Redacción Econoticiasbolivia “Estamos indignados por el asilo y protección que los Estados Unidos le han dado al ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez, dijo Sonia Brito, presidenta de la Asamblea de derechos Humanos, quien junto a miles de vecinos marcharon sobre el “bunker” de los gringos, una gigantesca mole de cemento ubicada en el centro de la ciudad. Durante cinco horas, cerca de 50 mil trabajadores y vecinos alteños rodearon las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos, rompiendo los anillos de seguridad dispuestos por la Policía Nacional, exigiendo justicia para las víctimas de la masacre de octubre del 2003 y el cese de la injerencia norteamericana. Los manifestantes fueron reprimidos por la Policía. En octubre del 2003, 65 personas fueron muertas y más de 400 resultaron heridas por la dura represión ordenada por Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Otras nueve personas fallecieron en los meses venideros por las graves secuelas de sus severas lesiones que no pudieron superar. La rebelión popular, principalmente en la ciudad de El Alto, se desató en el 2003 para impedir la exportación de gas natural licuado a Estados Unidos, a través de un puerto chileno; negocio que sólo beneficiaba a las transnacionales y dejaba migajas para Bolivia. Sánchez de Lozada dimitió y fugó a Estados Unidos junto a Sánchez Berzaín y el ex ministro de Hidrocarburos, Jorge Berindoagüe. Marcha popular La anterior semana se conoció que el Departamento de Estado de Estados Unidos concedió asilo político a Sánchez Berzaín, que en octubre de 2003 fugó junto a Gonzalo Sánchez de Lozada hacia el país del norte. Fue el mismo ex ministro quien en contacto con algunos medios locales confirmó su asilo en los Estados Unidos, supuestamente porque es un perseguido político. Ante esta situación, el abogado de las víctimas de octubre de 2003, Rogelio Mayta, dijo que esta situación podría complicar aún más la extradición de Sánchez Berzaín y del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, ambos acusados de genocidio y de eludir justicia boliviana. Demanda gubernamental “Quisiéramos que el Gobierno de Estados Unidos, no sólo el embajador de los Estados Unidos (Philip Goldberg), (nos) ayuden a hacer justicia (contra) quienes hicieron mucho daño a Bolivia”, expresó Morales. “No es posible que algunos personajes con mala trayectoria política puedan ser protegidos por el Gobierno de los Estados Unidos”, acotó. La conspiración de Golberg Hasta el 2002, el dirigente cocalero Evo Morales era considerado como el enemigo número uno de Washington. En ese entonces, el embajador Manuel Rocha amenazaba abiertamente a los bolivianos con suspender la ayuda económica y cortar relaciones diplomáticas si éstos se animaban a votar por Evo, al que consideraban ligado al narcotráfico. Sin embargo, en el periodo 2003 – 2005, cuando el levantisco pueblo boliviano derribó a dos gobiernos neoliberales (Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa) y amenazó con expulsar a las transnacionales petroleras y mineras que saqueaban Bolivia, nacionalizando el gas, las minas y las tierras, Washington revalorizó el papel de Morales y decidió, aunque de mala gana, convivir con él, más aún cuando éste ganó las elecciones de fines del 2005 con el 54 por ciento de los votos. Ya en el poder, Morales atemperó los ánimos populares sobre la expulsión de las transnacionales y logró nuevos acuerdos con las petroleras, legalizando sus contratos y garantizando sus propiedades, sus inversiones y ganancias. Otorgó también amplias garantías para la propiedad y la inversión privada que cumplan con las normas y leyes. Todo ello agrada a Washington, aunque no es suficiente para anular el creciente apoyo estadounidense a la causa de la oposición oligárquica. El alineamiento de Morales con los regímenes de Cuba y Venezuela, su tolerancia al cultivo limitado de coca, su permanente y estridente retórica antiimperialista y la amenaza de que los sectores radicales de indígenas y trabajadores desborden al presidente indígena hacen que la Embajada no confíe en Evo y busque, por el contrario, limitar su poder al altiplano, tal como actualmente ocurre. La administración Bush fogonea contra Morales y ha enviado a su mayor experto en el separatismo como Philip Goldberg, que ya trabajó entre 1994 y 1996 como asistente especial del embajador Richard Holbrooke, uno de los estrategas de la desintegración de Yugoslavia y de la caída en 2000 del presidente Slobodan Milosevic. Goldberg promovió la separación de Serbia y Montenegro y también estuvo en Kosovo, generando conflictos entre serbios y albaneses. Ahora está en los andes bolivianos, alentando la rebelión de los 100 clanes oligárquicos, que son dueños de la tierra, los grandes negocios, la banca y la conciencia de muchos. |