¿Perseguidos políticos?

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El escenario político de los últimos tiempos se ha visto plagado con el fácil argumento de declararse un perseguido político cuando se trata de lograr la solidaridad de la población para no responder ante la ley sobre acusaciones que pesan en contra de algunos dirigentes políticos regionales.

Ésos son los casos de los ex prefectos de Pando, Tarija, Beni y Santa Cruz, Leopoldo Fernández, Mario Cossío, Ernesto Suárez y Rubén Costas, respectivamente, en el pasado inmediato visibles cabecillas de procesos de conspiración política para desestabilizar la democracia con acciones de violencia protagonizadas con virulencia después de agosto de 2008.

Fernández está recluido en la cárcel de La Paz desde septiembre de 2008 tras ser acusado por el Ministerio Público de ser el autor intelectual de la masacre de más de una decena de campesinos en la población pandina de Porvenir.

Sobre Cossío pesan acusaciones de irregularidades administrativas cometidas durante su gestión como prefecto de Tarija. Ante la fuerza de las evidencias legales, Cossío prefirió huir a Paraguay para solicitar refugio político en 2010.

Los casos más recientes son los de los gobernadores de los departamentos del Beni y de Santa Cruz, Ernesto Suárez y Rubén Costas. El primero fue suspendido ante la acusación existente en su contra en uno de los 13 casos de irregularidades administrativas que pesan sobre él, entre ellos uno por haber autorizado el uso de recursos estatales de manera irregular.

Suárez se ha rasgado las vestiduras al manifestar que ese proceso lo ha movido el Gobierno, cuando en realidad fue el Ministerio Público el que realizó las investigaciones, por lo que un juez debe definir su situación las próximas horas.

Lo mismo pasa con el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, quien debe responder a una orden de aprehensión por desacato en un proceso iniciado por el fiscal Marcelo Soza, quien sufrió una serie de improperios públicos.

Todos ellos, muy sueltos de cuerpo, han salido a la arena pública para declararse “perseguidos políticos” a fin de burlar la acción del Ministerio Público y de los juzgados antes que responder a las acusaciones en el marco de la ley.

Según la Ley de Autonomías, si alguna de las autoridades es imputada por un delito puede ser suspendida de sus funciones.

Recuérdese que los cuatro políticos impulsaron las actividades de una denominada ‘media luna’ que desde enero de 2006, fecha de inicio del Gobierno del presidente Evo Morales Ayma, encabezó movimientos opositores para derrocar al presidente Evo Morales, en un franco desconocimiento de la voluntad del pueblo que votó en forma mayoritaria en diciembre de 2005 para que el líder indígena asuma el mando de la nación, en un hecho inédito en la historia política del país.