscalía y los juzgados da que pensar. Esta penetración se demuestra por la facilidad con que García ha logrado neutralizar judicialmente las acusaciones de la Megacomisión del Congreso.
Precisamente, el caso más serio es su responsabilidad con los narcoindultos y su palabra de que Chinguel era un abofado honesto. Pero fue blindado judicialmente al haber decidido que “se violó el debido proceso”.
Bueno los narcos y otras mafias, precisamente, necesitan este tipo de blindaje. Qué mejor que desarrollar una estrategia de penetración o negociación mafiosa con un partido propenso a arreglos, que además tiene como principal característica socioprofesional el tener abundancia de abogados (que, por otra parte, es la profesión más corrupta por su cercanía a las mafias y por ser principal conducto para las coimas).
Esta tesis la sostiene Ricardo Soberón, expresidente Ejecutivo de DEVIDA, con conocimiento de causa al especializarse en temas de coca y narcotráfico y ahora amenazado con denuncias y juicios por Jorge del Castillo.
El APRA, por todo lo dicho, está en graves problemas internos. Si puede, si tuviera voluntad, debería hacer una limpieza interna real y profunda y no solo una decorativa antes de que empiece la elección y los narcodólares comiencen a llegar a manos llenas a los partidos y a los candidatos para la elección del 2016.
El APRA de hoy, que dista cada vez más del partido que fundara en 1924 Haya de la Torre, debe mantenerse al margen de arreglos y negociaciones, de donaciones generosas para financiar la campaña que se viene, de candidatos de dudoso pasado y presente.
De no ser así, “la liquidación histórica del APRA”, que en el pasado se discutía como un evento causado por sus pactos infames con el odriismo y la oligarquía agraria, puede ocurrir finalmente porque varios de sus militantes y algunos de sus políticos pactan con las mafias del narcotráfico.
Narcotráfico y tráfico de influencias
Rolando Waldo Gomez Poma / losandes.com.pe
Si otrora los fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica se identificaron con la masonería global, ostentando los saberes ocultos y terrenales, insuflando códigos de identidad ineludibles, siendo estas facciones de poder oculto los que enrumban el desarrollo de las naciones, hoy podemos decir sin temor a equivocarnos que la masonería en algunos países del continente andino están siendo relegados por el poder económico fulminante de los capos de la droga.
Entonces la guerra del opio en el país del sol naciente parece un retrato en otra dimensión, entendiendo que no solo hablamos del adormecimiento filosófico y sobre todo ético, hablamos de una forma de incursionar en los organismos medulares de la decisión gubernamental, que al parecer cada día está más secuestrado por los hombres sin nombre o los no identificados, pero que tienen poder que le otorga el traficar drogas, tal como lo visibiliza hoy Oropeza y, anteriormente, Lamberg.
Con la irrupción del estado liberal e incluso neoliberal, los financistas de los candidatos también estuvieron presentes en cada actor político nacional, regional y municipal, a sabiendas de los jugosos resultados posteriores, al contratar con el Estado mediante empresas que se formalizan con un capital social de cien soles, pero que ganan licitaciones amañadas por cantidades exorbitantes, tal como la prensa nacional muestra en el caso del aprista Oropeza, más aún cuando los ideales del partido de la estrella se proyectan hacia la equidad social.
Las bases apristas se fundan en un mar de ideales etéreos, inclusive la gesta ideopolítica de este partido dice “… es un partido de izquierda democrática organizada como Frente Único de Clases de los Trabajadores Manuales e Intelectuales, defiende los intereses de las mayorías productoras; sostiene la democracia integral y aspira la justicia social, en libertad y democracia.”
Además reconoce los principios del Programa Máximo de la Alianza Popular Revolucionaria Americana de 1924; Acción contra el imperialismo, unidad política y económica de América Latina, Nacionalización progresiva de tierras e industrias, inter americanización del canal de Panamá y Solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo.
En la etapa de luchas intestinas por capturar el poder, el partido de la estrella, vivió casi en la clandestinidad, pero el quiebre pro gobiernista y un pacto nefasto del aprismo con su fundador al mando, fue el año 1956, cuando hizo un pacto secreto con las bases nefastas del Odría.
Este pacto fue duramente criticado por líderes cofundadores del aprismo y sin lugar a dudas salió a la luz otro movimiento popular queriendo pragmatizar las bases ideológicas apristas, sale a la luz el Apra Rebelde, siendo su primer secretario General Luis de la Puente Uceda, quien prácticamente es aniquilado por las hordas de la bufalería lideradas por Haya de la Torre, luego como una forma de seguir el derrotero izquierdista contestatario, surge el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que llegó a ser una movimiento guerrillero que no tiene mucho éxito porque sus ex camaradas apristas ahora gozan de las gollerías que otorga el medrar de la economía nacional, como el tipificado “rata” y el ex ministro aceitador.
Pero ahora los masones de otrora ya no tienen influencias en las cúpulas de gobierno, pues en las instituciones garantistas ganaron terreno los capos de la droga y los “empresarios” suertudos, quienes mantienen nexos intensos con las cúpulas de poder porque fueron los que financiaron las costosas campañas electorales o los que quebraron o “aceitaron” a funcionarios claves del sistema democrático peruano.
Uno de esos partidos políticos que tiene dudosos nexos con el narcotráfico es el APRA
De igual forma, es evidente el prominente auge que tuvo la comercialización de la droga en el decenio gubernamental del fujimontesinismo (Vladimiro Montesinos fue asesor legal de una cofradía dedicada a invadir de droga los principales mercados del orbe). Hoy los políticos que gobernaron con los capos de la droga al costado quieren seguir pidiendo votos y uno de ellos es el pseudo partido revolucionario.
Carlos Langberg, personaje cercano al aprismo, era el financista de la campaña electoral del aprista Armando Villanueva. Este sujeto compró Villa Mercedes, la casa del fundador del Apra, Víctor Raúl Haya de la Torre, a quien Langberg había costeado hospitales y tratamiento hasta el momento de su muerte, en 1979. Meses después, en setiembre de 1980, Langberg es detenido en Acapulco México, por posesión de 15 gramos de cocaína.
Junto a él se encontraba el aprista Jorge Idiáquez, ‘histórico’ secretario y guardaespaldas de Haya de la Torre. Investigaciones periodísticas de Gustavo Gorriti indican que al parecer financió la campaña de Alan García. Uno de los hechos que pareció reforzar esa hipótesis se dio cuando, ese mismo año, un laboratorio de pasta básica de cocaína explotó en Lima.
La propiedad –luego conocida como ‘Villa Coca’- pertenecía al narcotraficante Reynaldo Rodríguez López, alias ‘El Padrino’, socio de Langberg que tenía como abogado a Vladimiro Montesinos. El gobierno aprista reemplazaría al fiscal a cargo de las investigaciones por el fiscal Hugo Denegri, quien archivó el caso”.
En una denuncia registrada en el matutino La República, es el de Manuel Ángel del Pomar Cárdenas, diputado por el Apra (1985-1990). Resulta que este aprista fue detenido por Interpol durante un viaje a Alemania, en 1988, por intentar cobrar un cheque por 18 mil marcos alemanes de una cuenta del Commerz Bank de Berlín, vinculada a Manuel García Montes, un narcotraficante.
En 1993, Del Pomar fue condenado a 8 años de cárcel. Pero el hecho más insólito es la devolución de dinero a un financista, resulta que el ex mandatario Alan García Pérez recibió un donativo para la campaña 2006 de Alfredo Sánchez Miranda, hijo del investigado por narcotráfico Orlando Sánchez Paredes, “donativo” de cinco mil dólares mediante el abogado Humberto Abanto.
El propio García admitió haber recibido el dinero durante la campaña, aunque supuestamente él “personalmente no tuvo conocimiento de ello”.
Seguidamente salen a la luz los indultos presidenciales a sentenciados por narcotráfico siendo el principal sindicado Facundo Chinguel, el sujeto que recibió todo el respaldo por el ex mandatario García Pérez, desnaturalizando las gracias presidenciales, que es una potestad excepcional para liberar a presos sentenciados.
Se concedieron 232 indultos, de los cuales 72 fueron por casos de tráfico ilícito de drogas. Se otorgaron también 5.246 conmutaciones de pena, de las cuales 3.207 fueron a condenados por el delito tráfico de drogas. Del total 400 fueron otorgados a condenados por tráfico ilícito de drogas en la modalidad agravada.
Pero en las cúpulas de poder nacional al parecer están curados de los escandaletes por el tema del narcotráfico, porque en casi todos los partidos políticos los capos de la droga “inyectaron” dinero ya sea para la campaña electoral presidencial o simplemente “patrocinando” a los candidatos congresales o “apadrinando” a las cúpulas de los poderes del estado, porque allì está el centro del mando de las políticas y decisiones nacionales y cualquier instrumentación maquiavélica es siempre necesario, ya sea para neutralizar denuncias en los órganos jurisdiccionales, desviar el debate en los fueros políticos o liberar a sus “compañeros” internados por tráfico de drogas en las cárceles nacionales.
Ad portas de las justas electorales presidenciales, es claro que existe un claro ajuste de tornillos en las diferentes agrupaciones políticas, los cándidos candidatos ya están deambulando entre los grupos políticos con mayor aceptación en las encuestas nacionales.
Se especula que la inscripción oscilará entre los cien mil a cincuenta mil dólares dependiendo el número de la lista congresal en las agrupaciones fujimorista, el estadounidense PPK, César Acuña, Alan García y Alejandro Toledo, mientras que los enanos conspiran con sus propias debilidades intelectuales.
Además que las agrupaciones del orden izquierdista conforman una coalición y aseguran que los apetitos personales estarán expiados, porque serán la única fuerza que proclame los intereses regionales y de los ciudadanos ahora arrinconados con los apelativos peyorativos de antipatriotas o enemigos de la democracia.