RECUERDOS DE PAZ FIRMES Y DURADERAS

Pareciera que ésta fuese la consigna que los politiqueros, gobiernos y militares escogieron para nuestro país desde el 29 de Diciembre de 1996. Han culminado ya 10 AÑOS de la Firma de los Acuerdos Paz y Guatemala sigue de mal en peor. El país sigue hundido y desorientado en situaciones desastrosas porque las políticas colonialistas que regían hasta hace una década no han variado.

Ya no hay un conflicto armado entre el ejército y la guerrilla, sin embargo a diario los asesinatos, amenazas, extorsiones, asaltos siguen afectado a las familias más pobres y el estado no hace nada para dar con los responsables de estos crímenes, se entiende que se convierte en una política distracción del estado mismo.

Los de siempre nos han secuestrado la esperanza, nos han clavado el puñal de la indiferencia y nos han encarcelado las ilusiones del país más justo que queremos. Paz. ¿De que paz se trató? ¿Qué es lo que se puede evaluar del Acuerdo de Identidad y Derechos y Pueblos Indígenas? ¿Qué pueden decir del Acuerdo Global Sobre Derechos Humanos? ¿Qué van a decirnos del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómico y Situación Agraria?. La situación socioeconómica y agraria sigue agudizándose en el campo.

Comenzando que seguimos siendo objeto no sólo de exclusión y racismo, sino también de indiferencia social. De allí que no cambia el 65% de pobreza y el 38% de pobreza extrema, que recae sobre la población maya y campesina. Nos han quitado el derecho a la alimentación (49 % de desnutrición), el derecho a la tierra y nos siguen arrebatando los otros servicios sociales que son indispensables para el desarrollo de nuestras comunidades.

La estructura de la tenencia de la tierra es el problema central de la conflictividad agraria y claramente se relaciona con la pobreza y desnutrición. El acceso a la propiedad de la tierra cultivable por un lado, es privilegio para algunos pocos; y por otro lado, existe una creciente población rural que cada vez tiene menos acceso a la tierra, o sea hay una reconcentración de la tierra en muy pocas manos en la última década.

Los Acuerdos de Paz contemplan una serie de medidas para solucionar el conflicto agrario. Sin embargo, en los diez años desde la Firma de la Paz, estas medidas resultaron inadecuadas e insuficientes o no han sido puestas en práctica por falta de voluntad de los gobernantes influenciada por la iniciativa privada.

El Fondo de Tierras, FONTIERRA, debió ser el mecanismo principal para lograr un cambio en el patrón de la tenencia de la tierra, esta institución esta en una crisis total Según la lógica del Banco Mundial, pretendió dar tierras a campesinos sin o con poca tierra a través de la compra venta. Pero en la práctica no dio resultado por las razones siguientes:

Se compró tierras de mala calidad o desgastada y a precios elevados, de 200 fincas entregadas solo 10% son productivas reconocen las autoridades del FONTIRRAS.

Estando en una situación de endeudamiento, los campesinos y campesinas no logran salir adelante en los proyectos productivos debido principalmente a una asistencia técnica inadecuada. Además de no contar con un capital de trabajo o por la falta de mercados y precios estables.

El trámite en sí es burocrático y complicado porque así lo ha querido el sistema. FONTIERRA no es capaz de formar a técnicos necesarios con orientación académica y con visión y cosmovisión maya. Por ello existe incapacidad para dar acompañamiento a las comunidades y a las organizaciones campesinas, existen más de 2,000 solicitudes sin respuesta hasta el momento.

El funcionamiento de FONTIRRA ha resultado en muchas anomalías administrativas e incluso un sin número de actos de corrupción: compra de fincas inexistentes, registran fincas que no están a la venta, , compra ilegales de propiedad, sobrevaloración de fincas, sin rotación de la junta directiva, etc.

Desde mayo de 1997 hasta mayo 2006 han sido beneficiadas únicamente 224 comunidades, conformadas por 18,269 familias, con un promedio de 4.71 hectáreas por familia, número insuficiente para realmente tener un impacto significante en la situación agraria del país. En los primeros 10 meses del 2006 FONTIERRAS entregó sólo dos fincas a 182 familias. Con este dato se comprueba que la institución prácticamente ha cancelado sus actividades en cuanto al acceso a la tierra en propiedad de los campesinos.

Además de reproducir el minifundio en el país, mantiene a miles de familias endeudadas, sin capacidad de pago por lo que se espera una serie de desalojos de estas familias en los próximos meses y años.

FONTIERRAS reproduce la discriminación específica de la mujer en el acceso a la tierra a pesar de contemplar la emisión de los títulos de propiedad a favor «de los cónyuges o convivientes, jefes de la familia beneficiada» y la pretensión de «estimular la participación de la mujer campesina en forma individual u organizada» (Art. 20 Ley Fondo de Tierras).

El Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, contempla medidas para nutrir al FONTIERRAS con tierras sin la necesidad de la compra, como la recuperación de tierras ilegalmente adjudicadas, la expropiación de tierras ociosas y la venta de excesos de tierras. Sin embargo, ninguna de estas acciones ha sido llevada a cabo en estos 10 años.

Para la resolución de conflictos agrarios se creó la institución CONTIERRA que posteriormente fue integrada en la Secretaría de Asuntos Agrarios. Sin embargo, a pesar de contar en algunos períodos de su existencia con personal motivado, conocimiento y voluntad institucional, nunca ha podido desarrollar una mayor incidencia en la conflictividad agraria por falta de presupuesto y/o fuerzas policíacas en los conflictos a favor de los finqueros.

Otro obstáculo fuerte en cuanto a la resolución de la conflictividad agraria es la falta de una reforma legal en el marco jurídico agrario tal como lo demanda el Acuerdo Socioeconómico y Agrario.

En el 2005 el Congreso de la República aprobó la ley de Registro e Información Catastral RIC, con una serie de vacíos mal intencionados como el manejo adecuado de los excesos de tierras. La regularización de tierras, también asunto de FONTIERRAS, nunca se realizó en zonas más problemáticas del país, como la franja transversal del norte.

La institución no asumió la responsabilidad de revisar las tierras ilegalmente adjudicadas. Tampoco existe un impuesto territorial que pudiera desestimular la tenencia de tierras ociosas o subutilización, que se contempla en los acuerdos.

En estos 10 años no se vio la restitución de tierras comunales y la compensación de derechos de comunidades que históricamente han sido víctimas de despojos de tierras. Hay un compromiso en la protección jurídica de los derechos de las comunidades indígenas de parte del estado contemplado en el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas AIDPI, que se comprometió a desarrollar normas legales que reconozcan a las comunidades indígenas la administración de sus tierras de acuerdo con sus propias normas.

Todo lo contrario, los proyectos de minería a cielo abierto en los últimos años se han realizado en clara violación de los acuerdos sobre el uso y administración de los recursos naturales que subrayan la necesidad de «obtener la opinión favorable de las comunidades indígenas previa a la realización de cualquier proyecto de explotación de recursos naturales que pueda afectar la subsistencia y el modo de vida de las comunidades».

Hemos mencionado algunos de los obstáculos que los gobiernos de estos diez años han incumplido con compromisos que el Estado guatemalteco ha asumido. Desde la firma de los acuerdos de paz hasta la fecha no se han detenido los desalojos violentos, con rasgos de tierra arrasada, la persecución y el encarcelamiento a líderes y lideresas de las comunidades y organizaciones fueron constantes.

La criminalización de las luchas y organizaciones mayas y campesinas, el saqueo de nuestras oficinas fueron otras características de la represión del estado. Concluimos que estas medidas represivas han sido con el beneplácito y participación del estados guatemalteco, violentando totalmente los acuerdos de paz firmados aquel 29 de diciembre de 1996.

Urge retomar el rumbo que señalan los acuerdos de paz. Por eso es que CONIC renueva su compromiso de continuar luchando por al Madre Tierra y el Territorio, contra el racismo y la exclusión, en contra de la pobreza y la miseria. No permitiremos que los proyectos empresariales sigan saqueando y destruyendo nuestros recursos naturales.

El pueblo Maya y los pueblos indígena en general debemos tener acceso al poder político y económico, rompiendo con los mecanismos excluyentes y racistas establecidos o a través reformas que se ajusten a los requerimientos de la actualidad. No esperaremos otros 10 años más. El desarrollo de nuestras comunidades solo se puede lograr con la participación de las mismas comunidades y no con más promesas politiqueras.

¡El rescate de la cultura maya, la lucha por la tierra y el territorio. . . .
Es la lucha por la vida y la paz!

COORDINADORA NACIONAL INDÍGENA Y CAMPESINA, CONIC. Miembro de UASP, Wakib’ Kej, CLOC y Vía Campesina Internacional. CONIC conic2@turbonett.com