Cumbre de los Pueblos

El 14 de mayo fue inaugurada en Madrid, España, la Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas IV, cuyos objetivos centrales son denunciar públicamente los crímenes cometidos por las empresas transnacionales y los impactos de sus actividades sobre los derechos económicos, sociales y culturales, y desnudar la corresponsabilidad de la Unión Europea, dado que sus instituciones y sus políticas favorecen el aumento del poder de las compañías multinacionales.

Y en el marco de esa cumbre, la Red Birregional Europa-América Latina y el Caribe, junto con el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), ha llevado a cabo dos sesiones del tribunal sobre “Políticas neoliberales y transnacionales europeas en América Latina y el Caribe” —en Viena (2006) y en Lima (2008)—, donde se expusieron las violaciones de los derechos humanos, laborales y ambientales cometidas por más de 25 empresas transnacionales con base en la Unión Europea y sus subsidiarias.

Con la sesión del TPP de Madrid se cerrará una etapa y se abrirá otra. Será un momento para visibilizar lo acumulado en Viena y Lima. La evidencia reunida, la experiencia de las campañas realizadas y el avance conceptual de los diferentes tribunales organizados entre mayo de 2006 y mayo de 2010 será la base para avanzar hacia nuevas articulaciones y campañas que busquen desmantelar el poder de las transnacionales, como forma de proteger a los pueblos y al planeta en el que vivimos, y caminar hacia un buen vivir y convivir global.

La Cumbre de los Pueblos recogió la acusación de la organización social española Ceiba en contra de las actividades que desarrolla en Brasil la empresa Agrenco Group —con sede en los Países Bajos—, cuya filial Agrenco do Brasil, financiada por la banca europea, viola los derechos humanos, provoca el deterioro ambiental y presiona el desplazamiento de las poblaciones locales en el estado de Mato Grosso.

Por eso la Unión Europea tiene responsabilidad en el menoscabo que los sistemas de producción de agrocombustibles causan en los derechos de los pueblos indígenas. Además, la deforestación, la contaminación del suelo y de las aguas provocadas por el monocultivo de soya atentan contra el derecho a la alimentación, al agua, a un medio ambiente sano, a la salud, a la libre determinación de los pueblos.

A esto se suma que Agrenco Group se beneficia de programas brasileños —producto de un acuerdo firmado con la UE en 1992— y del estado de Mato Grosso para la producción de biodiésel. Para valorar la cuestión es importante saber que el gobernador de ese estado, Blairo Maggi, es uno de los mayores productores de biodiésel del mundo. Es decir, el Gobernador de marras adecúa a sus intereses la administración de un inmenso territorio.

Otra de las denuncias apunta a la multinacional europea Aguas de Barcelona, que opera en México. La gestión privada de esa corporación ha causado la sobreexplotación de los acuíferos en el municipio de Saltillo, ha deteriorado la calidad del agua y ha impactado sobre los derechos económicos, sociales y culturales de la población más pobre al hacer inaccesible el servicio de agua potable.

Además, la expansión de monocultivos constituye un elemento importante en el deterioro de la calidad de las tierras y del medio ambiente. Los cultivos de caña de azúcar de la multinacional francesa Louis Dreyfus amenazan la existencia del pueblo guaraní kaiowá, en Brasil.

Esa compañía se ha expandido rápidamente por varios estados brasileños adquiriendo ingenios azucareros y ha ampliado las fronteras de los monocultivos de caña de azúcar. Esta situación ha incrementado la violencia sobre ese pueblo indígena por parte de los latifundistas. También ha impactado en la conservación de ecosistemas tan valiosos como el Pantanal, declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.

La Cumbre de los Pueblos de Madrid también recibió una denuncia contra la multinacional española Pescanova, en Nicaragua. Se la acusa de la destrucción social y ambiental irreparable generada por la explotación pesquera, que tiene efectos en los manglares nicaragüenses, sin tomar en cuenta que estos ecosistemas son la fuente de la seguridad alimentaria de miles de familias en la zona del Estero.

No obstante, las acusaciones contra la UE no sólo tienen relación con la defensa del medio ambiente, sino también de la salud. Organizaciones sociales de Brasil, Perú, Colombia y Ecuador revelaron que la UE viola el derecho humano que tienen sus poblaciones a la salud y a la vida.

La aplicación de un reglamento relacionado a la propiedad intelectual ha permitido a las autoridades aduaneras europeas incautar los medicamentos genéricos en tránsito por sus puertos bajo la acusación de presunta violación de patentes. Entonces, ¿dónde queda el derecho a la vida?

Y la Red de Acción en Agricultura Alternativa del Perú ha señalado a la multinacional alemana Bayer de ser responsable de la intoxicación de 44 niños y niñas de la comunidad tauccamarca, 24 de ellos perdieron la vida. Aun así el Congreso peruano no les ha dado respuesta a su solicitud de justicia, ni tampoco han obtenido resultados en los tribunales.

En ese contexto y bajo el lema Contra la Europa del capital, la guerra y sus crisis, miles de activistas de unas 400 organizaciones políticas, sociales, sindicales, juveniles y feministas –procedentes de Latinoamérica y del Viejo Continente– denunciaron el capitalismo que Europa persiste en exportar a los pueblos del Sur, mediante los proyectados acuerdos de libre comercio y la consolidación de sus empresas transnacionales que atentan contra la Madre Tierra y los pueblos indígenas, pero fundamentalmente desprecian la vida porque atentan contra ella.