Canadá y sus pueblos indígenas: Ya pasó el tiempo de las palabras bien intencionadas
Denis Racicot / correodelalba.org
En Canadá se juramentó, por la primera vez en la historia del país, como Gobernadora General Mary Simon, una mujer de origen indígena, nacida en la comunidad Inuit. Vale recordar que ese puesto honorífico es el de representante de la Reina de Inglaterra, Elizabeth II (también llamada Isabel II), quien es también reina de Canadá
¿Cabe preguntarse cómo fue que, en este puesto símbolo por excelencia del imperio británico desde siglos y del colonialismo inglés, se nombró hoy una destacada intelectual indígena?
¿Sería, por fin, el resultado de un decisivo gesto político de reconciliación, confirmando la plena igualdad de los pueblos originarios de Canadá con la elite dominante blanca anglosajona protestante canadiense, elite colonizadora que desde el siglo XVIII ha liderado la sociedad canadiense con racismo y discriminación hacia sus naciones originarias?
¿Entonces, habrá una verdadera reconciliación entre Canadá y sus Primeras Naciones, Métis e Inuit?
Una rebelión popular imparable
El 27 de mayo, la comunidad Tk’teSecwépemc confirmó el hallazgo por georadar de una fosa común, sin identificación, con los restos de 215 niños indígenas que fueron internados en una escuela residencial en Kamloops, Columbia Británica. Este descubrimiento impactó, a la sociedad canadiense en su conjunto, al confirmar los miles de testimonios de los indígenas sobre estas muertes desde más de un siglo y actuó como detonante de un nuevo despertar de todas las naciones originarias de Canadá.
El 21 de junio es el turno del pueblo indígena de Cowessess de encontrar 750 tumbas “sin marcar” de niños indígenas en los terrenos de la antigua escuela residencial católica Marieval, en la provincia de Saskatchewan.
Vientos de cólera e indignación se expandieron en todos los pueblos indígenas. Al 29 de junio ya habían sido quemadas cuatro iglesias católicas en territorios indígenas, mientras otras fueron vandalizadas. Culminando esta repentina revuelta, el 1 de julio durante el Día de Canadá, manifestantes indígenas derribaron los monumentos de la Reina Victoria y de la Reina Isabel II en la ciudad de Winnipeg, frente al Parlamento provincial.
Estalló una rebelión, que cruzó todas las generaciones de los pueblos indígenas, a raíz de tantos compromisos no cumplidos en relación con los niños desparecidos en las escuelas residenciales.
El pánico se apoderó de la elite canadiense. De repente el 6 de julio, es anunciado el futuro nombramiento como próxima Gobernadora General de Canadá a la líder indígena Mary Simon por el primer ministro canadiense Justin Trudeau: “Hoy, después de 154 años, nuestro país da un paso histórico”, dijo Trudeau en conferencia de prensa al momento de presentar la Dra. Simon.
Luego el 12 de julio, la Tribu Penelakut de Columbia Británica anuncia el hallazgo de más de 160 tumbas “indocumentadas y sin identificación” en la escuela residencial Kuper Island, mejor conocida como la “Alcatraz de Canadá”.
En tan solo tres hallazgos, conducidos por los pueblos indígenas mismos, se encontraron los restos de más de mil 100 niños y niñas indígenas “víctimas desaparecidas o muertas en secreto”, dejando entrever la magnitud de la tragedia encubierta por las autoridades canadienses desde el siglo XIX.
El primer ministro, Trudeau, multiplicó las declaraciones mediáticas y Tuits lamentando la historia obscura, desvelándose y proponiendo la reconciliación. Él invitó a la Iglesia Católica a pronunciarse en el mismo sentido. El 6 de junio, tras el caso del internado de Kamloops, el Papa Francisco llamó a las autoridades políticas y religiosas de Canadá a “comprometerse humildemente en un camino de reconciliación y curación” al momento del Ángelus desde el balcón del Vaticano, mientras una reunión con una delegación de las Primeras Naciones, Inuit y Métis con él a Roma fue anunciada para diciembre 2021.
Los pueblos indígenas lamentaron las declaraciones del Papa Francisco y, a su vez, reclamaron del gobierno de Canadá y de las iglesias canadienses: verdad, justicia y profundas investigaciones para todos sus niños desparecidos en las escuelas residenciales.
La responsabilidad histórica por genocidio cultural del estado de Canadá
La primera escuela para indígenas, el Instituto Mohawk, se abrió en 1831. La política explicita de todos los gobiernos de Canadá de asimilación de los pueblos indígenas remonta a 1842 cuando un informe propuso la separación de los niños indígenas de sus padres como “la mejor forma de alejarlos de su vida tradicional y asimilarlos a la cultura euro canadiense”.
En 1876 una ley estableció la erradicación de las culturas de las Primeras Naciones a favor de la asimilación a la cultura canadiense. Uno de los ardientes promotores de dichas políticas fue Sir. John A. McDonald, el padre fundador de Canadá en 1867.
En 1883 se autorizó la creación del sistema de escuelas residenciales con el fin de iniciar la asimilación de los pueblos indígenas a los colonos mediante la educación, apoyándose exclusivamente en las iglesias católicas y protestantes para su desarrollo. El sistema carecía de fondos y era de muy baja calidad.
En 1920, por ley se establece la asistencia obligatoria de todos los niños indígenas entre los 7 a los 16 años. Los padres recalcitrantes serán encarcelados. Su promotor, el ministro federal de “los asuntos indígenas” Duncan Campbell Scott, persona considerada como un “asimilacionista extremo” declaró entonces: “…Nuestro objetivo es continuar hasta que no haya ni un solo indio en Canadá que no haya sido absorbido por el cuerpo político y no haya una cuestión indígena, ni un departamento indio, eso es todo el objeto de este proyecto de ley…”
Así, en 1930 Canadá, contó con 80 semejantes pensionados. Se estima que hubo más de 130 escuelas residenciales en el país entre 1831 y 1996, cuando será cerrada la última. Se estima que más de 150 mil niños aborígenes fueron arrancados de sus comunidades y forzados a asistir a estas donde fueron sometidos a abusos físicos, sexuales y psicológicos de todo tipo.
La creación del sistema fue para borrar en ellos y ellas todo vestigio de su cultura aborigen y convertirlos, si sobrevivían a todos los maltratos y además del frío, el hambre y los contagios de enfermedades, en personas dóciles, en una especie de “aculturación forzada, una forma de etnocidio”…porque fue una “desculturización provocada, programada…que buscaba la destrucción sistemática de una etnia, es decir, la eliminación por todos los medios de sus modos de vida, y también de sus forma de pensamiento”.
El modelo educativo era basado al origen en el aprendizaje del inglés, los preceptos del cristianismo y las costumbres de los colonizadores. Estas escuelas eran en realidad, por la mayoría de estas, verdaderas cárceles donde los niños sufrieron tantos atropellos que arrastraron para siempre traumas y problemas de inadaptación.
Ahora bien, es claro que es de conocimiento público en Canadá, desde más de tres décadas, el trágico destino que habían sufrido estas decenas de miles de niños y niñas indígenas “internados”.
En 1990, la asociación de jefes indígenas de Manitoba conminó a las iglesias involucradas a reconocer su responsabilidad en este sistema de “escuelas residenciales” inhumanas. Más de 10 mil demandas fueron entonces presentadas ante tribunales de justicia por las víctimas en la década de 1990.
Un año después el gobierno federal convocó una comisión real de investigaciones que reunió miles de sobrecogedores testimonios de víctimas. Al momento de publicar su informe en 1996, la comisión recomendó una investigación pública, independiente, sobre las escuelas residenciales, propuesta que nunca fue seguida.
A pesar de algunas declaraciones de disculpa por parte de las distintas denominaciones religiosas involucradas en esta época, se perdió en 1996 una oportunidad de una verdadera reconciliación al ignorar las principales recomendaciones del informe.
En 2007 y después de muchos años de trabajo de diferentes gobiernos federales con las iglesias para diseñar un plan de compensación para terminar con “este problema”, el gobierno conservador de turno formalizó un paquete de compensación de casi 2 mil millones de dólares para aquellas personas que fueron forzadas a integrar este perverso sistema educativo. A estas indemnizaciones se las denominó “Pagos de experiencia común”.
Termino abominable que enmascara una política de estado atroz. El paquete tenía condiciones para su aplicación, la compensación individual debía aceptarse, por parte de los afectados, con la condición de que al recibir ese dinero se liberaba de toda responsabilidad adicional relacionada con la experiencia de la escuela residencial al gobierno y las iglesias, excepto en casos de abuso sexual e incidentes graves de abuso físico.
Después de 6 años, en septiembre de 2013, 105 mil 548 víctimas, habrían aceptado la reparación propuesta, que gira alrededor de 40 mil dólares canadienses por “alumno”, es decir, 10 mil dólares por el primer año de estancia a la escuela y 3 mil dólares por cada año siguiente de internado.
Sin embargo, el gobierno liberal actual, del primer ministro Trudeau, está llevando a cabo un litigio ante la Corte para no pagar lo que se está exigiendo, lo cual aparece a muchos “inaceptable y escandaloso”. Por otra parte, la implementación de este plan fue muy resistida por los pueblos indígenas reclamando verdad y justicia. Numerosos indígenas nunca aceptaron ese plan.
Luego de ofrecer esta medida de reparación, el 11 de junio de 2008, el primer ministro conservador Stephen Harper, presentó la primera disculpa pública a nombre del gobierno de Canadá en el Parlamento después de haber establecido el 1 de junio 2008 una “Comisión de Verdad y Reconciliación” para investigar el tema de las escuelas residenciales.
En 2015, tras siete años de trabajo público, la Comisión presentó su informe en el que concluyó que los hechos constituyeron un “genocidio cultural” al detallar las diferentes formas de maltrato físico y psicológico y las malas condiciones en las que se obligaban a vivir a los niños, obtenidos de más de 7 mil testimonios.
Incluso se publicó una investigación en 2013 que mostró cómo, por lo menos, más de mil niños de seis escuelas en la nación Cree, en Manitoba, fueron utilizados, sin ética alguna, como “ratas de laboratorio” en experimentos sobre desnutrición entre 1942 y 1952.
Aunque se sabía desde mucho antes, esta investigación procuró los detalles de cómo algunos famosos científicos aprovecharon los internados para sus fines personales y su promoción profesional, como lo fue para los presos judíos en los campamentos de concentración nazi de Hitler durante la segunda guerra mundial.
Según datos de 2019 se pudo determinar, después de 10 años de labor, la suerte de cerca de 3 mil niños muertos en los pensionados. Se estima que se podría llegar a las 6 mil muertes. Sin embargo, los últimos hallazgos de mayo y junio 2021 antes referidos dejan entrever que el número de víctimas podría ser muchísimo más elevado aún.
Ahora bien, aunque pueden parecer generosas a primera vista por muchos, las compensaciones ofrecidas por el gobierno de Canadá en 2007, no lo son tanto desde una perspectiva jurídica, incluso hasta muy baja ante la gravedad de los hechos, de la práctica sistemática desvelada y los tipos de casos.
En efecto, al determinar la responsabilidad del estado de Honduras por haber tolerado una práctica sistemática de desapariciones forzadas de personas en su territorio, con un saldo de 155 víctimas en la década de 1980, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, determinó en 1989 como indemnización, a la familia del primer caso que fue juzgado, una suma equivalente a 700 mil dólares por la desaparición del estudiante Manfredo Velásquez Rodríguez. Este caso es el hito histórico de la jurisprudencia de la Corte IDH en esta materia.
También este plan de indemnización deja sin solución los reclamos fundamentales de los pueblos indígenas de investigación a fondo del genocidio llevado a cabo por los sucesivos gobiernos canadienses, del establecimiento de responsabilidades, de justicia y debido castigo. Así como numerosas otras reivindicaciones colectivas de las comunidades indígenas afectadas, recogidas en las 94 recomendaciones de la Comisión de Verdad y Reconciliación de 2015.
¿Hacia una investigación judicial y el establecimiento de la responsabilidad estatal de Canadá y de las iglesias involucradas?
“Si queremos hablar de reconciliación”, según el Jefe Perry Bellegarde de la Asamblea de Primeras Naciones, “tiene que haber una verdadera acción a la par de las disculpas”.
La Iglesia Católica tendrá que asumir claramente su responsabilidad. También de nuevo las iglesias protestantes canadienses, anglicana, Unida y Presbiteriana.
Ahora bien, la responsabilidad de Canadá como estado es irrefutable y primordial ya que este sistema de escuelas residenciales fue el fruto de decisiones políticas del gobierno central durante más de un siglo, por ser de su jurisdicción exclusivo los “asuntos indígenas”. Y fue fruto de una política de genocidio cultural y de etnocidio vía la asimilación forzosa de los pueblos indígenas que se decidió y articuló cuando se formó la confederación canadiense en 1867.
No se debe nunca olvidar que estas políticas se implementaron por la fuerza, iniciándose en muchos casos por el rapto o secuestro de los niños y de las niñas en sus comunidades por fuerzas militares o policiales o por agentes especiales y grupos de civiles irregulares para internarlos.
La aplicación de esta nefasta política fue violenta durante todo el largo periodo de su implementación, para lograr la integración de los niños en el sistema contra sus voluntades o la de sus padres. Era obligación de las comunidades indígenas y de los padres entregar sus niños y niñas a las autoridades con la amenaza del encarcelamiento en caso de oponerse a la ley.
Y es altamente improbable que durante más de un siglo no se supo nada sobre las desapariciones de los niños o que muchos de ellos caían muertos sin avisar jamás sus familias y sus comunidades de las razones de la muerte o de la desaparición.
Tampoco se puede entender que las autoridades, otra vez a todos los niveles del estado canadiense, pero en particular los ministros federales de los asuntos indígenas ignoraban todo lo que estaba ocurriendo el trato de los niños y las niñas en estas escuelas residenciales o que no supieran nada cuando los crueles abusos eran cotidianos, masivos y sistemáticos.
Fue, en definitiva, racismo sofisticado en su máxima expresión. Más allá de la verdad ya conocida y los esfuerzos de memoria en curso, llegó la hora de una investigación criminal para establecer con precisión el número y alcance de las muertes y desapariciones ocurridas, con inhumaciones e investigaciones de antropología forense parala identificación de los restos de las víctimas y su debida devolución a sus familias y comunidades.
También llegó la hora, donde sea todavía posible, la largamente esperada y no menos necesaria identificación de los autores y su debido castigo. Ya llegó el momento de establecer la verdad y las responsabilidades con toda claridad.
Para garantizar que se cumple la justicia y que haya una verdadera rendición de cuentas tanto para todas las niñas y todos los niños desaparecidos como para las Primeras Naciones, los Métis y los Inuit, Canadá deberá poner fin a sus múltiples actividades judiciales y administrativas de resistencia y emprender más bien las acciones necesarias y concretas sin demora para la verdad y la justicia. Si no, tendrá que enfrentar un juicio por genocidio y crímenes de lesa humanidad ante la Corte penal internacional.
Lo han dicho recién públicamente jefes indígenas durante manifestaciones de protesta, en reacción a las declaraciones del primer ministro Trudeau: “…Ya pasó el tiempo de las palabras bien intencionadas…”