Agencia Boliviana de Información (ABI) En el capítulo de las preocupaciones, del informe preliminar de la FIDH sobre “Bolivia: racismo, discriminación e impunidad” señala que los medios de comunicación masivos se alejan de su función social de informar y orientar con veracidad e independencia a la ciudadanía. El informe señala que los medios de comunicación privados traicionan, al mimo tiempo, la misión que les es propia, desconociendo las disposiciones expresas establecidas en el artículo cuatro de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación Racial (1965) que proscriben toda forma de propaganda racista o tendente a promover el odio y la discriminación racial. “Emitiendo informaciones que desatienden dichas prohibiciones y que, en algunos casos, han tenido como consecuencia directa o indirecta, o han coadyuvado a la realización de dichos actos de violencia racista o de ataque contra organizaciones indígenas o de defensa de los derechos humanos”, expresa el documento. Este estudio sobre la discriminación y la impunidad en medio de la aguda crisis política y social vivida por los bolivianos en las ciudades de Sucre, Santa Cruz y Pando se elaboró por tres expertos en DDHH. Los representantes de la FIDH ante los órganos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que realizaron el trabajo son: Javier Mujica, abogado peruano; José Ricardo de Prada, magistrado de la Audiencia Nacional de España y miembro de Tribunales Penales Internacionales; y Anantonia Reyes Prado, antropóloga guatemalteca y Presidenta del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) entre los días 20 y 29 de septiembre de 2008. La FIDH que fue creada en 1922, es una organización internacional no gubernamental, con estatuto consultivo ante los organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Consejo de Europa y la Organización de Estados Americanos (OEA). Reúne actualmente a más de 155 organizaciones en cerca de 100 países. La FIDH es apolítica, aconfesional e independiente de cualquier gobierno. Su misión consiste en llevar a cabo acciones concretas en favor del respeto de todos los derechos proclamados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y, para ello, recurre a todos los mecanismos existentes de lucha contra la impunidad, tanto nacionales como internacionales, y proporciona su apoyo a las víctimas de torturas, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. |