cambio.bo Así entiende Licarión Soto Mamani, el secretario de Educación y Cultura y presidente de la Comisión Social de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la importancia de contar con una ley de derechos lingüísticos. Ayer, el bloque educativo indígena originario presentó al vicepresidente Álvaro García el proyecto de Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas. La propuesta, adelantó el Segundo Mandatario, será socializada y derivada a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento y “aprobación inmediata”. Soto explicó que la propuesta fue generada por la CSUTCB, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (Conamaq), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígena Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS). Además de los Consejos Educativos de Pueblos Originarios de Bolivia (Cepos), en coordinación con los ministerios de Educación, Cultura y las universidades indígenas, entre otras entidades. La iniciativa se respalda en el reconocimiento constituido de las lenguas y las culturas en el Estado Plurinacional y el impulso de la Ley de la Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez, que en su artículo 88 establece la creación del Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas, que será descentralizado del Ministerio de Educación y se encargará de desarrollar los procesos de investigación lingüística y cultural. Soto explicó que desde hace más de 10 años, tras la creación de los Cepos, considerados el brazo técnico de las organizaciones sociales en educación, se fueron construyendo las bases de la propuesta a partir de las 36 lenguas y de todos los pueblos. “(Hemos seguido) el proceso de socialización en las 36 lenguas y en todos los pueblos de todas las organizaciones sociales, donde hemos conjuncionado para tener un proyecto de ley consensuado y listo para entregar a la Asamblea Legislativa”, señaló. CONTENIDO DEL PROYECTO Entre otras prescripciones, declara los idiomas indígena originario campesinos como “patrimonio oral, intangible, histórico y cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. También delega al Estado la atención prioritaria a los idiomas en “peligro de extinción”. A su vez, exige el “uso obligatorio” de las lenguas originarias en las instituciones públicas y privadas, como establece la Constitución. En el sistema de educación, señala que el estudiante monolingüe tiene el “derecho y la obligación” de aprender el idioma indígena originario campesino predominante en la región, como segunda lengua. Respecto a la educación superior, establece que en etapa de formación se promueva el uso oral y escrito de los idiomas indígenas en todo el proceso pedagógico y se documente. Entre las propuestas novedosas se cuenta la incorporación de las lenguas nativas en las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC) para el desarrollo. En el campo de los medios de comunicación, se propone que en el marco de los derechos al lenguaje en los medios se pluralice la información oral y escrita, así como se ejerciten los derechos de los hablantes a expresarse en su propia lengua. Al precisar los alcances en el ámbito del servicio público, plantea que se planifique la cantidad de funcionarios en función de la demanda de la población, lingüísticamente hablando. Asimismo, se ponderará la contratación de funcionarios competentes comunicativamente en idiomas originarios. Otra iniciativa del proyecto se refiere a traductores gratuitos de idiomas nativos en los procesos judiciales. La decisión política del gobierno de Evo Morales de apoyar a la futura norma, de acuerdo con el Vicepresidente, se sustenta en el artículo cinco de la Constitución, donde se estable que así como el castellano es oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, lo son también todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originarios asentados en la geografía nacional. Se debe reconocer la escritura indígena de los nombres La toponimia se refiere al uso de los nombres propios de un lugar, la zoonimia es el conjunto de los nombres de animales de una región y la fitonimia se relaciona con los nombres originales de las plantas. La propuesta presentada determina que “la sociedad civil, militar, policial, las entidades eclesiásticas y todas las instancias del Estado Plurinacional están obligadas a respetar y promover el uso y desarrollo de los nombres que identifican a las personas en idiomas indígena originario campesinos”. Como uno de los mecanismos de reconocimiento —señala el proyecto— está el “desarrollo de manera progresiva de la escritura normalizada de los idiomas, recuperando las toponimias, zoonimias y fitonimias. Además, señala que “cualquier traducción a otros idiomas debe evitar las denominaciones confusas o despectivas, o no aceptadas por los propios interesados”. Según Licarión Soto Mamani, secretario de Educación y Cultura de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, por la discriminación muchos indígenas sufrieron un rechazo, por su manera de hablar o el uso de nombres nativos, que llevó “incluso al cambio de nombres y apellidos”. Pueblo mojeño recupera su antiguo idioma Hoy, San Ignacio de Mojos, Beni, defiende orgullosa su lengua, denominada “mojeño ignaciano”, que goza de buena salud pese a que proviene de una familia lingüística no conocida. Las vocales de la lengua mojeña son cuatro: a, e, i, u, y su alfabeto consta de 20 letras, según establece la compilación del libro Alfabetos Normalizados del Ministerio de Educación. “Somos de raíces bien mojeñas… hasta nuestros apellidos son mojeños”, cuenta Flora Moy, quien está empeñada en que sus nietos aprendan el idioma de sus abuelos y tatarabuelos. Los abuelos aún narran las aventuras del antiguo cacique Yucu, en lengua mojeña, y usan para sí el achu, una máscara de madera que representa al conquistador español de quien se mofan en fiestas patronales. Causas en el proceso de extinción Éstos son parte de los argumentos que expresó Licarión Soto Mamani, ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), en el marco de la presentación del proyecto lingüístico realizado ayer. Un mecanismo de preservación, explicó Soto, se dará en el terreno educativo, donde se espera que se generen textos. “En la ley se pide que a partir del currículo regionalizado se implemente progresivamente la educación lingüística”, señaló. Esperamos que se produzcan textos en el ámbito educativo, “textos con inter e intraculturalidad”, explicó el ejecutivo de la CSUTCB. LENGUAS Y POBLACIÓN Pueblo Población |