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¿La justicia contra la pared en España?
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El proceso por supuesta prevaricación al que es sometido el juez Baltasar Garzón en su país por el solo hecho de haberse atrevido a investigar los sucesos y crímenes de la guerra civil y durante el régimen de Francisco Franco ha colocado a la justicia española contra la pared.
Garzón, de 56 años, es uno de los magistrados de mayor prestigio en España y en el mundo al haber desarrollado procesos contra ex miembros de la dictadura militar que asoló Argentina entre 1976 y 1983 y pedido en octubre de 1998 en Londres, con la ley en la mano, la detención del ex dictador de Chile general Augusto Pinochet.
El objetivo de Garzón, que finalmente no pudo lograr, era que Pinochet sea extraditado a España para que sea sometido a un proceso bajo la acusación de ordenar varios crímenes contra ciudadanos chilenos y algunos españoles cuando encabezó un cruento mandato desde 1973 que derrocó al entonces presidente Constitucional, Salvador Allende.
Ahora la justicia se ha volcado contra él y lo que representa para el imperio de la ley al ser acusado de no haber acatado la Ley de Amnistía de 1977 y de haberse declarado con la suficiente competencia para investigar la desaparición y crímenes de más de 100.000 personas durante la dictadura franquista y la Guerra Civil.
Garzón sustentó su investigación con acusaciones de delitos de lesa humanidad contra Franco y cerca de medio centenar de ex altos funcionarios de su régimen cuando estaban a cargo del poder en España.
La decisión del magistrado, justificada de lejos por el objetivo legal y humanitario que buscaba, le valió ser suspendido hace dos años como juez instructor de la Audiencia Nacional española, lo que se convirtió en la primera cobranza que le hacían sus detractores incrustados en grupos fascistas de esa nación europea.
En la actualidad esos grupos están encabezados principalmente por el pseudosindicato ultraderechista denominado Manos Limpias y la asociación ultraderechista Libertad e Identidad.
Ambas organizaciones se han rasgado las vestiduras para llamar al respeto a la ley por encima de procesos que iban a aclarar un borrascoso pasado plagado por sangre y crímenes en la dictadura de Franco (1939-1975) y en la Guerra Civil española entre 1936 y 1939.
La defensa de Garzón ha denunciado la indefensión en que se encuentra el magistrado de cara a las acusaciones y señaló que el objetivo del proceso es acabar no sólo con la carrera profesional de su defendido, sino sentar la mano a todo aquel que ose investigar hechos sangrientos contra la democracia y la humanidad en España.
Los detractores de Baltasar Garzón han exigido al juez a cargo del caso una inhabilitación del juez por 20 años de ejercicio profesional, lo que marcaría el fin de su vida como autoridad judicial.
El proceso ha generado en el mundo acciones de respaldo a favor de Garzón y de repudio a las organizaciones fascistas que quieren impedir una investigación sobre hechos que la humanidad necesita saber, aunque los acusados de esos hechos ya estén fallecidos.
Representantes de organismos internacionales han movilizado a sus miembros para denunciar al mundo el exceso que se pretende cometer contra Garzón para acabar con todo intento de investigación de casos de ex dictadores que sembraron el terror en el mundo.