Bolivia: LA NUEVA LEY NO LIQUIDA EL LATIFUNDIO

La reforma establece que el Estado comprará, a precio real de mercado, todas las tierras ociosas e improductivas que estén en manos de los traficantes y latifundistas, que recibieron esas propiedades sin pagar ni un centavo por ellas

Econoticiasbolivia.com

La nueva ley de tierras del presidente Evo Morales está muy lejos de acabar con el latifundio en Bolivia. Un análisis en detalle de los artículos aprobados la noche del martes muestra que la reformulada Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (ley INRA) seguirá protegiendo las grandes haciendas, en manos de los terratenientes, incentivando la concentración de tierras y la gran producción orientada hacia la exportación.

Según el análisis de la Fundación privada especializada “Tierra”, la nueva ley permite y respeta las propiedades con un máximo de 50.000 hectáreas, lo que es un exceso en un país donde tres millones de campesinos son minifundiarios y medio millón carecen de tierras.

“Las modificaciones a la actual Ley INRA son altamente flexibles y no encaran uno de los problemas clave para lograr una redistribución justa de la tierra cual es el redimensionar el tamaño de la propiedad de tierras”, dice el investigador, Gonzalo Colque, de la Fundación Tierra.

Explica que la Ley INRA admite una propiedad máxima de 50.000 hectáreas lo que, en otras palabras, ha significado la vigencia del latifundio por extensión.

RESPETO AL LATIFUNDIO PRODUCTIVO

Según el director del gubernamental INRA, Juan Carlos Rojas, las reformas a la ley se orientan a “precisar los mecanismos para el cumplimiento de la reversión de tierras a partir del cumplimiento de su función económica y social. Se ha establecido que la causal de reversión no sólo sea la utilidad pública sino el cumplimiento de la función económica y social. Este mecanismo permitirá la redistribución de tierras”, dice al asegurar que se combatirá el acaparamiento y tráfico de tierras pero no lo latifundios productivos, que están garantizados por ley.

Otra entidad especializada, como el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, advierte que las reformas aprobadas por el Congreso no cambian el carácter ni la orientación neoliberal de la ley INRA, las que están hechas más para impulsar el desarrollo de los latifundios que para resolver las demandas de tierras de los campesinos e indígenas.

MÁS CONCENTRACIÓN DE TIERRAS

“La revolución agraria del MAS (el gobernante Movimiento al Socialismo) se basa en el respeto a la proempresarial Ley INRA -aprobada durante el primer gobierno del ex presidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada (derrocado en octubre del 2003 por una insurrección popular)- y que en los hechos está legalizando la concentración de las mejores tierras en manos de grandes terratenientes”, dice el Centro.

“La propuesta del gobierno para modificar la Ley INRA está orientada a profundizar el desarrollo del capitalismo en la agricultura iniciado en 1953, ratificando con ello el espíritu original de esa norma promulgada en 1996″.

Esta propuesta gubernamental, agrega el Centro, se funcionaliza a los requerimientos de una agricultura extensiva y orientada al mercado externo con base en la gran empresa extranjera y nacional.

Por todo lo anterior, señala que es posible advertir que la reforma de la Ley INRA elaborada por el gobierno del MAS, reafirma su espíritu original: profundizar el desarrollo del capitalismo en la agricultura iniciado en 1953, pero, esta vez, a la luz del “capitalismo andino”.

VENTAJAS PARA LOS LATIFUNDISTAS

La nueva ley de Morales propugna el respeto a todos los latifundios, cualquiera sea su tamaño, pero que cumplan una función económica y social, lo que incluye “las áreas aprovechadas, de descanso, de proyección de crecimiento y de servidumbres ecológicas (…)”, suficiente para que los latifundistas puedan enmascarar y proteger todas las tierras ociosas y de engorde.

Así, bloqueada desde el gobierno toda posibilidad real para revertir los latifundios improductivos, la anunciada redistribución de tierras en favor de los campesinos sólo puede ejecutarse parcelando las extensas zonas forestales que son propiedad del Estado, pero que no son aptas para la agricultura y el desarrollo ganadero, que están muy alejadas de los centros urbanos, sin caminos y prácticamente inaccesibles, según admitieron altos funcionarios de la administración de Morales.

Otro aspecto cuestionado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, leal al Presidente y dirigida por el parlamentario del MAS, Isaac Dávalos, es el referido al artículo 35 de la nueva ley INRA. Este artículo establece que el Estado pagará a precio de mercado toda la tierra que sea expropiada al latifundista no productivo, al que alternativamente se le ofrecerá otra extensión similar de tierra, de igual valor, en otra región del país.

“Este artículo no me gusta, pero puede ser corregido en la reglamentación”, dice Dávalos.

LA FUERZA DEL LATIFUNDIO

Según la Fundación Tierra “es urgente la reclasificación de los tamaños máximos de las propiedades agrarias. Es ineludible que esta modificación a la Ley INRA incluya un nuevo límite a la extensión máxima de la empresa agropecuaria en una superficie no mayor a las 10.000 hectáreas, aplicable a propiedades ganaderas o mixtas. Sin esta medida, el latifundio y la concentración su tierras subsistirá bajo la forma de latifundios por extensión”.

Los expertos de la Tierra, como Gonzalo Colque, consideran que entre los temas clave para realizar una verdadera revolución agraria está la reclasificación de los tamaños máximos, porque si no se encara esto se terminará con el “latifundio improductivo, que no cumple función económica y social”, pero seguirá vigente el “latifundio por extensión”.

De acuerdo con criterios técnicos de la Fundación, el máximo de extensión de tierras que debiera permitirse son 10.000 hectáreas, “porque a este paso no habrá tierra que alcance debido que muchas familias han concentrado tierras más allá incluso de lo que permite la Ley que son de 50.000 hectáreas, lo que es irreal, insostenible”.

En esa misma dirección, advierten que la utilización de 5 hectáreas por cabeza de ganado aprobada en la INRA es igualmente exagerada y debe también revisarse esta forma de distribución de la tierra. Debe encararse un estudio sobre “carga animal” para redistribuir el uso de la tierra.