¿Quiénes se creen que son los curas para definir la suerte y la vida de una niña que fue repetidamente violada y quedó embarazada con tan sólo 11 años?

¿Piensan que su actitud deja de ser criminal porque son varones con sotana y una cruz en la mano?

¿Dónde está la Fiscalía que debería actuar de oficio cuando se comete un delito?

¿Y dónde está el Ministerio de Justicia para decir algo en defensa de la sociedad y en este caso, de la niña, haciendo cumplir la Constitución Política del Estado y el Código de la Niñez y la Adolescencia?

Ana Lizárraga / resumenlatinoamericano.org
Confieso que me ha tocado ver incidentes horribles a lo largo de mi vida, situaciones que me hicieron reaccionar a veces con iracundia, pero me dejó pasmada esto de ver a unos curas y monjas irrumpir en el maternológico Percy Boland (hospital público) en Santa Cruz, para impedir que la familia de una niña pueda ejercer su derecho a la interrupción legal del embarazo buscando preservar así la vida en riesgo de la menor abusada.

Mi estupor se volvió indignación al enterarme que la “Oficina de Defensa de la niñez” de Santa Cruz avaló la injerencia religiosa, una injerencia, que como es costumbre, se valió de la presión moral absolutamente ilegal hacia la niña y a su afligida madre.

La iglesia a lo largo de su historia siempre ha convertido el cuerpo de la mujer en algo ajeno a su libre voluntad, y lo ha hecho acudiendo al prejuicio moral y la condena social.

En esto no se diferencian en nada el catolicismo y el evangelismo del islamismo, ya que en los tres sus fundamentos relegan a la mujer a un rol secundario dentro de sus propias estructuras de fe.

¡Cuánta hipocresía! pensé al acordarme de esas voces católicas pronunciándose contra el criminal régimen que asesina mujeres en Afganistán, pero que ahora esas mismas voces se callan sobre esta abusiva injerencia que en los hechos obliga a una niña de tan sólo 11 años a continuar el embarazo forzado, que es calificado por las convenciones internacionales como una forma de tortura infantil.

Y aquí debo referirme al señor ministro Iván Lima, cuyo Ministerio lleva nada menos que el nombre “de Justicia” y que no ha dicho una sola palabra (repito: ¡una sola palabra!) sobre este atentado contra los derechos fundamentales de la niñez. Debo decir que esperé hasta hoy, viernes 29 de septiembre a mediodía, a que el señor Lima diera la cara, pero no lo hizo.

Tuvieron que aparecer dos mujeres: una de manera inmediata y oportuna, la Defensora del Pueblo Nadia Cruz, para poner las cosas en su lugar y denunciar públicamente el atropello; la otra de manera algo tardía y ya cuando las cosas tomaron proporción de escándalo, la ministra de la presidencia Marianela Prada, para llenar el vacío gubernamental que dejó su colega ministro.

Aquí aparece muy claramente el daño que le hace al gobierno de Arce la presencia en su gabinete de Lima, que en vez de pensar en colaborar con el gobierno del que forma parte priorizó su devoción al Opus Dei, una prelatura ultraconservadora de la iglesia católica, opuesta a la “ideología de género” y que está en contra del avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Desde el movimiento de las mujeres organizadas seguiremos repudiando a un hombre que en vez de actuar abiertamente por el respeto a la ley haciendo cumplir la sentencia constitucional 0206/2014, guardó un silencio que no puede calificarse de otra forma que de cómplice. Lima, llevado por su obsecuencia religiosa y sus vínculos con la jerarquía católica, ha dejado en ridículo a un ministerio y en entredicho al gobierno.

Ojalá el presidente Luis Arce sepa con quién está trabajando y el daño que le está haciendo.

En cuanto a Nadia Cruz, va todo mi respeto y admiración, por actuar sin ninguna dubitación y sin ataduras confesionales, aunque ella misma es creyente católica, pero sabe que primero está su obligación para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas. Ojalá hubieran más mujeres como ella en la Fiscalía y en el Gabinete.

Gobierno repudia intromisión de la Iglesia Católica que instó a una menor de 11 años a continuar con su embarazo producto de una violación

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, condenó este viernes la intromisión de la Iglesia Católica que impidió que una menor de 11 años pueda interrumpir un embarazo producto de una violación y que se la esté obligando a continuar con la gestión atentando contra su salud.

Añadió que se presentó una denuncia al Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz para pedir la protección de los derechos de la niña y que se sancione a terceras personas ajenas a la familia que vulneraron sus derechos.

«No es posible que terceras personas, ajenas al entorno familiar de esta pequeña a la que se han vulnerado muchísimos derechos, hayan ingresado al hospital (…), de acuerdo a información, a hacer una especie de reflexión a la niña de contenido altamente religioso, regalándole rosarios, regalándole vírgenes, dando explicaciones que por supuesto no corresponden desde ninguna perspectiva a una menor de edad (…). Esto no solamente es indignante, sino que vulnera una serie de derechos de una menor», indicó la ministra en conferencia de prensa.

“¡Las niñas son niñas, no madres! Como Gobierno nacional, desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Justicia, desde el primer momento activamos una serie de acciones para precautelar lo derechos de la niña (…). A través del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional se interpuso una denuncia ante el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz para pedir la protección de los derechos de la niña, se ha solicitado que se sancione a los servidores públicos y personas por acciones y omisiones que han vulnerado los derechos humanos y la protección integral conforme al interés superior de la niña víctima”, expresó la ministra.

“No es posible que se haya vulnerado los derechos a la privacidad, a la confidencialidad, al resguardo de la identidad de la niña por terceras personas ajenas al entorno familiar, eso es algo no puede quedar sin investigaciones como lo hemos señalado y sin las sanciones correspondientes”, expresó.

El fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, informó este viernes que se activaron los mecanismos de protección en resguardo de la salud física y psicológica de la niña de 11 años, víctima de violación en Yapacaní, Santa Cruz.

“El Ministerio Público en el uso de sus atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 260, decidió que en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados Internacionales, Código Niña, Niño, Adolescente y leyes como la Ley Nº 458 y Ley Nº 1173 que establecen precautelar el interés superior de la niña, niño y adolescente y la protección reforzada a favor de sectores vulnerables, el Ministerio Público activó los mecanismos de protección de la víctima en resguardo de su salud física y psicológica”, dijo Lanchipa en conferencia de prensa.

Este mecanismo de protección se ejecutará mediante el «Programa de protección de víctimas, testigos, denunciantes y miembros del Ministerio Público», con la intervención del Ministerio de Salud y Deportes, el Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

El Ministerio Público dentro de la investigación por el delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, previsto en el Artículo 308 del Código Penal, imputó al presunto autor del hecho y solicitó su detención preventiva que actualmente cumple en el Penal de Palmasola de Santa Cruz.

“Se ha instruido que, por la naturaleza del hecho cuya víctima es una niña, el presente caso se atienda con la debida diligencia con una supervisión directa de la Dirección de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil”, sostuvo Lanchipa.

Explicó que ante la denuncia presentada por la Defensoría del Pueblo, por los delitos de Incumplimiento de Deberes, Desobediencia a Resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad y trata de personas con fines de guarda y adopción, fue admitida por el Ministerio Público y, al haberse dirigido contra autor o autores, se encuentra en etapa de investigación para la individualización de los mismos, al efecto se librarán los requerimientos y órdenes que correspondan.

“El Ministerio Público exhorta a la población en general mantener en absoluta reserva los datos de identidad de la víctima, en cumplimiento de la Sentencia Constitucional 1100/2011-R de 16 de agosto, en resguardo de los derechos y garantías constitucionales de la víctima y evitar su revictimización”, instó.