Fortunato Esquivel. katari.org La aún vigente ley, aprobada por el gobierno neoliberal de entonces reordenó el espectro radioeléctrico, aunque la verdad fue una genialidad para hacer desaparecer las emisoras sindicales, que eran los únicos medios opositores. Desde entonces, todos fueron igualados a una licencia por veinte años, al tiempo que se decretaba la licitación de frecuencias. El plazo de veinte años terminará en 2017, pero para entonces estará vigente la nueva ley a ser analizada desde esta semana. Las autoridades adelantaron que el reparto de frecuencias, será de 33% para el sector privado, 33% para el público (gobierno, gobernaciones, municipios y universidades públicas) y 34% para las radios comunitarias y los pueblos originarios y campesinos. En la actualidad, el 98% de las frecuencias están en manos del sector privado cuyo privilegio, les permitió construir verdaderos “latifundios mediáticos” que les garantizaron poder político para manipular la opinión pública. La norma a ser consensuada está referida al reparto de frecuencias en radio y televisión, pero su sólo anuncio movilizó a los dueños de estos medios quienes acaban de “denunciar” presuntas afecciones a sus intereses. El líder de los propietarios de radios es un ex empleado de la embajada norteamericana y hábil productor de programas en La Voz de América. Éste, dijo que la norma pretende dividir las frecuencias en grupos sectarios. La nueva Ley de Telecomunicaciones, normará adecuadamente la posesión de frecuencias. Tendría que evitar que banqueros y grupos económicos poderosos accedan a las mismas, pues éstos los utilizan para sustentar su poder, toda vez que los medios son elementos estratégicos que tampoco pueden estar en manos de extranjeros. En esta época de cambios, los medios deberán estar al servicio y beneficio general de todos los bolivianos a través de una comunicación libre, equitativa, participativa e incluyente que atienda las aspiraciones de los pueblos cuyas luchas por verdaderos cambios vienen desde tiempo atrás. Si nos fijamos atentamente en la actualidad, nos convenceremos que los medios sirven a las oligarquías. Son sus instrumentos de dominio y sometimiento en beneficio de sus propios intereses, razón por demás suficiente para confiar en que la norma que pronto será acabada en el parlamento, terminará con el patrimonio de la oligarquía para pasar a propiedad de todos los bolivianos. Los monopolios llegan a su fin De ser aprobada con prontitud la Ley de Telecomunicaciones, acabará con la vigencia neoliberal que en líneas generales apenas completará catorce años de vigencia y un desorden en las frecuencias repartidas y en los contenidos principalmente de las radios que pasan de mil y de las estaciones de televisión que oscilan por los quinientos canales. Las oligarquías mediáticas Red Uno En el campo empresarial, está ligado a exitosos negocios en la banca, la red de supermercados Hipermaxi, frigorífico Fridosa, industrias Kupel, ganadería a gran escala, empresario exportador de soya, bienes raíces y establecimientos educativos, entre otros. Red PAT Pero, las imparcialidades, no parecen tener mucho futuro en este país y esta red se fue inclinando hacia el neoliberalismo, deslizándose hasta acabar en manos del empresario de orígenes árabes Abdalá Daher, cuyos intereses, entre otros, están ligados a las importaciones electrónicas. Daher no es conocido en el campo político y el único escándalo que se le atribuye es el haber sido presionado a contribuciones por Eduardo Rosza Flores contratado para liderar el separatismo de Santa Cruz. Red UNITEL Su red mediática tiene mucho que defender pues los Monasterios, están ligados a enormes empresas bancarias, fábricas de gaseosas, heladerías, producción de alcohol y derivados, estancias ganaderas (cría de ganado de raza Nelore), importación de muebles, administración de la Zona Franca Zoframaq (Puerto Suárez), entre otros intereses. Los intereses existen, claro que sí Los parlamentarios que tratarán la nueva Ley de Telecomunicaciones, están obligados a analizar si los medios deben estar en manos de poderosos empresarios cuyos intereses pueden torcer la opinión pública, si logran la colaboración de escogidos manipuladores, que de haber, sí los hay. |