Es aprehendida jefa de la dictadura Jeanine Áñez por golpista
kaosenlared.net
El ministro de Justicia del Gobierno democrático, Iván Lima Magne, indicó que el Ejecutivo respeta la independencia de la Fiscalía y el Poder Judicial, pero comentó la orden de aprehensión en contra de la expresidente Jeanine Áñez, y explicó que para el Gobierno la acusación es a la exsenadora, y no contra la expresidenta, por lo cual no está protegida por el juicio de responsabilidades.
El ministro de Justicia, opinó que “el caso que se abrió por denuncia de la exdiputada Lidya Patti en contra de los partícipes de lo que fue en criterio del Gobierno un golpe de Estado, tiene dos componentes: primero, el momento histórico de la asunción al mando como presidenta de facto de Jeanine Áñez. A partir de ahí, cuando ella recibe la banda y la medalla presidencial debe seguirse un juicio de responsabilidades”.
Por otro lado, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó sobre la captura de tres exautoridades golpistas del país, quienes son investigadas por los delitos de sedición, conspiración y otros.
La expresidenta de la dictadura Jeanine Áñez fue aprehendida este sábado 13 de marzo en la madrugada en Beni para y fue trasladada a La Paz.
“Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía”, dijo el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.
Los principales acusados en este proceso son el entonces cívico cruceño Luis Fernando Camacho, ahora virtual gobernador de Santa Cruz, y su padre. Incluso Camacho reveló que su progenitor “cerró” con militares y policías para que no defiendan al Gobierno democrático.
También hay órdenes de aprehensión para los excomandantes militares Williams Kaliman y Sergio Orellana, y el excomandante policial Yuri Calderón. El viernes 12 de marzo fue enviado a la cárcel, por seis meses, Flavio Arce, exjefe del Estado Mayor.
El Gobierno democrático presenta 4 acusaciones contra la golpista Áñez y su gabinete
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, comunicó este 15 de marzo que el Gobierno democrático presentó cuatro proposiciones acusatorias para juicios de responsabilidades contra la excabecilla de la dictadura Jeanine Áñez y sus exministros. Ahora se espera que la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Legislativa cursen los procesos.
Las cuatro proposiciones acusatorias contra los golpistas corresponden a los casos del préstamo irregular de $us 346,7 millones del Fondo Monetario Internacional; prórroga ilegal de concesión de Fundaempresa; vulneración de derechos humanos de los bolivianos residentes en Chile; y restricciones durante la pandemia.
“La Asamblea Legislativa tendrá que definir si corresponde o no continuar con los juicios y esa decisión se debe realizar por 2/3 de votos. Si la Asamblea no la aprueba por 2/3 de votos, los casos podrían archivarse y podrían quedar sin justicia para el pueblo boliviano y las víctimas”, indicó el titular de Justicia del Gobierno.
Mientras tanto, Áñez y dos de sus exministros (Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán) fueron enviados a distintas cárceles de la ciudad de La Paz en calidad de detenidos preventivos por cuatro meses.
En este caso las tres exautoridades están imputadas por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración por su participación en el golpe de Estado de 2019.
Justicia promisoria
La Fiscalía de Bolivia ha comenzado un proceso jurídico para restablecer el orden constitucional resquebrajado por el Golpe de Estado de noviembre de 2019, por el que fue destituido y perseguido el ex presidente Evo Morales y muchos de los funcionarios que conformaban el gobierno plurinacional.
El esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad cometidos contra el pueblo boliviano por los golpistas encabezados por Jeanine Áñez y los ex ministros Arturo Murillo, Yerko Núñez, Álvaro Coímbra, Fernando López, Rodrigo Guzmán, así como por Williams Kaliman ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, entre otros personajes políticos, religiosos y militares-policías subvencionados por el imperialismo estadounidense, puede marcar el rumbo de un nuevo orden de justicia que se va avizorando en Nuestra América, más ahora, que el ex presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva ha librado los procesos jurídicos amañados que intentaron inculparlo de corrupción y desacreditarlo como oponente político del neofascista Jair Bolsonaro.
Sobre Áñez y demás golpistas pesan al menos 36 asesinatos por la represión ejercida contra el pueblo que luchó para frenar el avance golpista, unos 800 heridos y 1,500 presos políticos ilegalmente detenidos, además de crímenes cometidos por el saqueo a la economía, recursos naturales, agresiones a la democracia y contra el carácter plurinacional del Estado boliviano con los actos vergonzosos de racismo y neofascismo que instauraron en Bolivia una situación de indefensión que al final fue revertida por la voluntad popular manifestada en la elecciones presidenciales de octubre pasado en las que el poder del pueblo restauró el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) ahora con Luis Arce a la cabeza.
Las acusaciones contra Áñez promovidas por la ex diputada del MAS Lidia Patty, son por delitos de terrorismo, sedición, conspiración y otros que resulten del proceso jurídico, un antecedente que debe servir de ejemplo para los países latinoamericanos como México, cuyos ex presidentes cometieron todo tipo de delitos de lesa humanidad y que hasta ahora no enfrentan proceso alguno para pagar por sus actos, es claro que no se necesitan consultas sino acciones concretas para establecer la justicia.
Fiel al cinismo y tras ser detenida, Áñez publicó en sus redes sociales que: “Como exmandataria tengo una situación particular, pero así es el abuso, así es el atropello. Esta aprehensión es abusiva, abusiva”, así tal cual se lee, la golpista culpable de asesinatos y otras violaciones a los derechos humanos ahora pide se respete la ley, una actitud recurrente entre los sectores ultraconservadores cuando ven perdida su fuerza y tienen que hacer frente a los reclamos del pueblo, la golpista también dejando más clara la participación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea en el golpe de 2019, ha solicitado a estos organismos su intervención, iniciando una desesperada campaña mediática para acusar al gobierno constitucional boliviano de dictadura y demás absurdos, nuevamente, puede establecerse un paralelo con lo que acontece en países como México, en donde los sectores ultraconservadores mantienen una feroz campaña para denostar cualquier acto del gobierno federal, sin importar los incontables crímenes cometidos por ellos cuando gobernaron.
Esperamos que el actual proceso contra los golpistas bolivianos resarza en lo posible la esperanza de los pueblos latinoamericanos puesta en la justicia venidera para el fin de tanta inmundicia.
ONU ratifica que fue golpe de Estado y no «sucesión constitucional»
El abogado y exrepresentante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, dijo este sábado 13 de marzo que en Bolivia hubo un golpe de Estado y no una «sucesión constituciona» el 2019, debido, en términos formales, a una falsa denuncia de fraude electoral que precipitó la dimisión forzada del entonces presidente Evo Morales.
“Obviamente, fue un golpe de Estado (…) No hubo una sucesión constitucional porque no podía ser autoridad presidencial la segunda secretaria de la Cámara de Senadores, de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, no hay ahí el punto de partida, no tienen fundamento constitucional. No se podía, la Constitución no prevé esa posibilidad”, abundó Denis Racicot.
Según el exfuncionario de la ONU, la, en ese momento, senadora Jeanine Áñez se autoproclamó como presidente en una Asamblea Legislativa Plurinacional “desierta”, y recordó que incluso la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, fue presionada para que renuncira a su puesto y poner así al país frente a un “verdadero golpe de Estado”.
Por si quedara alguna duda, la banda presidencial fue entregada a Áñez por el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Racicot dijo que el golpe de Estado tuvo dos masacres en las zonas de Senkata de El Alto y Huayllani de Cochabamba.
“Áñez, en sus primeras declaraciones públicas, cuando apareció el primer día de su presidencia de facto, se expresó a los policías que estaban frente a ella y frente al Palacio de Gobierno, y dijo que a partir de ese momento iban a tener todas las armas y todas las balas que quieren y necesitan para el orden público, lo que de hecho era una declaración inicial de una persecución estatal política y generalizada”, indicó el abogado.