Humala quiere encarcelar a quienes aprueben, justifiquen o minimicen los “delitos cometidos por terroristas”

Luis Arce Borja / bolpress.com
Ninguna equivocación cuando dije en 2011 que con Ollanta Humala seguiría la misma abominable política de Alberto Fujimori y de Alan García Pérez. Con su gobierno el Perú ha comenzado a retroceder a las peores etapas de tiranías militares de los años 30 y 50 cuando pensar y opinar era un delito sancionado con la prisión o la muerte.

El actual presidente no solamente asesina a trabajadores y pobladores. Ahora quiere prohibir que los peruanos opinen sobre la historia social del país. Amenaza con reprimir con 8 años de cárcel al que diga, en forma escrita o verbal, que en Perú se desarrolló una lucha armada.

Y peor será para aquel que se atreva a mencionar a Carlos Marx, Lenin y Mao Tse-Tung. Si alguien dice marxismo-leninismo-maoísmo va directo a prisión. El los primeros 11 de gobierno de Humala, 17 pobladores fueron y asesinados, ahora se pasa a la etapa de quemar libros y reescribir la historia reciente del país. El Perú ingresa a la época de la inquisición española.

El 28 de agosto Ollanta Humala presentó al parlamento una propuesta de ley llamada “negacionismo de los delitos de terrorismo”. Esta ley señala que “será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años”, la persona que apruebe, justifique niegue o minimice los “delitos cometidos por integrantes de organizaciones terroristas”. (Léase Sendero Luminoso y MRTA).

Alan García Pérez aplaudió la iniciativa de Ollanta Humala: “Todo el que defienda la violencia o justifique lo hecho por Sendero”, que vaya a la cárcel”, dijo el ex presidente varias veces acusado de robos, mafias y crímenes de guerra. Carlos Tubino, congresista de Fuerza 2011 (el partido de Alberto Fujimori), apoyó la ley negacionista, y dijo que había que castigar a aquellos que intentan “cambiar la historia” a favor de la subversión.

¿Qué hay detrás del negacionismo?
Los medios de comunicación y versiones oficiales han dicho que esta medida tiene el objetivo de sancionar al grupo Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef). Pero ello es contradictorio si se toma en cuenta la trayectoria y actividad política de este grupo.

El Movadef no es ningún peligro para el Estado ni para el sistema. Al contrario es una organización que se ajusta bien al aparato político de los grupos de poder. En las elecciones presidenciales del 2011 hicieron campaña para sostener la candiducha electoral de Ollanta Humala. Lo presentaron como la solución “nacionalista y de izquierda” a los problemas del Perú.

El arrepentimiento de los seguidores de Abimael Guzmán, ha ido más lejos que renunciar a la lucha armada. Reclaman su fidelidad al maoísmo, pero lo dicen desde la orilla de los enemigos del pueblo. Un movimiento surgido de los escombros de la capitulación de sus dirigentes no tiene ninguna perspectiva ni siquiera como partido político reformista y electorero. Al contrario este grupo hace parte ahora de las organizaciones que defienden el Estado y el sistema político corrompido del país.

Este grupo recoge en su organización los retazos de lo que quedó de Sendero Luminoso (SL) después que sus altos dirigentes, incluido Abimael Guzmán, capitularon y traicionaron la lucha armada en 1993.

El Movadef en uso corriente de la jerga política es una organización electorera inserta en el corrompido sistema electoral peruano. Se mueve exclusivamente en el terreno electoral y se presenta sumiso a las leyes del Estado. Dicen que su “guía ideológica “es el “marxismo-leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo” y muestran la misma fidelidad a este “pensamiento” cuando traicionaron la revolución precisamente en nombre de este “pensamiento”.

Los dirigentes de este grupo han manifestado su arrepentimiento de la guerra popular, señalando que “esa guerra nunca debió ocurrir”. Han dicho también que Abimael Guzmán (presidente Gonzalo), espera una oportunidad para hacerse una autocrítica pública. “Hoy no corresponde lucha armada sino lucha política”, dice el Movadef.

La consigna política principal de este grupo es buscar una solución política que se concretaría en una “amnistía general para civiles, policías y militares”. Con este planteamiento este grupo se pone de espalda a miles peruanos que sacrificadamente perdieron la vida en la lucha armada (1980-2000).

El perdón, que pide el Movadef, para militares criminales, policías y civiles involucrados en matanzas masivas de la población es una renovada traición histórica-política. Una cosa es luchar por la libertad de ex combatientes que tienen decenas de años en prisión y otra cosa es defender los crímenes del Estado y de las fuerzas represivas.

En la amnistía y perdón que exige el Movadef, estarían comprendidos, el mafioso Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, Agustín Mantilla y hasta el mismo Ollanta Humala, además de 200 altos oficiales de las fuerzas armadas acusados de secuestros, torturas y asesinatos de ciudadanos peruanos.

¿Qué es lo que ocurre entonces?
El “negacionismo” que quiere imponer Ollanta Humala tiene un objetivo mas amplio y aun mas reaccionario que reprimir el electorerismo del Movadef. El “negacionismo antiterrorista” va contra cualquier principio de democracia burguesa. Atenta contra el libre pensamiento, la libertad de opinión, y pretende negar la historia de este país.

Con esta ley se intenta borrar la memoria histórica los hechos ocurridos entre 1980 y el 2000, cuando el Partido Comunista del Perú (PCP) conocido como Sendero Luminoso tenia como objetivo, no la capitulación, sino mas bien la destrucción del Estado y la conquista del poder.

Algo parecido hicieron los españoles en 1781 después de la derrota de la rebelión de Tupac Amaru. El nombre del revolucionario peruano fue prohibido en todo el virreinato. Quien se atrevía a mencionar a Tupac Amaru, era apresado o muerto en el acto.

El temor del gobierno no es el actual Sendero Luminoso devenido en manso carnero, pacifista y electorero. El miedo de Ollanta Humala y de los militares es la experiencia de lucha armada, que al margen de sus errores ideológicos y la capitulación, logró convertirse en un movimiento que movilizó a miles de campesinos y trabajadores en torno a un proyecto de captura del poder.

Sendero Luminoso, cuando aun era revolucionario, mostró con acciones guerrilleras, que las masas pobres del Perú están listas para tomar las armas y luchar para liquidar el sistema de explotación.

El proceso de lucha armada (1980-2000) dejo en evidencia la estafa que ocultan los procesos electorales, cuyos candidatos a alcaldes, parlamentarios y a la presidencia, solo son montajes para engañar al pueblo y prolongar el sistema político corrompido de este país.

El impacto de la guerrilla maoísta en la vida política desenmascaró para siempre las poses de revolucionarios que adoptaban diversas organizaciones de la izquierda oficial que desde el primer dinamitazo de la subversión en 1980 transformaron su actividad política en acciones de soplonería y de colaboración con los planes contrainsurgentes de las fuerzas armadas.

La guerrilla de Sendero Luminoso hizo ver que los partidos de “izquierda” hablan mucho de lucha social, de reivindicaciones y hasta de socialismo, pero en lo concreto son cómplices y socios de los peores regimenes civiles y militares. Desde el parlamento, municipios, ONG, y otras instituciones, estuvieron de lado de los militares.

La subversión mostró la podredumbre y la bancarrota moral de las fuerzas armadas del Perú y de las elites políticas. Ahora nadie duda que los militares, campeones de crímenes contra masas sin armas, son miseria humana, cobardes, desertores frente un pueblo armado y decidido a luchar por su liberación.

El “nagacionismo” peruano muestra nuevamente el grado de lumpenizacion de los grupos políticos que gobiernan este país. Esta ley es la exteriorización de la creciente militarización del país.

Si con el gobierno de Alberto Fujimori la presencia de los militares fue escandalosa, ahora con el actual régimen las fuerzas armadas, vuelven a situarse en la cima del poder del Estado. Con la ley “nagacionista” se pretende escribir la historia peruana como si se tratara de un manual militar.

En este manual la lucha armada (1980-2000) se convierte en una vulgar acción terrorista sin ninguna dirección política ni perspectiva de poder. En este libreto contrainsurgente, las fuerzas armadas son presentadas como heroicas y protectoras de la nación, la patria, la democracia y la paz. Por ello, centenas de militares acusados de crímenes de guerra no son juzgados y son protegidos por el Estado.

El mismo “capitán Carlos” (Ollanta Humala), acusado de secuestros, torturas y asesinatos durante el fujimorismo se da el lujo de estar sentado en el sillón presidencial. Es por ello también que los militares de la operación Chavín de Huantar, que asesinaron a sangre fría a 14 miembros del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) han sido premiados y declarados héroes y hasta ahora son defendidos y protegidos por el gobierno.

¿Por qué el temor de la historia?
El gobierno y las fuerzas armadas son concientes de que una experiencia guerrillera como la que vivió el Perú es un fenómeno histórico que se impregna en la personalidad y en la moral del pueblo. Deja huellas imperecederas y fortalece las perspectivas de nuevas luchas contra la opresión y el imperialismo.

Si bien es cierto, que la lucha armada, a causa de las desviaciones y capitulación de sus dirigentes, no cumplió su objetivo por el que combatieron las masas, ello no disminuye su dimensión histórica como ejemplo para futuras luchas revolucionarias.

La crisis del capitalismo a nivel mundial, la militarización de los países latinoamericanos, el aumento de la pobreza y marginación en los países pobres, y la bancarrota de los grupos de poder en Perú crea un marco social y político favorable para la potencialización futuras de grandes luchas populares de liberación.

En el caso peruano, una nueva contienda por el poder, pasa entre otras cosas, por sacudirse del viejo Sendero Luminoso y sus deformaciones ideológicas-políticas. No habrá avance de calidad mientras no se eche a la basura esa desviación metafísica y antimarxista que se llama “pensamiento Gonzalo”. Rechazar el culto a la personalidad” y construir un partido revolucionario sin propietario individual ni sujeción incondicional al jefe.

Oponerse a la falsificación de los hechos pasados, y rescatar la memoria histórica del pueblo, es una forma de luchar contra la opresión y el imperialismo. Rescatar la historia social y confrontarla a la historiografía de los cuarteles, se inscribe también en la lucha de clases y en los combates por el socialismo.

La lucha armada en Perú, no fue una acción terrorista. Fue un proceso revolucionario ligado la lucha de clases y las reivindicaciones históricas del pueblo. Fue una contienda política y militar por el poder del Estado. Esto es una verdad incontestable, que ni el “capitán Carlos”, ni las fuerzas armadas podrán borrar de la memoria de los peruanos.