Las transnacionales quieren negociar la nueva ley de hidrocarburos de Bolivia. “Es un insulto al Congreso”, dice el presidente de la Comisión parlamentaria
Representantes de las transnacionales petroleras que operan en el país advirtieron hoy al Congreso de Bolivia con el inicio de juicios internacionales y una eventual salida del país si se modifican unilateralmente sus contratos y se aprueba una ley que aumente los tributos existentes.
“Tal como está esa ley (propuesta por el gobierno boliviano), si no se modifica, realmente haría muy difícil que continuemos aquí”, dijo el representante de Repsol YPF, Julio Gavito, durante una audiencia pública en el Congreso a la que asistió con otros ejecutivos petroleros.
En la reunión también participaron el colombiano Octavio Pastrana en representación de la British Petroleum, el francés Gilles Bitoun de la TotalFinaElf, Brett Winggs de la Enron-Shell; Leduvy Gouvea de British Gas, y Arturo Castaños de Petrobras.
Los representantes de las empresas petroleras plantearon ante la Comisión Mixta de Desarrollo Económico del Congreso “negociar” la adecuación de los 78 contratos a la futura ley y una revisión conjunta de la aplicación del Impuesto Complementario a los Hidrocarburos (ICH).
“Nosotros hemos venido aquí con unas condiciones y si obligatoriamente se cambian estas condiciones será muy difícil defender por parte del Estado de Bolivia que eso no es confiscatorio”, dijo el representante de la Repsol al sostener que el proyecto de ley del presidente Mesa era “manifiestamente mejorable”.
Sobre los otros proyectos de ley, incluido el que trabaja la Comisión Congresal y que plantea un mayor nivel de impuestos que el gubernamental, así como un mayor control y exigencias sobre las transnacionales, los representantes de las petroleras no emitieron ninguna opinión. Tampoco lo hicieron sobre las exigencias de las organizaciones sociales y laborales que claman por nacionalizar el gas y el petróleo, y que han comenzado otra vez a movilizarse en manifestaciones y acciones de masas.
Según el diputado Santos Ramírez, que preside la Comisión congresal pero que no asistió a la audiencia pública en protesta por un presunto “acuerdo” entre los parlamentarios neoliberales y las petroleras, la posición de las transnacionales estaría orientada a eliminar del debate el proyecto de la Comisión, dejando en pie sólo la propuesta de Mesa.
“En ningún momento en la Comisión Mixta se ha decidido recibir a las petroleras; sin embargo se han generado presiones externas de parte de las empresas petroleras y de organismos internacionales para que la comisión pudiera consensuar la ley con el interés petrolero. Nosotros reiteramos: Por el principio de dignidad y soberanía del pueblo boliviano no podemos consensuar con las petroleras”, dijo el parlamentario izquierdista que calificó la audiencia como “un insulto al Parlamento Nacional”.
Sobre el Congreso nacional, dominado en sus dos tercios por militantes de los partidos neoliberales que gobernaron con el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, también pesa la presión de las organizaciones sociales y populares. En las últimas horas, la poderosa Federación de Juntas Vecinales de El Alto, que lideró el derrocamiento de Sánchez de Lozada, en octubre del pasado año, exigió del gobierno y del Congreso la nacionalización del gas y el petróleo, sin ninguna indemnización para las petroleras extranjeras. La Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones sociales también se han manifestado por la expropiación de las petroleras y su expulsión del país.