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SALVEMOS LA AMAZONIA Y A LOS PUEBLOS QUE CUIDAN DE ELLA
Por: Marco Arana Zegarra
Desde la segunda semana de abril, los pueblos amazónicos están nuevamente en pie de lucha pidiendo la derogatoria de los decretos legislativos que amenazan la propiedad colectiva de las tierras de las comunidades y a la vez entregan grandes extensiones del territorio amazónico al saqueo y la contaminación de las empresas petroleras y mineras.
El gobierno de García, apoyado en un premier que supuestamente defendía derechos humanos y la justicia social; de un ministro ambientalista que supuestamente protegería la selva y las comunidades que en ella habitan, y contando con aquella libertad de prensa que le permite que la huelga amazónica no sea conocida por la inmensa mayoría de ciudadanos del país.
Arremete brutalmente contra los pueblos amazónicos dando una señal clara de que los pocos electores que ellos le representan son absolutamente prescindibles, mientras, claro está, los presidentes regionales de Amazonas, San Martín, Loreto e Iquitos y los frentes de defensa de esas regiones no se sumen solidariamente a las justas protestas de los pueblos amazónicos (¿Les han hecho promesas de gasto público o les han ofrecido favores que a lo mejor nunca llegarán?)
El día siete de mayo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el mismo que no sirve para acabar con la racha de muertes en las carreteras y vehículos super contaminantes en las ciudades, se vuelve milagrosamente eficiente para fiscalizar pequeñas emisoras de radio y cerrarlas (como Radio Libertad en Atalaya) que son de las pocas que en la selva informan la verdad de lo que está pasando y que el gobierno no quiere que se sepa:
Que todos los pueblos amazónicos están solidariamente luchando por defender sus territorios y la selva, no solo para preservar su propiedad colectiva y la calidad de sus aguas y suelos tan dañados por las petroleras, sino protegiéndonos a todos los habitantes del planeta al buscar que en la amazonía se desarrollen actividades que, en primer lugar, garanticen el derecho a existir que tienen los pueblos que milenariamente la han habitado y que, en consulta previa, libre e informada con las comunidades se decida qué actividades económicas son las más convenientes para su propio desarrollo y el del país que, por supuesto, es mucho más que el solo crecimiento económico y las coimas que éste permite en las más altas esferas de gobierno.
El día ocho de mayo, a través de comunicados de los misioneros oblatos que sirven a las comunidades del Río Napo se supo rápidamente que acorazados de la Marina de Guerra arremetieron contra las débiles canoas de los nativos que habían puesto un cable sobre el río para impedir que embarcaciones petroleras navegaran por él. ¡Sin duda, no es esta la valiente marina de Grau que hace naufragar canoas y no auxilia a los propios compatriotas hundidos! ¿Tanto daño le hace a nuestra marina estar comandada por un presidente soberbio que califica a los hermanos amazónicos como “perros del hortelano”?
El sábado nueve de mayo, el presidente García ha decretado el estado de emergencia en casi toda la Amazonia, y el día de ayer, día de la madre, ordenó que a los nativos awajun y wampis que protestaban en el puente de Corral Quemado en Bagua Grande, les sacaran literalmente “la madre”.
Un fuerte contingente policial de la DINOES (la misma que no ha sido capaz de impedir el rebrote terrorista y su juego en pared con el narcotráfico) masacrara a civiles peruanos que no portan fusiles sino rudimentarias flechas y lanzas.
¿Puede un gobierno que defiende a rajatabla una política económica, éticamente inicua, estar por encima del fin supremo del Estado que es la persona humana (Artíc. 1 de la Constitución)?
Los ciudadanos de un país democrático creíamos que no. Sin embargo, lo que está ocurriendo en la Amazonía nos demuestra lo contrario.
Ya no solo las voces de los principales líderes amazónicos es ignorada, sino también la de los obispos de Yurimaguas, Jaén, Pucallpa, San Ramón, Puerto Maldonado, Requena, Moyobamba e Iquitos quienes han solicitado una solución justa y respeto para los pueblos amazónicos.
Aunque esta vez más cauto, García aun no los ha tildado de “falsos cristos” como lo hizo con los obispos del norte del país cuando se solidarizaron con la justa lucha de los comuneros con el proyecto minero en Majaz.
¿De qué manera debería entonces amplificarse esas voces para que no sean acalladas y se imponga la política del perro del hortelano en la Amazonia? Tenemos dos caminos:
Uno institucional, y menos costoso en términos sociales, es que la Comisión de Constitución del Congreso declare la anticonstitucionalidad de los DLs del Ejecutivo y proceda a su inmediata derogatoria.
Y otro camino, social y políticamente impredecible, que los movimientos sociales regionales, con sus presidentes regionales a la cabeza se pongan de pie para decir:
¡Basta! y devuelvan al país la decencia y la soberanía que un Ejecutivo y un Congreso pusilánimes no son capaces de cautelar.
Sin embargo, la elección de uno u otro camino está en manos de liderazgos responsables que no pueden seguir actuando con temor.
No todo está perdido en el Congreso, no todos los congresistas son una manada de otorongos, esta es una oportunidad para responder al mandato popular que los eligió y reivindicarse como un auténtico poder del Estado, en vez de una simple mesa de partes de un gobierno autoritario y corrupto.
También creemos que los presidentes regionales de Iquitos, Loreto, Madre de Dios, Amazonas y San Martín no pueden acobardarse frente a las leyes de García que criminalizan su participación al lado de reivindicaciones justas de sus pueblos.
Los presidentes regionales, deben saber que el que otrora dio leyes abusivas, creyéndose todopoderoso, hoy purga prisión precisamente por violaciones de derechos humanos.
Esa hora también podría llegarle a un presidente que desprotege los derechos de las poblaciones de la Oroya, Cerro de Pasco, Choropampa y Madre de Dios que están siendo envenenadas por las mineras; que desprotege a los hermanos de la Amazonia a quienes la deforestación, las petroleras, las mineras y el narcotráfico les dejan sin tierra, sin agua limpia, amenazando las bases materiales de su propia existencia.