Si los gobernantes y gobernados hicieran cumplir las leyes en Bolivia, el referéndum convocado por las oligarquías cruceñas ya habría sido suspendido

Pero en un país en el que el ascenso de los sectores populares reconfigura el Estado, los grupos que desde la fundación del país detentaron el control de la política se niegan a dejar el poder. El próximo 4 de mayo, la lucha de clases en Bolivia tendrá un decisivo episodio que marcará el futuro mismo de la república.

La Prefectura cruceña, controlada por grupos que responden a la oligarquía de esa región, convocó a un referéndum para aprobar un estatuto que declara la autonomía de ese departamento.

Redactado con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo del gobierno de Estados Unidos (USAID), con el documento la oligarquía regional intenta recuperar para sí el control de los recursos naturales.

Uno de sus impulsores, el presidente del Comité Cívico Branco Marinkovic, es acusado de apropiación ilegal de miles de hectáreas de tierras, mientras que otros sectores que los respaldan, como los ganaderos, tienen sobre sí denuncias de haber sometido a la esclavitud a quienes trabajan para ellos.

El referéndum fue convocado después que la Asamblea Constituyente aprobara una nueva Constitución que limita el latifundio y que devuelve al Estado el control de los recursos naturales. La Constitución no fue sometida a consulta popular debido a las indecisiones del gobierno de Evo Morales.

Para asegurarse el éxito del referéndum, con el apoyo de miembros de la Corte Electoral, articuló un proceso electoral que es considerado por el gobierno y analistas como ilegal y como tal no logró que ningún gobierno ni institución haga las veces de veedores.

Aún así, grupos de choque que responden a órdenes del Comité Cívico se encargaron de socializar su proyecto de estatuto, al que sus propios impulsores ven como el primer paso para separar esa región de Bolivia.

A poco más de una semana antes de ese referéndum, el gobierno se limitó a realizar contactos internacionales que le quitan legitimidad a lo que llama simple encuesta, aunque movimientos sociales estudian la posibilidad de incluso trasladarse a esa región para impedir la realización de la consulta.

De hecho, fueron los dirigentes de sectores sociales quienes impusieron denuncias penales contra los impulsores de la consulta y hasta ahora no se conoce ninguna acción concreta del gobierno.

Parlamentarios que responden a los intereses de la oligarquía anticiparon una jornada violenta para el 4 de mayo, razón por la que se adelantaron incluso a gestionar una misión humanitaria para la región.

Bolivia denuncia ante OEA conspiración en contra del gobierno constitucional
El ministro de Relaciones Exteriores y Cultos de Bolivia, David Choquehuanca, dijo que la valoración realizada por el Secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Dante Caputo, es plenamente compartido por su Gobierno porque se está buscando arrebatar una conquista democrática al pueblo boliviano.

«Es una conquista democrática pacífica del poder, y debo subrayar este hecho, porque lo que está sucediendo en Bolivia es una verdadera conspiración contra ese poder democráticamente conquistado, porque en Bolivia está en juego la constitucionalidad y legalidad de ese poder democrático conquistado y constituido», aseguró el Canciller boliviano.

Choquehuanca destacó el trabajo profesional e imparcial presentado por el Secretario de Asuntos Políticos de la OEA en su país y aseguró que su Gobierno coincide con las conclusiones entregadas ante esa organización hemisférica.

Manifestó que el informe señala que en Bolivia están dadas las condiciones para la negociación, decisión que la ratificó porque la población boliviana y su Gobierno no quieren enfrentamientos, rechazan la violencia y apuestan por el camino del diálogo.

También dijo que comparten con el informe de que en su país existen razones de conveniencia política que bloquean las condiciones abiertas a la negociación. «Esto también es cierto», sentenció Choquehuanca, respecto de que desde que Evo Morales juró como Presidente de la República pequeños grupos de poder nunca estuvieron de acuerdo «que un indio los gobierne».

«El embajador Caputo ha señalado que este bloqueo y que el actual ambiente de tensión pueden convertirse en enfrentamientos y en violencia, y una vez más eso es verdad, de realizarse la consulta sobre el estatuto autonómico el 4 de mayo se corre un verdadero riesgo de enfrentamientos entre cruceños, entre bolivianos y entre hermanos», lamentó Choquehuanca.

El Ministro de Relaciones Exteriores y Cultos aseguró que el presidente Morales Ayma está de acuerdo con las autonomías, porque responde a una demanda histórica de los pueblos indígenas, pero que esas autonomías deben ser implementadas con un respaldo legal que garantice la unidad del país.

«Del mismo modo valoramos y agradecemos las expresiones de apoyo a la institucionalidad democrática de Bolivia expresada por todos ustedes (OEA), luego de escuchar el informe del Secretario de Asuntos Políticos embajador, Dante Caputo», manifestó el Canciller de Bolivia.