Distintas lecturas de la autonomía tensiona relaciones entre el gobierno e indígenas del Oriente

Katerin Brieger Valencia
Dos lecturas distintas sobre el alcance de la autonomía indígena se ha convertido en un factor de tensión entre el gobierno y los pueblos indígenas del oriente nucelados en torno a la CIDOB. La marcha continúa y el gobierno asegura que no negociará nada que vaya contra la Constitución Política del Estado.

Alrededor de 500 indígenas pertenecientes a las tierras bajas del norte y oriente del país han iniciado un recorrido de cerca de 1 mil 500 kilómetros desde la ciudad de Trinidad con rumbo a la ciudad de La Paz.

La caravana está encabezada por Ernesto Noé, quien es reconocido por haber participado hace una década en la marcha por “dignidad y territorio”, que en 1990 obligó al gobierno de turno a reconocer el derecho a los territorios ancestrales de algunos pueblos indígenas. El líder cuenta con 69 años en la actualidad y es una de las principales figuras que resalta en la caminata.

El recorrido, que tiene prevista una primera escala en la ciudad de Santa Cruz, urbe a la cual tienen planeado llegar en un lapso de entre dos a tres semanas y lugar desde el cual se retomará la caminata hasta la sede de gobierno por la carretera nueva que conecta el eje central de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

Esta medida busca exigir al Gobierno que en el proyecto de la ley marco de autonomía sean incluidas sus demandas antes que ingrese al debate en el plenario de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La movilización inició con un número de 400 campesinos amazónicos y va engrosando sus filas a medida que personas de diversos poblados por los cuales pasa la marcha se unen a la demanda.

El apoyo recibido ayuda a palear algunas de las bajas que han ido registrando a partir del segundo día de caminata, las cuales se concentran principalmente en mujeres, niños y personas de la tercera edad.

Demandas
La movilización tiene el propósito de exigir al gobierno la “autonomía plena” y el incremento de la representación del sector en la Asamblea. Una petición iniciada hace algunas semanas y que tiene puntos que se encuentran en contraposición al actual proyecto de ley de autonomías.

Los indígenas de tierras bajas exigen que la potestad autonómica respete sus territorios ancestrales, incluso por encima de los límites departamentales y municipales; otra de las demandas versa que el estado les asigne directamente recursos para administrar esta facultad a través de la posibilidad de aprobar sus propios estatutos según sus costumbres y no a través de referendo.

“Esta marcha es para que el Gobierno atienda nuestras demandas, no puede haber autonomías indígenas, sin competencias claras ni recursos económicos” aclaró el líder campesino y dirigente de la CIDOB, Adolfo Chávez.

Según más declaraciones de Adolfo Chávez dentro de sus reclamos figura además la elaboración de delimitaciones de sus territorios, el respeto a la consulta indígena, principalmente relacionada a la coordinación en temas de recursos naturales y su explotación y la construcción de vías o carreteras por sus poblados.

La posición del Gobierno
El ministro de Autonomías y Descentralización, Carlos Romero, respondió con la aseveración que el Gobierno cumplió con todos los compromisos contraídos y que la petición de “autonomía plena” no es plausible de la manera en la que demandan los miembros de la CIDOB porque presenta puntos que se contraponen con la Constitución Política del Estado vigente.

El ministro Romero sostuvo que las propuestas de la CIDOB no pueden ser contrarias a la Constitución Política del Estado, y que pese a las movilizaciones hasta la ciudad de La Paz las demandas que no se enmarcan en la Carta Magna no serán atendidas.

Romero puntualizó además que las demandas de la CIDOB “no solamente no se enmarcan en la legalidad instituida en el país, sino que agreden derechos de otros actores porque el acceso a las tierras no es un derecho exclusivo de los pueblos indígenas, sino de los campesinos y de otros sectores”.

En la misma línea el ministro de la Presidencia, Óscar Coca, señaló que las demandas de los indígenas tienen criterios que están fuera de la Constitución, y cerró la posibilidad para discutir estos temas.

Isacc Ávalos, senador del Movimiento Al Socialismo y ex líder campesino, indicó que la marcha “no tiene justificación” y que “está demás” debido a que no existe ninguna oposición a la distribución de tierras saneadas y reiteró que el derecho de distribución de la tierra de los Territorios de Comunidades Indígenas (TCO) debe tener una distribución más igualitaria para que no se generen nuevos latifundios con algunos territorios.

“Nosotros vamos a defender también la tierra fiscal para que sea distribuida entre ambos sectores, y porque no, también que tengan acceso incluso gente de la ciudad que no tiene tierras y que quiere tener actividad en el campo, para desarrollar una labor productiva, también se les distribuya”, indicó a medios de prensa el senador Ávalos.

En relación al tema de territorios, otro de los puntos que inquieta al Gobierno es que los asentamientos de poblaciones indígenas perjudiquen la sostenibilidad de parques o reservas de vida silvestre, las cuales constituyen el patrimonio nacional.

USAID, la manzana de la discordia
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por sus siglas en inglés fue acusada de propiciar, una vez más, el separatismo dentro de la región boliviana, luego que el presidente Morales reiterase su amenaza de expulsar a esta organización por “perjudicar el proceso de cambio” y por la sospecha de que está brindando apoyo a la marcha iniciada el pasado lunes a través de la manipulación.

El presidente Morales reiteró su descontento con esta agencia estadounidense y advirtió durante un discurso que “si sigue USAID financiando mediante algunas ONG a algunos hermanos dirigentes del campo y la ciudad, de verdad no me temblaría la mano (para) expulsar a USAID y todos esos instrumentos del imperialismo que quieren perjudicar a este proceso de cambio”.

La CIDOB es uno de los sectores estratégicos del Movimiento Al Socialismo en la región amazónica de Bolivia, lo que lleva al gobierno a creer que existen otro tipo de fuerzas que impulsan la caravana hacia la sede de gobierno.

En la misma línea, César Navarro, viceministro de coordinación indicó que “la intencionalidad es deslegitimar a las organizaciones indígenas y crear un clima de conflicto y enfrentamiento entre el gobierno y las organizaciones indígenas y sociales y eso nos demuestra un comportamiento altamente político”, cuando se refirió a la posible injerencia de agentes externos y contrarios al gobierno.

Pese a las acusaciones, el presidente de la CIDOB desmintió cualquier vínculo con USAID u otras Organizaciones No Gubernamentales y argumentó: “los indígenas no necesitamos de ninguna organización que nos ayude, podemos solos hacer prevalecer nuestros derechos, porque desde hace años venimos luchando de manera unida por nuestras demandas”. Incluyó a esta afirmación la petición de que miembros del gobierno se apersonen a la marcha para verificar las condiciones en las cuales se maneja.

La ley del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) ya fue aprobada, a esta le siguen otras cuatro normas que se espera puedan ser entregadas pronto; a estas pertenece la cuestionada Ley Marco de Autonomías, la Ley de Hidrocarburos, seis reglamentos referidos a la consulta previa y derechos de servidumbre y compensaciones. Este paquete de normas debe ser aprobado hasta el 22 de julio.