Historia de dos fiscales

César Lévano / diariouno.pe
El Perú es un país insólito. Hemos tenido acá un presidente que se comunicaba en vivo y en directo con Dios para favorecer a narcos. Ese mismo gobernante se hizo llamar doctor sin serlo, y fungió de abogado sin que conste que lo sea (en otro momento veremos cómo lo hizo).

Tenemos un rector de universidad que confiesa que durante años no ha leído un libro. Ahora resulta que contamos también con un Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, que incumple sus funciones para limpiar judicialmente a un congresista corrupto.

Por si fuera poco, se acaba de revelar que el anterior fiscal, José Peláez Bardales, el que protegió a Alan García, también resulta comprendido en la red mafiosa de Ancash investigada por el Congreso.

La Comisión parlamentaria que investiga el escándalo Ancash acaba de anunciar que convocará al Fiscal y al exfiscal en calidad de investigados. Una acusación grave contra ellos es que legitimaron operaciones por cientos de millones de soles a favor de cooperativas que emitieron cartas fianza sin tener autorización para ello.

El cargo contra los dos jueces investigados señala dos faltas graves:

1.- Las cooperativas comprometidas emitieron cartas fianza sin tener la autorización del Organismo de Supervisión de Contratos Estatales (OSCE). Tampoco estaban registradas, como manda la ley, en la Superintendencia de Banca y Seguros. No obstante esa burla legal, Peláez y Ramos adoptaron medidas cautelares a favor de las entidades tramposas.

2.- De acuerdo a informe del presidente de la Comisión Investigadora del caso Ancash, Mesías Guevara, las obras emprendidas en Chimbote, Pallasca y otros lugares de la región y que abarcan millones de soles están abandonadas e inconclusas, y las cooperativas involucradas se hallan sometidas a proceso judicial.

De paso, dicha Comisión exhibe una nueva triquiñuela ilegal de esa joya que es el juez Hugo Rodolfo Velásquez Zavaleta, el mismo que intentó librar a su compañero Alan García de las investigaciones de la Megacomisión que lo investigó.

La tinterillada de Velásquez en el caso Ancash ha consistido en que, siendo juez del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, ordena a la OSCE que inscriba a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Finanzas y Garantías Limitada” en la lista de entidades autorizadas a emitir cartas fianza.

No tenía jurisdicción para eso. Probablemente confiaba en el poder abusivo construido en el aparato judicial del país; en un avasallador sistema que anula derechos y rechaza leyes y razones.

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Un Estado en mal estado

 En abril del 2013, la revista estadounidense National Geographic Magazine publicó un amplio y hondo reportaje sobre la mafia de madereros que destruyen bosques, contrabandean y asesinan a orillas del río Ucayali.

Fui el único periodista del Perú que dio cuenta de esa denuncia, documentada y con fotos, que señalaba la complicidad de las autoridades respecto a esos crímenes.

Aquí no pasó nada. En el ínterin, Edwin Chota, dirigente asháninka entrevistado por el reportero norteamericano, denunció que estaba amenazado de muerte. Y aquí no pasó nada.

Ahora Chota está muerto. Él y otros tres líderes de su pueblo han sido asesinados. ¿Hará algo el Estado para investigar y castigar esos homicidios cobardes?

Lo único importante, en el papel, es el nombramiento de un Comisionado contra la tala ilegal. Veremos si los hermosos, gigantescos y valiosos árboles de caoba siguen pasando entre las piernas de los funcionarios.

Hace veinte años, Mariano Grondona, el sumo pontífice del neoliberalismo en la Argentina, estuvo en el Perú. A su regreso en Buenos Aires escribió en La Nación un artículo en que relataba sus diálogos con los neoliberales peruanos (me imagino que fueron con Hernando de Soto, Jaime de Althaus y Pedro Pablo Kuczynski).

Sus amigos de Lima le hablaron, según relató, contra el exceso de Estado en el Perú. Después de recorrer y estudiar el Perú, Grondona los refutó. En el Perú, les replicó, no hay exceso de Estado, sino carencia de Estado.

Jorge Basadre había precisado como fuente de nuestra derrota en la Guerra del Pacífico “el estado empírico y el abismo social”. Señaló también las culpas del Estado oligárquico, ajeno a las necesidades, los intereses y los anhelos del Perú profundo.

Ahora estamos en una nueva etapa del Estado podrido
Nuestro país corre hoy el peligro de convertirse en un Estado amarrado al narcotráfico. Estamos pasando de una suerte de Estado inexistente –salvo para beneficio de los poderosos del delito y del dinero–, del Estado anarco, al Estado narco.

Alan García fue heraldo de esa transición, iniciada por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. El cuantioso negocio de la rebaja por García de sentencias a capos del tráfico ilícito de drogas, pisoteando la Constitución y las leyes, fue una cobertura exterior.

Su tesis sobre “El síndrome del perro del hortelano” fue la teoría, que Ollanta Humala continúa y aplica. Dice aquel engendro de García que hay que abrir la selva amazónica a las grandes empresas privadas.

Para eso, los indígenas amazónicos son un estorbo. Las balas que mataron a Chota y sus compañeros tuvieron ahí su gatillo doctrinario.