Acusan a la DEA de encubrir hechos de narcotráfico y violar DDHH en Bolivia

Agencia Boliviana de Información (ABI)
El Gobierno boliviano acusó este jueves a la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos (DEA) de encubrir varios hechos de narcotráfico como el caso Huanchaca y el narco-avión y de violar los derechos humanos de varias personas, durante el tiempo que operó en el país.

La denuncia la formuló el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en una amplia exposición que realizó en conferencia de prensa en Palacio Quemado.

Quintana, con documentos en mano, complementados por varios recortes de periódicos, denunció que la DEA “ha cometido abusos de manera sistemática violando los derechos humanos de varias personas que fueron detenidas de forma ilegal, torturadas y sometiéndolas a presiones sicológicas y chantajes”.

Indicó que informes de la propia Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráficos (FELCN) muestran la participación militarizada de la DEA, en un conjunto de actividades que no le correspondían, por lo tanto usurparon prerrogativas que no se le concedió en el país.

Citó por ejemplo que el 25 de marzo de 1994, personal de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) y miembros de la DEA, en dos helicópteros UH-1, fueron a la zona de la Florida a socorrer una nave siniestrada con matrícula CP1792 pilotada por Bismarck Roca Daza, un presunto narcotraficante que fue procesado tres años antes de ese hecho.

Quintana dijo que esta es una prueba de la intervención militar de la DEA, en operativos antidroga, una actividad a la que jamás el Estado boliviano le concedió facultades.

Otro de las denuncias que hizo Quintana fue el hecho de que varios oficiales de la DEA encubrieron las actividades de los narcotraficantes en el país. Citó el caso de Huanchaca (1986), del que dijo fue el más dramático y que aún no ha sido esclarecido.

En septiembre de 1986, una expedición científica boliviano-española liderada por Noel Kempff Mercado, que descubrió casualmente un laboratorio de droga en la zona Huanchaca, en la región de Santa Cruz, en el oriente boliviano, fue masacrada por narcotraficantes.

Luego de diez días de este hecho, fue asesinado el diputado Edmundo Salazar (FRI), quien era miembro de la comisión congresal que investigaba la muerte de Kempff y de sus dos asesores.

“La DEA, de acuerdo a los informes del diputado fallecido y del diputado de ese entonces Roger Cortés, denunciaron en la comisión del Parlamento, que diez años antes se desarrollaron actividades de narcotráfico en las serranías de Caparuch, bajo conocimiento de la DEA. Droga producida por narcotraficantes y exportada a Centro América para financiar a los contras”, afirmó Quintana.

Basado en ese informe, el Ministro aseveró que se pudo haber evitado la muerte del científico Noel Kempff Mercado, de sus ayudantes y del diputado Salazar, quien antes de morir dejó un en informe en el que pedía al Gobierno saque a las tropas militares de los Estados Unidos y eche a los agentes de la DEA, por haber sido cómplices y encubridores de los asesinatos.

Más adelante, mencionó que en 1991, el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, Gral. Jorge Moreira Rojas, solicitó al Gobierno del entonces presidente, Jaime Paz Zamora, la expulsión de los agentes de la DEA porque estos vulneraron los derechos humanos e intervinieron militarmente previos militares bolivianos en la zona de Santa Ana de Yucumo (Beni).

Quintana también mencionó el caso del “narco-avión” que salió en 1995 del aeropuerto de El Alto y fue detenido luego en Lima con cuatro toneladas de cocaína en ruta a México, para su posible distribución en Estados Unidos.

Este hecho se suscitó en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) y también involucró a algunos personeros de Estado.

“Ni la DEA ni la Fuerza de Especial de Lucha contra el Narcotráfico pudieron interceptar este cargamento en la ciudad de el Alto. La DEA y la Policía se acusaron mutuamente de ser responsables del encubrimiento”, dijo.

El Ministro indicó que cuando el “escándalo del narco-avión” llegó al nivel político más alto, el Gobierno de los Estados Unidos “mandó a callar al Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada”.

En este caso sólo fue aprendido Luis Amado Pacheco conocido como “Barbas Chocas”, quien fue sentenciado a 12 años de prisión.

En otra parte, Quintana también mostró varios recortes de periódico del desaparecido matutino Presencia. Uno de ellos llevaba por título: “Los dólares de la DEA quebraron la unidad de la fuerza antidroga”.

En la nota se citan declaraciones del entonces Comandante de la FELCN, Gral. Simón Sejas Tordoya, quien denunció ante una comisión del Congreso, la “injerencia, la intimidación, el soborno y chantaje que cometían agentes de la DEA”.

En otra nota de 1995, el entonces jefe de la FELCN, Gral. René López Leytón, le dejó un informe a su sucesor al Gral. Simón Sejas Tordoya en el que le advertía que existía una constante infiltración, corrupción e injerencia de la DEA en la FELCN, incluso en el Ministerio de Gobierno y la Cancillería.

En ese marco, Quintana señaló que la DEA tuvo un accionar sistemático de violación de la soberanía nacional, interferencia, intimidación y fomento a la corrupción en las estructuras policiales.

Pero más allá de ello la DEA convirtió a la Unidad de Investigaciones Financieras, de la Superintendencia de Bancos, en uno de sus despachos pues le ordenó el 2003, investigar las cuentas bancarias de varias personas, entre estas, de dos diputados de entonces del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales y Antonio Peredo, violando su inmunidad parlamentaria.

Quintana dijo que el director la Unidad de Investigaciones Financieras, Ramiro Rivas Montealegre, deberá dar rendición de cuentas sobre estos actos irregulares, que se dio durante la huida de Gonzalo Sánchez de Lozada y la asunción de Carlos Mesa.

En ese contexto, el ministro Quintana afirmó que se acabó ese ciclo de la impunidad y del abuso que ejerció la DEA en Bolivia, que en la década de los 90 se acostumbró a sobornar a policías, a violar los derechos humanos, a encubrir asesinatos, a destruir caminos y puentes e impedir, además, la actividad de los productores cocaleros de los Yungas y del Chapare cochabambino.

“Con estos datos objetivos nuestro presidente constitucional ha tomado la decisión de suspender indefinidamente las acciones de la DEA y ha dicho que esta dispuesto a presentar estas pruebas al nuevo presidente de los Estados Unidos”, Barack Obama, apuntó.

Quintana indicó que tras la suspensión y en base a la información, el Gobierno hará una evaluación de la permanencia en el país de la DEA.