Criminalizar a la víctima

Alejandro Dausá alainet
En Bolivia las fuerzas de seguridad abatieron a tres individuos armados, y apresaron a otros dos. Algunos cuentan con probada actuación como mercenarios en la guerra de los Balcanes.

Uno de ellos, Eduardo Rózsa, fue entrevistado y filmado en octubre de 2008 por el periodista croata Andras Kepes, al cual le anunció su plan para infiltrarse con armas en Santa Cruz, preparar milicias, y apoyar la secesión de ese departamento.

Las autoridades bolivianas comenzaron a desentrañar un complejo proyecto que incluye el almacenamiento de poderosos explosivos, trasiego de armamento sofisticado y letal, planes para asesinar a funcionarios gubernamentales y personalidades públicas, adiestramiento de tropas irregulares, atentados, etc.

Frente a estos peligrosísimos sucesos, los grandes medios de comunicación, ligados a fuertes intereses empresariales, desataron de inmediato una descomunal campaña para desmentir la versión gubernamental y minimizar la gravedad del asunto.

A cualquier observador con un mínimo de sentido común le sorprende el hecho de que estos grandes medios cometan el desatino de ocultar o menospreciar un fenómeno de semejantes dimensiones. ¿Cuál es, entonces, la explicación de este misterio comunicacional?

Hay que tomar en cuenta que, por vez primera, los organismos de inteligencia han dado con la punta de un ovillo que pone al descubierto el nexo material y financiero entre grupos de mercenarios extranjeros y empresarios locales.

Ya no se trata de que grupos de poder cruceños paguen a marginales para saquear y destruir, como ocurrió en septiembre del año 2008, con el saldo de 68 instituciones arrasadas y decenas de personas golpeadas y amenazadas.

Fracasada esa estrategia de desestabilización, miembros de las clases dominantes han subido la apuesta, optando lisa y llanamente por contratar a terroristas.

Existe en Santa Cruz abundante infraestructura (haciendas, casas campestres, seudo-cooperativas, logias, banca, sociedades anónimas) que sirven como fachada y estupendo apoyo para los planes de secesión.

Sin embargo, la mediocracia privada local no se ha movilizado únicamente para encubrir a los criminales y confundir a la opinión pública, sino que también subió su propia apuesta, recurriendo a la vieja artimaña de criminalizar a la víctima.

De esa forma, el gobierno termina apareciendo en periódicos y redes de televisión como el principal sospechoso: culpable por investigar, por atreverse a desenmascarar, por sacar a la luz pública siniestros entramados, culpable por comprobar que lo que venía advirtiendo hacía meses es real.

Más allá del caso puntual, una vez más aflora con crudeza en Bolivia la estrategia que funciona hace más de cinco siglos para justificar el sometimiento y el vasallaje.

Consiste en culpar a los damnificados y hacerlos aparecer como responsables de sus propias desgracias. La idolatría fue el primer argumento utilizado por los conquistadores para esclavizar y condenar a los pueblos originarios a trabajos forzados en minas y encomiendas.

Luego se echó mano a diferencias étnicas, culturales, de clase, de origen, de género, civilizatorias, para explicar y sustentar mecanismos de explotación. Las víctimas son criminalizadas por sus diferencias con aquellos que se autoerigen como paradigmas, y que son en realidad los reales victimadores.

Es importante mencionar que el proceso de cambio que experimenta el país no afectó los intereses económicos de las clases dominantes; aparentemente no existen motivos para el desespero de la derecha.

Su inquietud y acciones extremas provienen del resquebrajamiento de un sistema de dominación respaldado por presupuestos filosóficos y simbólicos como el mencionado, a los cuales las clases subordinadas parecen haberles perdido el respeto.