Respeto para indígenas

Abya Yala: María Victoria Eraso, corresponsal Prensa Indígena

La situación de derechos humanos a la que se enfrentan los pueblos indígenas de todo el mundo pone de manifiesto la necesidad desesperada de que los derechos de estos pueblos se reconozcan como principio y se respeten en la práctica.

Este es el manifiesto de la organización Amnistía Internacional por ocasión del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Respeto para indígenas:

En Chile, las comunidades indígenas sufren de discriminación, pobreza y aislamiento. Amnistía Internacional recibe regularmente información y denuncias de violencia, represión policial, problemas de acceso a la tierra, al agua, y acceso y disfrute de los recursos naturales.

A esto se suma una marcada falta de atención a sus demandas, falta de participación y pronunciamiento en medidas que les afectan. La entidad insta al Gobierno de Chile a que se le otorgue urgencia especial a la ratificación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y colabore de manera eficaz para ratificar los instrumentos internacionales de derechos humanos relativos a Pueblos Indígenas.

En Brasil, muchos Pueblos Indígenas también siguen viendo negados sus derechos económicos, sociales y culturales y se enfrentan a amenazas y agresiones sistemáticas. Los pueblos Guaraní-Kaiowá en el Estado de Mato Grosso do Sul siguen luchando por sus tierras ancestrales y es frecuente que surjan disputas entre miembros de las comunidades indígenas y hacendados que se apropian de sus tierras.

En Guatemala, Amnistía recomienda garantizar la resolución justa e imparcial de las disputas de tierras y erradicar la práctica de desalojos forzosos. Las recomendaciones al Estado tienen como objeto impedir más violaciones a los derechos humanos en el contexto de las disputas agrarias e intentar conseguir reparaciones para las víctimas de violaciones recientes.

A las mujeres indígenas de Perú se les niega con frecuencia la atención médica materno-infantil. Las que no pueden llegar a un centro de salud o prefieren dar a luz en su casa son multadas, y a sus hijos se les niega el certificado de nacimiento; a consecuencia de ello estos niños y niñas no tienen identidad legal, lo que puede acarrear graves consecuencias para su disfrute de los derechos humanos.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha advertido reiteradamente de la crisis humanitaria a la que se enfrenta un creciente número de comunidades indígenas que se han visto expulsadas de sus tierras por el conflicto armado de Colombia, un conflicto que durante más de 40 años ha enfrentado a las fuerzas de seguridad y los paramilitares respaldados por el ejército con los grupos de guerrilla.

Viendo cómo se les niega una protección justa y adecuada mediante la ley, los pueblos indígenas de todo el mundo se enfrentan a la amenaza de ser desarraigados de las tierras y los recursos naturales fundamentales para su economía tradicional y para la forma de vida que hace de ellos lo que son. Demasiado a menudo, las consecuencias son el empobrecimiento, la mala salud y los abusos.

En su 61° periodo de sesiones, próximo a celebrarse, la Asamblea General de las Naciones Unidas tendrá una oportunidad histórica de defender los derechos humanos de algunos de los pueblos más marginados del mundo adoptando la largamente demorada Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Amnistía Internacional insta a todos los Estados a trabajar en estrecha colaboración con los pueblos indígenas para garantizar que se establezcan sistemas efectivos de protección en los ámbitos nacional, regional e internacional.

Entre las medidas críticas que requieren acción inmediata se encuentran las siguientes:

— Adoptar el proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas durante el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

— Establecer procesos justos y efectivos para resolver sin demora las disputas pendientes sobre tierras y recursos, teniendo en cuenta los derechos de los pueblos indígenas y otras salvaguardias de derechos humanos contenidas en el derecho nacional e internacional.

— Garantizar que los activistas y las comunidades indígenas pueden ejercer sus derechos sin peligro y sin temor a la violencia o a la detención y el encarcelamiento arbitrarios.