En este trabajo argumento que con la llegada del Movimiento Al Socialismo al gobierno boliviano se frenó la agenda neoliberal, en tanto modelo sociopolítico impulsado desde 1985 por los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a través de los gobiernos de turno.

Sin embargo, esto sucedió en la medida en que el neoliberalismo se mostró altamente incompatible con las formas populares –y en gran medida autónomas– de organización de la vida social en el país, las cuales mostrarían su fuerza en el ciclo de insurgencia popular que se inició el año 2000.

En este sentido, lo que poco a poco hizo el MAS fue producir y gestionar una nueva síntesis social que asumió varios de los objetivos del gran capital que el neoliberalismo quiso impulsar previamente sin éxito.

Para lograrlo, el nuevo gobierno fue asumiendo una retórica, ciertas prácticas y una estética –que fueron apropiadas de los mismos sectores populares de los cuales en algún momento el MAS y su líderes hicieron parte– diametralmente distintas a las neoliberales, pero que permitieron allanar el camino al despliegue del capital en ámbitos sociales que otrora eran profundamente reactivos a las relaciones centradas en el valor de cambio.

A continuación se muestran las dificultades que el neoliberalismo tuvo para imponerse como un modelo sociopolítico en Bolivia, para luego dar cuenta de la manera en que el gobierno del MAS logró impulsar los objetivos capitalistas desde una dinámica sociopolítica totalmente distinta a la neoliberal anterior, para finalmente plantear algunas reflexiones en torno a esta forma presente de la política boliviana.

Lo que el neoliberalismo no pudo…
Desde la implementación del famoso Decreto Supremo 21060, símbolo de la política neoliberal boliviana, hasta los años de rebelión popular (2000-2005), pasaron casi quince años, en los cuales se flexibilizaron las condiciones laborales, se privatizaron las empresas nacionales, se desregularon los mercados; en fin, se puso en funcionamiento todo ese paquete de medidas derivadas del “Consenso de Washington”, que intentaban apuntalar una economía de mercado y reorganizar la institucionalidad estatal con ese objetivo.

Era el momento de la embestida del gran capital. Bolivia no fue una excepción en la implementación de la receta de libre mercado promovida por los organismos financieros internacionales; y durante varios años pareció que ese modelo se consolidaría (Fernández 2004; Kohl y Farthing 2007).

Sin embargo, en el año 2000, con la denominada “Guerra del Agua”, la propuesta neoliberal entró en una profunda crisis y se inició un ciclo de luchas populares que contendrían su avance.

En ese momento se hizo evidente que la consolidación neoliberal en términos macro; es decir, como la estructuración de un mando político que trata de organizar la vida social del país en torno al mercado, había sucedido en paralelo a una reorganización de fuerzas populares que se fueron estableciendo como antagónicas al nuevo modelo.

Vale la pena pensar la reorganización de estas fuerzas sociales a partir de dos dimensiones: primero, aquella que es muy evidente en una sociedad altamente abigarrada como la boliviana, donde la estructuración objetiva y subjetiva de la reproducción de la vida social no se sostiene plenamente –y en muchos casos, ni siquiera principalmente– en torno a una racionalidad de la modernidad capitalista.

Durante los primeros quince años del neoliberalismo, se fueron articulando, re-articulando, y, primordialmente, potenciando, desde un ethos particular, entramados comunitarios altamente reactivos a la propuesta neoliberal.

La segunda dimensión –que se complementa con la primera– es aquella que plantea Verónica Gago: el “neoliberalismo desde abajo”, i.e. aquellas condiciones que el propio neoliberalismo, por su lógica y dinámica pero sin ser su objetivo, habilita y desde donde empieza a operar una “poderosa economía popular que mixtura saberes comunitarios autogestivos e intimidad con el saber-hacer en la crisis como tecnología de una autoempresarialidad de masas” (Gago 2014: 12).

Es decir, si bien los entramados comunitarios urbanos y rurales en Bolivia tienen una larga y potente tradición organizativa más allá del propio neoliberalismo, la puesta en escena de este modelo habilitó ciertos cauces de acción que, a nombre del libre mercado, inmediatamente fueron apropiados por esos entramados, para potenciarse en su hacer y en sus diversas formas de lucha.

Todo ese potenciamiento popular se fue estableciendo en contradicción con la nueva política económica centrada en el mercado, pero también se hizo evidente su incompatibilidad con el “neoliberalismo desde arriba”.

La política neoliberal que representa no sólo una lógica, sino también una narrativa, sostenida en el individualismo, en el intento de valorización de todo medio de reproducción de la vida, en la defensa del capital transnacional, etc.; se fue enfrentando, cada vez más, a una política gestada desde abajo, la cual pone en el centro de su hacer la producción de valores de uso, que a su vez sólo es posible gracias al cultivo y cuidado de relaciones colectivas centradas en la reproducción de la vida; léase, por ejemplo, la gestión comunitaria de sistemas de agua en las ciudad de Cochabamba que se intentó expropiar y poner a disposición del capital transnacional, lo que generó una de las movilizaciones más emblemáticas en el mundo contra este modelo de economía de mercado.

Así pues, durante quince años de neoliberalismo no sólo se potenció una fuerza popular para resistir al embate de este modelo, sino que, a partir de esa profunda incompatibilidad entre formas liberales y comunitarias de organización de la vida social y política, se establecieron las bases materiales y simbólicas que permitieron relanzar y desplegar un horizonte comunitario-popular, desde donde se lucharía por la reapropiación colectiva de la riqueza social (Gutiérrez 2015: 32).

Como dice Gutiérrez: “En Bolivia […] miles y miles de hombre y mujeres protagonizaron, entre 2000 y 2005, una oleada de movilizaciones y levantamientos que quebraron la hasta entonces hegemónica trayectoria neoliberal de reorganización de la vida y la producción, estableciendo un enérgico límite a la continuación del despliegue de dicho itinerario” (Gutiérrez 2009: 23).

Durante esos seis años, fueron múltiples los levantamientos y movilizaciones que contuvieron y deformaron el avance neoliberal; desde la Guerra del Agua (2000), hasta la caída de Carlos Mesa (2005), pasando por la Guerra del Gas (2003) y otras rebeliones de gran magnitud. Empero, cuando el MAS llegó al gobierno los términos desde donde se había establecido la lucha cambiaron y aparentemente todo se volvió más ambiguo. (Gutiérrez 2009; Salazar 2015).

… El MAS lo está logrando
Si entendemos que el neoliberalismo, como forma de organizar la vida en una sociedad, es un medio para maximizar la acumulación ampliada del capital y no un fin en sí mismo; el capitalismo, en tanto lógica, ha demostrado ser profundamente flexible y poco dogmático –en contraposición a gran parte de la intelectualidad que lo defiende– si ese medio no cumple su función.

En este sentido, el capitalismo suele relanzarse pragmáticamente en torno al fin de la acumulación ampliada y desmedida de valor de cambio. Lo que también hemos visto es que la forma estatal de la política suele acompañar y, en muchos casos, gestionar esos lanzamientos y relanzamientos que hace el capital de sí mismo. Veamos cómo esto operó en el gobierno de Morales.

El año 2003 y como consecuencia del gran levantamiento popular que posteriormente se conocería como la “Guerra del Gas” y que resultaría en el derrocamiento del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada –presidente símbolo del neoliberalismo–, las múltiples voces en torno a la movilización popular establecerían lo que se denominaría la “Agenda de Octubre”.

Esta agenda propugnaba la reapropiación de los hidrocarburos y la refundación del país, además de varios otros temas, muchos de ellos relacionados con la producción de una serie de vetos al estado y el despliegue de formas comunitarias de vida, concebidas desde la autonomía política (autonomías, territorios indígenas, etc.).

Esa agenda, que se asumió como bandera de reivindicación y eje articulador de la lucha, impediría reestablecer el neoliberalismo como horizonte estatal viable para cualquier gobierno posterior –Carlos Mesa lo intentó de manera moderada, sin embargo su gobierno se vería prontamente interrumpido por la movilización popular–.

Por este motivo, cuando Evo Morales accedió a la presidencia, era simplemente impensable la reivindicación de cualquier deriva neoliberal.

Durante los primeros años del gobierno del MAS, las distintas organizaciones comunitarias del país trataron de imponer una serie de límites a la forma estatal de la política y a sus determinantes productoras de jerarquías y dominación.

Quizá el esfuerzo más evidente en este sentido fue el que se desplegó antes y durante la Asamblea Constituyente, realizada entre los años 2006 y 2007. Aquellos esfuerzos venidos desde abajo tenían como objetivo plasmar horizontes de lucha propios y en muchos casos no estadocéntricos, aunque esto pudiese implicar poner en riesgo la estabilidad del gobierno.

Es decir, los sectores populares en lucha, concibieron al gobierno de Morales como medio necesario pero descartable –de ser el caso– para alcanzar sus propios horizontes: el fin no era la estabilidad del gobierno, ni conceder a éste todos los privilegios y prerrogativas sobre la posibilidad de plasmar esos horizontes (Salazar 2015).

Sin embargo, a medida que el MAS se fue estableciendo en la institucionalidad estatal, si bien en un inicio se vio obligado por la presión popular a asimilar varias de las reivindicaciones de las distintas organizaciones populares, desde la propia convocatoria a la Asamblea Constituyente –en la que el MAS renunció a la posibilidad de que esta instancia no esté regida por la democracia liberal–, el partido de gobierno fue asumiendo como interés primordial su consolidación en la estructura de poder estatal, aunque esto pudiese implicar alejarse tendencialmente de los intereses de los sectores populares.

Si se revisan los pormenores que se suscitaron en torno al gobierno boliviano en los primeros años de gobierno del MAS, se produjeron profundas contradicciones y tensiones entre gobernantes y sectores populares, tal como sucedió, como un ejemplo entre muchos más, cuando el gobierno resignó cualquier posibilidad de una Reforma Agraria y constitucionalizó el latifundio en el marco de una negociación post-constituyente con la derecha oligárquica del país.

Así pues, para consolidar el poder estatal, el gobierno de Morales estableció las alianzas necesarias con los viejos y nuevos sectores dominantes interesados en reconstituir un orden de dominación estable pero en torno a sus intereses.

Es así que poco a poco el gobierno asumió como propios los horizontes de las grandes transnacionales mineras e hidrocarburíferas, los de la rancia oligarquía terrateniente y los de otras burguesías que fueron asumiendo cada vez más fuerza, como la minera o la cocalera (CEDLA 2009; Díaz 2012; Fernández 2012; Salazar 2015).

Pero el MAS no reconstituyó el estado neoliberal, era impensable dada la correlación de fuerzas existente en ese momento. Lo que hizo fue impulsar –y mostrarse indispensable para este fin– una nueva síntesis social centrada en un estado fuerte y con gran capacidad de incidencia en la economía nacional y que, además, fuese capaz de promover los distintos objetivos de las clases dominantes pero esta vez no desde la implementación de un patrón de libre mercado, sino a través de una amplia mediación estatal y de una gestión directa de buena parte de esos intereses, utilizando para ello una narrativa y una estética producida por los movimientos sociales pero apropiada por el gobierno y traducida a una gramática estatal que permitió legitimar aquellos intereses dominantes.

Buena parte de esta apropiación de discursos de lucha está sustentada en la equiparación semántica entre “desarrollo capitalista” y “vivir bien”. El gobierno insiste en que aquellos componentes del desarrollo capitalista, como el extractivismo o la construcción de grandes proyectos de infraestructura para el flujo de mercancías y capital global, es una condición deseable y necesaria para impulsar un proyecto comunitario como el “vivir bien”.

Un ejemplo de ello fue la retórica de la “Nacionalización” de los hidrocarburos producida por el gobierno, reivindicación histórica del pueblo boliviano reafirmada en la Agenda de Octubre, aunque esa nacionalización del MAS no hizo más que beneficiar al gran capital transnacional (Fernández 2012).

Esas narrativas y prácticas, sumadas a un acentuamiento del ejercicio represivo del gobierno contra las organizaciones populares que defendían sus horizontes de lucha, permitieron neutralizar la fuerza social –cosa que el neoliberalismo no había logrado– y desplegar una política estatal óptima, dadas las condiciones bolivianas, para el gran capital.

Del neoliberalismo a la forma grotesca de la política
La nueva dinámica estatal que se configuró en torno al MAS no sólo es una que promueve la expansión del capitalismo en el país, sino que lo hace desde un lugar muy particular.

A diferencia del neoliberalismo de las décadas pasadas, que buscaba amplificar la capacidad de acumulación ampliada de valor a partir de una serie de principios y lógicas de libre mercado, pero profundamente incompatibles con las abigarradas estructuras sociales bolivianas –además de haber sido torpemente implementadas–, el nuevo gobierno ha logrado producir una forma política de ejercicio del poder que permite que el capitalismo permeé efectivamente distintos niveles de la vida social boliviana –como las tramas comunitarias–, de una manera en que ni el neoliberalismo ni los anteriores “modelos de desarrollo” lo habían logrado.

En síntesis, lo que el gobierno del MAS promueve no es un modelo neoliberal clásico, sino, más bien, un modelo de capitalismo de Estado que tiene la particularidad de asumir como objetivo la producción de condiciones para la expansión del capital de una manera que el neoliberalismo no pudo hacerlo.

Esto ha sido posible gracias a una estrategia estatal de desactivación de las luchas a partir de una retórica y una trama simbólica que, podríamos decir, estatizó las reivindicaciones populares y las neutralizó bajo el manto de la política pública, a lo que se suma la puesta en escena de una política paternalista sostenida en subvenciones, pero siempre desde lenguajes similares a los que anteriormente permitieron la construcción de sentido subversivo en torno a los horizontes de deseo de distintos sectores populares.

Es a esto a lo que denomino como forma grotesca de la política. En términos conceptuales, lo grotesco es recuperado por Armando Bartra del trabajo de Bajtin para hacer referencia a una estrategia del pueblo llano para subvertir la dominación “mediante la apropiación paródica de los usos, instituciones, símbolos y valores del orden dominantes” (Bartra 2011).

En Bolivia vivimos lo grotesco invertido, un grotesco como estrategia estatal de apropiación de discursos y símbolos populares para reconstituir un orden hegemónico y legitimado de la dominación, en torno a la expansión de las relaciones capitalistas.

La prioridad del MAS no es reproducir los discursos y la lógica neoliberal tal como la conocimos antes, su preocupación está puesta en conservar y profundizar su poder a partir de una política que consolide sus alianzas con las clases dominantes para estabilizarse en el gobierno, y si para esto tiene que tener un discurso marxista, indigenista o friedmaniano, da lo mismo.