El voto, un mandato y un contrato social

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Más allá de la campaña opositora contra los comicios judiciales, las elecciones de hoy materializan el mandato popular de la Constitución Política del Estado aprobada con el 61,43% de los votos y perfilan un nuevo contrato social —libre, razonado y que emana de la voluntad general— para transformar la justicia, acercarla a los pobres y combatir la corrupción en los tribunales.

MSM, UN, MNR, FSB y otras agrupaciones políticas se oponen a los comicios bajo el justificativo de que los candidatos a magistrados responden al MAS, pese a que entre los requisitos para ser postulantes está el certificado de no militancia partidaria expedido por el Tribunal Supremo Electoral.

Frente a esa campaña está la Ley Fundamental, que fue aprobada mediante referéndum constitucional con más del 90% de participación. Ese pacto social —que es fruto de la Asamblea Constituyente, la cual también fue elegida por el voto popular— establece los derechos políticos que incluyen, en su artículo 26, el derecho al “sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente. El sufragio se ejercerá a partir de los dieciocho años cumplidos”.

La Ley de Leyes también determina que los cargos para autoridades judiciales deben ser elegidos mediante el voto universal y secreto. Es decir, la elección de hoy responde a un mandato popular (contenido en la Constitución) que nació de la mayoría de los bolivianos que acudieron a las urnas el año 2009.

Ese mandato de elegir a las máximas autoridades de justicia del país no sólo es una experiencia inédita, sino que busca terminar con la corrupción y el cuoteo partidario de los cargos de magistrados, tribunos, vocales y jueces; situación que era común en gobiernos anteriores, cuando se elegía a esas autoridades por decisión de jefes políticos, familias o compadrazgos.

En ese sentido, el voto de hoy será como un contrato social implícito, donde los 5,2 millones de ciudadanos habilitados para acudir a las urnas darán un mandato a las nuevas autoridades judiciales: acabar con la corrupción, con la retardación, y permitir que la administración de justicia sea realmente gratuita, oportuna y no favorezca sólo a quienes tienen dinero y poder.

Ese contrato social, ese mandato, sin embargo, no llegará de forma natural, ya que sólo será fruto de la voluntad, de la libertad, la razón y la participación de la gente hoy en las urnas.

Ese acuerdo implícito se entiende en la lógica de Jean-Jacques Rousseau (escritor, filósofo franco-helvético, definido como un ilustrado cuyas ideas influyeron en la Revolución Francesa), quien explicó que el “contrato social consiste en la eliminación de los egoísmos individualistas mediante la sumisión de cada ciudadano a la voluntad general (volonté générale) unánime y asamblearia”.

Esa voluntad general, ni duda cabe, es iniciar una revolución en la administración de justicia.

Todo ello —el nuevo contrato social y el mandato del soberano a los magistrados para cambiar la justicia— depende de la voluntad de acudir a las urnas y elegir a las 56 máximas autoridades que administrarán la justicia en Bolivia.