diariolaprimeraperu.com Según detalló Miguel Jugo, directivo de la Asociación Pro Derechos Humanos, la salida de Olazábal afectará directamente las pesquisas ya que desde el inicio de las investigaciones Olazábal gestionó la exhumación de los 123 comuneros de Putis asesinados por un escuadrón militar en 1984. Además, recogió testimonios de los testigos, solicitó al Ministerio de Defensa información sobre los responsables sin obtener respuesta positiva, participó en la elaboración del informe sobre las inhumaciones, etc. “Ella impulsó muchas diligencias, conoce el tema mucho más que los otros integrantes de su fiscalía; si la sacan y ponen a otro fiscal seguirá demorando la denuncia del caso al Poder Judicial, porque quien la reemplace se tomará su tiempo para empaparse del caso. Respaldamos a la fiscal Olazábal por la labor realizada y lamentamos que siendo tan eficaz haya sido denunciada. Puede ser sacada en cualquier momento, sin esperar que termine el proceso penal en su contra, por el solo hecho de tener una denuncia. Es una manera de amedrentar a los buenos fiscales”, dijo Jugo. A su vez, Milton Campos, abogado de la Asociación Paz y Esperanza, que patrocina a los deudos de Putis, señaló que el trabajo de Olazábal ha sido fundamental para que el caso no quede estancado. “En 2001 es presentada la denuncia, pero las investigaciones comienzan cuando el caso llega a despacho de la fiscal Olazábal. Ella impulsó la exhumación de los restos, que finalmente se realizó en 2008, y gracias ella fue superada la berrera del idioma quechua. Ella prácticamente ha dirigido la investigación sobre esta matanza; y tememos que sea retirada del caso y que estas muertes queden impunes”, indicó el letrado. |